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Caso Apagón: Fiscalía y Policía ejecutan nuevos allanamientos en Pichincha, Guayas y Tungurahua

Caso Apagón: Fiscalía y Policía ejecutan nuevos allanamientos en Pichincha, Guayas y Tungurahua

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta desde la madrugada de este viernes nuevos allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua, dentro de la investigación conocida como “Caso Apagón”, que indaga un presunto delito de peculado relacionado con la contratación de proyectos de generación eléctrica.

Las diligencias forman parte de la investigación previa por posibles irregularidades en los contratos de generación térmica suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Progen Industries LLC, acuerdos vinculados a la instalación de centrales termoeléctricas en el país, principalmente en Quevedo y El Salitral.

Según las autoridades, estos procedimientos se realizaron tres semanas después de los últimos operativos ejecutados el 14 de enero en Guayaquil, y buscan recopilar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que permitan esclarecer las condiciones en las que se firmaron los contratos, suscritos en agosto de 2024.

Durante ese periodo, Fabián Calero se desempeñaba como gerente subrogante y representante legal de Celec EP. Posteriormente fue designado viceministro de Energía, cargo al que renunció días antes de la aprobación de un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado.

La investigación se remonta a julio de 2025, cuando la Fiscalía realizó los primeros 17 allanamientos, incluyendo el domicilio del exgerente subrogante de Celec EP. En agosto de ese mismo año se efectuaron otros 11 operativos en inmuebles ubicados en las provincias de Guayas y Pichincha, que incluyeron propiedades vinculadas a exautoridades del sector eléctrico.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre nuevas detenciones, mientras continúan las diligencias para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales dentro del proceso.

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