Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, negó que durante los allanamientos ejecutados en el marco del denominado caso Goleada se haya encontrado dinero en efectivo en el domicilio del burgomaestre y aseguró que el funcionario utilizaba el dispositivo electrónico de geolocalización dispuesto por la justicia al momento de su detención.
García afirmó que Alvarez ha cumplido con las medidas judiciales vigentes, entre ellas las presentaciones periódicas ante la Fiscalía, por lo que cuestionó la legalidad de la aprehensión y el desarrollo del proceso judicial.
El abogado acudió la mañana de este martes, 10 de febrero, al Complejo Judicial Norte para revisar el expediente del caso, en el que fueron detenidos el alcalde, sus dos hermanos y otras ocho personas. La audiencia de formulación de cargos se prevé para la noche de esta jornada, aunque aún no se ha confirmado la hora exacta.
Advierte que eventual solicitud de prisión preventiva sería “ilegítima”
García reiteró además que el alcalde se presentaba regularmente ante la Fiscalía dos veces por semana y mantenía activo el dispositivo electrónico de vigilancia, lo que, a su criterio, descarta cualquier riesgo de fuga.
En ese contexto, señaló que una eventual solicitud de prisión preventiva sería “ilegítima”, debido a que el funcionario ha cumplido con las disposiciones judiciales y se mantiene bajo control electrónico.
SNAI aclara protocolos sobre dispositivos electrónicos de vigilancia
A propósito, ante información difundida en medios y redes sociales sobre el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) señaló que estos equipos, una vez instalados por orden judicial, no pueden ser retirados ni manipulados por el usuario.
La institución precisó que el portador del dispositivo suscribe un acta de responsabilidad que establece su uso permanente y las obligaciones asociadas a la medida, y añadió que los equipos únicamente pueden ser retirados por personal técnico del SNAI cuando exista una disposición expresa de la autoridad competente.
Cuestionamientos al operativo y al proceso judicial
La defensa también cuestionó el operativo policial realizado en Guayaquil y el traslado de los detenidos a Quito, al considerar que el procedimiento responde a una persecución política. García sostuvo además que los montos de dinero en efectivo difundidos por la Fiscalía como parte de la evidencia incautada no fueron hallados en la vivienda del alcalde.
Asimismo, explicó que, según su interpretación del expediente, el proceso investigado guarda relación con hechos vinculados al caso denominado Triple A, y sostuvo que no existiría sustento para investigar un presunto lavado de activos mientras no se determine la existencia de un delito precedente.
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