El juez Dennis Ugalde dictó la noche de este miércoles, 8 de octubre, el auto de llamamiento a juicio contra 17 militares, procesados por la detención ilegal y presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad, ocurrida en diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil.
El magistrado señaló: “no se ha negado que 16 militares tomaron procedimiento. Los hechos no han sido refutados por nadie”. Argumentó que existen méritos suficientes para que un tribunal de garantías penales conozca el caso en juicio oral, donde se evaluarán pruebas, testimonios y peritajes que podrían determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Ugalde destacó que ninguno de los hechos centrales fue cuestionado durante la audiencia.
Se mantiene la prisión preventiva
El juez ratificó la prisión preventiva para 16 de los imputados, procesados como autores responsables directos del delito. En el caso del teniente coronel señalado como cómplice, mantuvo la medida de presentación periódica. Además, anunció que dictará la prohibición de enajenar bienes patrimoniales de los procesados, con el objetivo de garantizar una posible reparación a las víctimas.
Según Ugalde, los elementos que sustentan la prisión preventiva no han sido desvanecidos ni atenuados y recordó que el trato que habrían recibido los menores fue “degradante, violento y vejatorio”. Testimonios en la causa señalan que los adolescentes fueron golpeados, ultrajados y dejados desnudos en un camino rural antes de desaparecer.
Ahora, será un tribunal quien determine si existe prueba suficiente para dictar una sentencia o si corresponde ratificar la presunción de inocencia de los acusados, según precisó el juez.
El caso Las Malvinas
La causa, conocida como el caso Las Malvinas, investiga la desaparición de Josué e Ismael Arroyo Bustos, Nehemías Arboleda Portocarrero y Steven Medina Lajones, de entre 11 y 15 años. Los menores fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 durante un operativo militar en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Sus restos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en un paraje rural de Taura, cantón Naranjal (provincia del Guayas).
La audiencia preparatoria de juicio se instaló finalmente el martes 7 de octubre, tras seis postergaciones. En esta etapa, el juez evaluó la validez del proceso y el sustento de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Como parte de sus resoluciones, Ugalde decidió excluir un parte policial como prueba, al señalar que los elementos válidos deben ser incorporados mediante testimonios periciales.
Con esta resolución, el expediente avanza a la etapa de juicio oral, en una de las causas más graves y simbólicas de violaciones a derechos humanos registradas en Ecuador en la última década.
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