La audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares involucrados en la desaparición de los cuatro de Las Malvinas, en Guayaquil, se retomará este jueves, 20 de febrero, en un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas donde se conocerá la decisión.
El recurso judicial fue interpuesto por la defensa de los 16 uniformados acusados por desaparición forzada de cuatro menores de Las Malvinas.
Desde el 31 de diciembre del 2024, los militares tienen prisión preventiva tras ser procesados por la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, quienes fueron aprehendidos por dos patrullas en la avenida 25 de Julio, el 8 de diciembre de ese año.
Previo a la audiencia que se inició este miércoles, el abogado Jesús López, quien forma parte del equipo de juristas que defiende a los 16 militares procesados por el presunto delito de desaparición forzada en el caso Las Malvinas, difundió un video que -según él- expone lo que estaban haciendo los cuatro menores asesinados, antes de ser detenidos por el grupo de uniformados.
El jurista López dijo que los militares actuaron “en presunto delito flagrante”.
Fernando Bastias, miembro del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y abogado de los familiares de los cuatro menores, insistió en que “aun así hubieran cometido algún “delito”, sigue existiendo una desaparición forzada”.
Bastias cuestionó que se intente manchar la imagen y memoria de los niños.
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 fueron reportados como desaparecidos en diciembre de 2024 y luego sus cuerpos aparecieron calcinados en una zona agreste de Taura, en Naranjal, a 39 kilómetros de Guayaquil.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los soldados subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los militares, los niños fueron trasladados hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de FAE y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió el rastro de los menores.
Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus.
Con esa diligencia, la jueza Tanya Loor declaró que hubo una “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos” y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
