Fernando Bastias, miembro del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y abogado de los familiares de los cuatro menores de Las Malvinas, insistió en que “aun así hubieran cometido algún “delito”, sigue existiendo una desaparición forzada”.
El pronunciamiento de Bastias tuvo lugar luego de que el abogado Jesús López, quien forma parte del equipo de juristas que defiende a los 16 militares procesados por el presunto delito de desaparición forzada en el caso Las Malvinas, difundiera este martes un video que -según él- expone lo que estaban haciendo los cuatro menores asesinados, antes de ser detenidos por el grupo de uniformados.
El jurista López dijo que los militares actuaron “en presunto delito flagrante”. Al respecto, Bastias cuestionó que se intente manchar la imagen y memoria de los niños.
“¿Qué “delito” se observa en el “video”? ¿Por qué no hay parte o bitácora que exponga las razones de la detención o lo que pasó en la detención? Es la versión de 16 militares contra niños que sobrevivieron ese día a la detención y frente a inexistencia de documentos que respalde la posición de los militares”, manifestó el abogado defensor en su red social X.
El video que circula en redes sociales fue difundido un día antes de la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por los 16 militares y que se instaló este miércoles, según dio a conocer la Fiscalía General del Estado.
Antes, los ministerios de Defensa y del Interior pidieron que se revoque el fallo de habeas corpus en el que la jueza Tanya Loor declaró la desaparición forzada de los cuatro menores de Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar, el 8 de diciembre de 2024.
La solicitud se hizo el martes, 11 de febrero, durante la audiencia de recurso de apelación que se instaló y desarrolló en la Corte Provincial del Guayas, en el centro de Guayaquil.
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 fueron reportados como desaparecidos en diciembre de 2024 y luego sus cuerpos aparecieron calcinados en una zona agreste de Taura, en Naranjal, a 39 kilómetros de Guayaquil.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los soldados subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los militares, los niños fueron trasladados hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de FAE y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió el rastro de los menores.
Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus.
Con esa diligencia, la jueza Tanya Loor declaró que hubo una “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos” y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
