El juez anticorrupción a cargo del denominado caso Goleada suspendió la audiencia de formulación de cargos hasta las 15:00 de este miércoles, 11 de febrero, luego de escuchar las intervenciones de todas las partes procesales. En la reinstalación de la diligencia, el magistrado dará a conocer su decisión respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General del Estado.
La audiencia fue suspendida cerca de las 10:30, tras más de nueve horas. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para 10 de los 11 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, así como el congelamiento de cuentas bancarias. Para una persona de la tercera edad, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario.
La FGE fundamentó su solicitud en la necesidad de “neutralizar riesgos procesales”, señalando la existencia de un supuesto entramado societario complejo relacionado con la comercialización de combustible que habría evadido controles institucionales y generado actos de corrupción.
Defensa del alcalde cuestiona origen de la investigación
Ramiro García, abogado defensor del alcalde de Guayaquil, sostuvo que el caso se origina en una denuncia anónima y que la principal evidencia presentada corresponde a pericias sobre conversaciones de mensajería. Según indicó, el expediente incluye “150.000 páginas de chats, de conversaciones coloquiales de quienes hacen parte de una empresa y de un negocio”.
El jurista también señaló que su defendido ha cumplido con las medidas dispuestas previamente, entre ellas la presentación periódica ante la Fiscalía, y aseguró que no existirían fundamentos suficientes para dictar prisión preventiva.
Detenciones y traslado a Quito
Las 11 personas investigadas fueron detenidas en operativos ejecutados por la Fiscalía y la Policía Nacional en Guayaquil y Samborondón, y posteriormente trasladadas a Quito para la audiencia de formulación de cargos. El juez de la causa declaró la legalidad de las detenciones mientras continúa el proceso judicial.
El caso Goleada investiga una presunta red de operaciones societarias vinculadas a la comercialización de combustible, que habría generado delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
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