La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la noche de este domingo, 27 de abril, la segunda reconstrucción de los hechos del caso Las Malvinas, que investiga la desaparición forzada de cuatro menores de edad, el 8 de diciembre de 2024, y posteriormente asesinados.
La recreación de los hechos se llevó a cabo en la parroquia Taura, en el cantón Naranjal, con la versión del teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Juan Francisco I, procesado por su presunta implicación en el caso.
En la diligencia participaron un fiscal, policías y cuatro militares detenidos. También estuvieron presentes los abogados de las familias de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina.
La reconstrucción reveló nuevas versiones y se centró en esclarecer las circunstancias de un operativo ordenado por el teniente coronel, tres días después de la detención de los cuatro menores.
Durante el procedimiento, uno de los militares imputados, acogido a un mecanismo de cooperación eficaz, acusó directamente a un suboficial (un cabo) de lanzar de cabeza a dos de los adolescentes desde el balde de una camioneta, abriéndole la cabeza a uno de ellos.
Según su testimonio, el grupo de militares se movilizaba en dos vehículos, la camioneta identificada como «B» se detuvo en un área de servicio junto al peaje.
Allí, el suboficial habría bajado violentamente a los jóvenes, insultándolos, golpeándolos en la cabeza y el pecho, y arrojándolos nuevamente a la parte trasera del vehículo.
“El cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear”, relató el militar.
De acuerdo con las versiones, tres días después de que los cuatro menores de Las Malvinas fueron detenidos por dos patrullas militares la noche del 8 de diciembre de 2024 en la avenida 25 de Julio (sur del Puerto Principal), el teniente coronel ordenó un operativo en la zona.
Allí fueron dejados los cuatro chicos, según los 16 militares procesados.
En el lugar, luego del operativo ordenado, se encontró ropa, la cual fue entregada por el coronel al personal de la Unidad Nacional de Investigación de Desaparecidos (Unase) que seguía la investigación.
Para la diligencia, se destinaron más de 60 policías en 15 vehículos, incluyendo agentes de unidades tácticas como el UMO, GIR y Criminalística.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos (CDH) y representante de las familias, destacó que la diligencia tuvo como objetivo verificar las versiones sobre el descubrimiento de la ropa.
“Es un paso crucial para esclarecer los hechos y avanzar hacia la justicia”, afirmó a medios de prensa.
Las familias de los menores, que exigen respuestas desde diciembre de 2024, estuvieron presentes bajo estrictas medidas de seguridad.
La Fiscalía ha intensificado las diligencias antes del cierre de la instrucción fiscal, previsto para el 30 de abril.
La Unase ha trabajado en la recolección de pruebas, incluyendo el análisis de las prendas halladas.
Las familias, respaldadas por organizaciones de derechos humanos, esperan que la reconstrucción aporte claridad.
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