La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) solicitó a la justicia ecuatoriana que los USD 220 millones que el Estado debe pagar a Chevron, por disposición de un tribunal arbitral internacional, sean embargados y destinados a la remediación ambiental en la Amazonía.
El pedido fue expuesto este martes, 16 de diciembre, durante una rueda de prensa realizada en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en Quito. En el acto participaron el abogado y representante de la UDAPT, Pablo Fajardo, junto a habitantes de zonas afectadas por derrames petroleros.
La reacción del colectivo se produce luego de que, el pasado 8 de diciembre, la Procuraduría General del Estado informara que un tribunal arbitral internacional ordenó a Ecuador pagar una indemnización de USD 220′806.941 a Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company. El fallo determinó que el Estado ecuatoriano violó disposiciones del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, por una presunta denegación de justicia.
Del monto total fijado, USD 180′402.691 corresponden al capital y USD 40′404.250 a intereses, mientras que aún está pendiente la cuantificación de las costas judiciales. La Procuraduría destacó que la cifra es considerablemente menor a los USD 3.350 millones que inicialmente reclamaba la petrolera.
Rechazo a la posición del Estado
Fajardo cuestionó la postura del Estado ecuatoriano y de sectores del oficialismo que han calificado como un “logro” la reducción de la indemnización. A su criterio, el laudo arbitral beneficia a Chevron en detrimento de las comunidades amazónicas afectadas por la contaminación petrolera.
El abogado recordó que sigue vigente la sentencia emitida por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que condenó a Texaco a pagar USD 9.500 millones por daños ambientales. Sostuvo que dicha resolución es ejecutable y no puede ser anulada por el tribunal de La Haya, al no tratarse de una instancia superior dentro del sistema judicial ecuatoriano.
En ese contexto, la UDAPT pidió que se disponga el embargo del monto que el Estado debe pagar a Chevron, considerando la deuda pendiente por la sentencia ambiental. También exigieron al Gobierno y a la Procuraduría que respeten la independencia judicial y se abstengan de intervenir en procesos que, según dijeron, corresponden a los afectados.
Pronunciamientos de organizaciones indígenas
Durante la comparecencia, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, exigió que se cumpla con la remediación ambiental y criticó duramente a la petrolera y a las autoridades estatales. Advirtió además que, con este antecedente, las comunidades indígenas no permitirán la ampliación de la frontera petrolera ni minera en territorios amazónicos.
En la misma línea, Mayra Piaguaje, presidenta de la nacionalidad Siekopai de Sucumbíos, rechazó la indemnización ordenada por el tribunal internacional y calificó la decisión como “indignante”, al señalar que los daños ambientales y las afectaciones a la salud de las comunidades persisten hasta la actualidad.
Más temprano este martes, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, señaló que Ecuador aún dispone de opciones legales frente al laudo arbitral del caso Chevron, aunque advirtió que una eventual anulación del fallo es posible pero técnicamente compleja.
Explicó que existe un plazo inicial para solicitar correcciones por errores de cuantificación u omisiones del tribunal, el cual vence esta semana, y posteriormente un período de tres meses para plantear una acción de anulación ante la justicia de Países Bajos.
Precisó que este recurso solo procede ante violaciones graves al procedimiento y puede derivar en una anulación parcial o total. Añadió que el Estado evalúa estas alternativas para intentar reducir el monto fijado, que aún falta definir los costos del arbitraje y que las comunidades amazónicas mantienen la opción de presentar nuevas acciones judiciales por los daños ambientales.
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