Los sospechosos habrían desviado fondos públicos mediante fallos judiciales irregulares vinculados a Petroecuador.
La jueza Silvana Velasco dictó prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros siete procesados por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Blindaje, acogiendo el pedido formulado por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de formulación de cargos.
La diligencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito y se extendió por varias horas, luego de que los ocho investigados fueran detenidos durante un operativo ejecutado de manera simultánea en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha.
Según la Fiscalía, la presunta estructura habría utilizado acciones judiciales para obtener aproximadamente USD 17 millones de Petroecuador, recursos que posteriormente fueron distribuidos entre 96 extrabajadores de la Refinería de Esmeraldas que habían sido desvinculados de la empresa estatal.
Las investigaciones señalan que los procesados habrían ejecutado maniobras financieras para ocultar el origen de esos recursos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó movimientos económicos considerados inusuales por alrededor de USD 7,5 millones, pese a que los involucrados reportaron al Servicio de Rentas Internas (SRI) ingresos por apenas USD 252.000.
De acuerdo con las autoridades, la organización habría movilizado entre USD 15 millones y USD 17 millones mediante empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas destinadas a dificultar el rastreo del dinero.
La Fiscalía identifica a Vicko Villacís como el presunto líder de la estructura investigada. Entre los procesados también figuran su hermano, Luis Jheovanny Reyna Tenorio; el abogado Juan Alberto Lastre Castillo; funcionarios judiciales de Atacames; una funcionaria municipal de Esmeraldas; y los jueces Jorge Bolívar Pinos Galindo y Kleber Andrés Salcedo Tomalá.
Dentro de la investigación aparece además la empresa Reypezpacific S.A., de la que Villacís es accionista mayoritario. Según las autoridades, la compañía mantendría vínculos con personas y empresas bajo investigación por presunto lavado de activos.
Durante la audiencia, los abogados defensores solicitaron que se declarara la ilegalidad de las detenciones y cuestionaron la reserva de la investigación previa, argumentando una supuesta afectación al derecho a la defensa. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la reserva fue autorizada legalmente desde diciembre de 2025 y prorrogada en mayo de este año.
Petroecuador participa en el proceso como acusador particular y víctima dentro de la causa. Según la hipótesis fiscal, la estructura habría utilizado decisiones judiciales para obtener recursos públicos de manera irregular y posteriormente introducirlos en el sistema financiero bajo una aparente fachada de legalidad.
El caso se originó tras una alerta emitida por la UAFE hace aproximadamente un año. Como parte de la investigación, la Policía Nacional ejecutó 18 allanamientos simultáneos con la participación de 200 agentes y 14 fiscales especializados.
La instrucción fiscal continuará mientras las autoridades profundizan las investigaciones sobre el presunto esquema de lavado de activos y el destino final de los recursos bajo sospecha.
El origen del caso Blindaje y el rol de Petroecuador
La Fiscalía justificó la reserva del expediente judicial debido a una autorización legal emitida en diciembre de 2025. Los investigadores prorrogaron dicha condición en mayo pasado.
La empresa pública Petroecuador actúa como acusadora particular y víctima en esta causa. La red criminal usaba acciones de protección para extraer recursos estatales.
La organización perjudicó al Estado con un cobro ilegal de aproximadamente USD 17 millones. La red distribuyó ese dinero público simulando indemnizaciones para extrabajadores petroleros.
Los jueces Jorge Pino y Kléber Salcedo dictaron la sentencia original a favor de los exempleados. La Corte Constitucional revocó el fallo y la Policía capturó a ambos magistrados.
Identidad de los ocho ciudadanos detenidos
- Vicko Alfredo Villacís Tenorio: Las autoridades identifican al alcalde de Esmeraldas como el presunto líder de la red de lavado.
- Luis Jheovanny Reyna Tenorio: El hermano del alcalde recibió presuntamente dinero en efectivo de las acciones judiciales contra Petroecuador.
- Juan Alberto Lastre Castillo: El abogado patrocinó la acción de protección de los extrabajadores contra la empresa estatal.
- Diego Geovanny Montaño Tenorio: El ciudadano laboraba como funcionario judicial en la Unidad Judicial del cantón Atacames.
- Carol Zuleyka Lemos Hurtado: La funcionaria trabajaba para el Municipio de Esmeraldas y colaboraba localmente con la organización UNICEF.
- Jonathan Geovanny Monte Baguí: El implicado se desempeñaba como colaborador en la Unidad Judicial de Atacames.
- Jorge Bolívar Pinos Galindo: El investigado ejerce como juez en Sucumbíos y operó antes como magistrado en Esmeraldas.
- Kleber Andrés Salcedo Tomalá: La Policía capturó al exjuez de Esmeraldas en la provincia de Santa Elena.
Movimientos financieros bajo sospecha de la UAFE
La Policía Nacional desplegó a 200 agentes y 14 fiscales para ejecutar 18 allanamientos simultáneos. Las incursiones ocurrieron en Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Pichincha.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó transacciones sospechosas por USD 7,5 millones. Los sospechosos declararon apenas USD 252 mil ante el SRI.
La red realizó transferencias por USD 7 millones y retiró USD 320 mil en efectivo. La organización usó además camiones blindados para mover USD 980 mil.
Supuestos nexos con agrupaciones delictivas
La red lavaba el dinero público mediante firmas exportadoras de mariscos y contratistas petroleras. El alcalde Villacís posee el 98% de las acciones de REYPEZPACIFIC S.A.
La UAFE descubrió que dicha empresa transfirió cerca de USD 900 mil a Jackson Arias. Desconocidos asesinaron a este ciudadano en Pedernales en febrero de 2023.
REYPEZPACIFIC S.A. compartía negocios con PEZYMAR EXPORT S.A.S., firma investigada por lavado de activos. Esta última compañía pertenecía a la pareja de un excabecilla de Los Lobos.
Vacío de poder en la Alcaldía de Esmeraldas
Las actividades en el Municipio de Esmeraldas registraron un evidente ausentismo de funcionarios. Un grupo de manifestantes acudió a los exteriores del cabildo para respaldar al alcalde.
La vicealcaldesa Laura Yagual no asistió a su despacho y pocos concejales acudieron a trabajar. El edil José Maffares anticipó la subrogación del cargo debido a la ausencia formal de Villacís.
La Alcaldía emitió un comunicado oficial en redes sociales para defender la honorabilidad del burgomaestre. La institución garantizó la continuidad regular de todos los servicios públicos municipales.
Posturas y críticas en el escenario político
La bancada de la Revolución Ciudadana rechazó de forma enérgica la detención de su coideario. La legisladora Paola Cabezas cuestionó la temporalidad del operativo policial ejecutado por la Fiscalía.
La asambleísta criticó que la captura ocurra justo antes de definir las candidaturas locales. Cabezas aseguró que Villacís lideraba las opciones para buscar la reelección en Esmeraldas.
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