La audiencia de juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil, fue declarada fallida este miércoles por el Tribunal Penal de Garantías, tras un nuevo cambio de defensa de uno de los procesados.
La diligencia había comenzado a las 13:00, de manera virtual, en la Unidad Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil, dentro del denominado caso Las Malvinas.
Los militares están acusados por la desaparición de Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad. Según la investigación, los adolescentes fueron aprehendidos por dos patrullas militares y trasladados a la parroquia Taura, en Naranjal, donde fueron vistos por última vez con vida. Sus cuerpos calcinados aparecieron el 24 de diciembre en un manglar de la zona.
Diferimiento y medidas del Tribunal
El Tribunal Penal deliberó durante 15 minutos y aceptó el pedido de diferir la audiencia por única vez, considerando que no hubo oposición de la Fiscalía ni de la acusación particular. La nueva fecha fue fijada para el 5 de noviembre de 2025, a las 09:30, y la diligencia se desarrollará de manera presencial y virtual.
El Tribunal aclaró que no se permitirá otro diferimiento y que, una vez instalada, la audiencia continuará de forma ininterrumpida hasta su conclusión. “No se va a diferir. Continuaremos todos los días hasta que termine la audiencia”, enfatizó uno de los jueces.
Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y abogado de las familias de los cuatro menores, detalló en su red social X que el Tribunal suspendió el cómputo de la caducidad de la prisión preventiva, para impedir que las defensas aleguen vencimiento de plazos y busquen la liberación de los procesados.
Con ello, los militares seguirán detenidos hasta que se resuelva su situación jurídica, conforme al artículo 541, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Fiscalía presentará 228 pruebas
La Fiscalía General del Estado informó que cuenta con 228 elementos probatorios en contra de los 17 miembros de la FAE, entre documentos, pericias y testimonios. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades en uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos registrados en el país en los últimos años.
El Tribunal hizo un llamado al profesionalismo de los abogados defensores, tras los constantes cambios de representación legal que han provocado demoras en el proceso. “Los jueces no tienen la culpa de que a dos días de la diligencia cambien de defensa”, advirtió uno de los magistrados durante la audiencia.
El caso Las Malvinas
Los militares están acusados por la desaparición de los adolescentes Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, ocurrida el 8 de diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los jóvenes fueron aprehendidos por dos patrullas militares y trasladados hasta la parroquia Taura, en el cantón Naranjal (provincia del Guayas), donde fueron vistos por última vez con vida.
Sus cuerpos calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre de 2024 en un manglar de esa misma zona, lo que provocó conmoción nacional y abrió una de las causas penales más graves contra miembros de las Fuerzas Armadas en los últimos años.
En esta causa están procesados 16 militares en calidad de autores y uno como cómplice. Los niños Saúl Arboleda, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Steven Medina, todos residentes del barrio Las Malvinas, fueron detenidos la noche del 8 de diciembre de 2024 por un grupo de militares que realizaba un operativo en el sector.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, los menores fueron trasladados desde Guayaquil hasta la parroquia Taura, en el cantón Naranjal (provincia del Guayas), donde habrían sido desnudados, torturados y posteriormente desaparecidos.
El 24 de diciembre de 2024, sus cuerpos calcinados fueron hallados en una zona rural de esa parroquia, un hecho que conmocionó al país y provocó la apertura de dos procesos penales: uno por desaparición forzada, actualmente en etapa de juzgamiento, y otro por secuestro con resultado de muerte, que sigue en investigación.
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