El juez Marco Vinicio Rodríguez solicitó formalmente la emisión de la notificación roja de Interpol para capturar a los máximos ejecutivos de Progen. Solo dos implicados recibieron arresto domiciliario y medidas alternativas por razones de salud y discapacidad.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Vinicio Rodríguez, dictó prisión preventiva contra 19 de los 21 investigados dentro del denominado caso Apagón. La resolución judicial ordena el traslado inmediato del exministro de Energía, Antonio Goncalves, y del exgerente de Celec, Fabián Calero, hacia la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.
La decisión se anunció tras una intensa audiencia de formulación de cargos que se extendió por más de cuatro horas este viernes, 22 de mayo de 2026. La Fiscalía General del Estado procesa a este grupo de exautoridades por un presunto delito de peculado en contratos de generación eléctrica de emergencia.
Alertas internacionales de captura y reclusión
El magistrado Rodríguez acogió el pedido de la Fiscalía debido al alto riesgo de fuga y la relevancia pública de los principales implicados. Además de Goncalves y Calero, la orden de prisión preventiva pesa sobre los directivos de la empresa estadounidense Progen Industries LLC, Scott Williamson y Karla Saud.
Debido a que algunos procesados se encuentran fuera del país, el juez solicitó de manera oficial la emisión de la notificación roja de la Interpol. Esta medida busca la localización y captura internacional de los representantes de la firma contratista, señalados como presuntos coautores del ilícito.
Medidas alternativas por motivos de salud y discapacidad
Dentro de la diligencia, el tribunal otorgó medidas cautelares distintas únicamente a dos de los 21 procesados en la causa. El exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, recibió la orden de arresto domiciliario tras certificar de forma legal que padece cáncer de colon, condición médica que exige asistencia hospitalaria frecuente. Orozco deberá utilizar un grillete electrónico de geolocalización.
La segunda excepción corresponde al ciudadano César Augusto Toledo Zapata. El juez Vinicio Rodríguez dispuso para Toledo la prohibición de ausentarse del país y presentaciones periódicas. La argumentación jurídica determinó que el procesado padece de discapacidad auditiva y demostró que su intervención en la mesa de contratación pública fue con voz, pero sin voto.
Contratos fallidos por más de 104 millones de dólares
La investigación penal se concentra en las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de proyectos de generación termoeléctrica para las centrales de Salitral y Quevedo durante la crisis energética de 2024. El expediente fiscal detalla que el Estado ecuatoriano desembolsó un total de USD 104,3 millones a Progen.
La Fiscalía sostiene que los contratos se entregaron omitiendo los procedimientos de la Ley de Contratación Pública y con un anticipo equivalente al 70 % del valor global. Pese al millonario egreso de fondos públicos, los equipos térmicos importados nunca entraron en funcionamiento. El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del COIP y contempla penas de entre 10 y 13 años de cárcel.
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