La Fiscalía General del Estado informó este viernes, 21 de marzo, que un juez negó el pedido de sustitución de la prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, y con ello, los uniformados permanecerán detenidos.
La decisión se tomó durante la audiencia de revisión y sustitución de medidas cautelares que se realizó la mañana del viernes en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil.
Este es el segundo intento de los militares para salir de la cárcel. El primero se resolvió el pasado 20 de febrero y al igual que en esta ocasión, se rechazó el pedido para poder defenderse en libertad mientras continúa la instrucción fiscal de este caso.
“Otra instancia judicial que impone y asegura la justicia a las víctimas”, dijo en su red social X Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en Guayaquil.
Bastias detalló que los abogados de los militares, “con los mismos argumentos de todas las diligencias judiciales”, insisten en que no hay el delito de desaparición forzada.
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron reportados como desaparecidos en diciembre de 2024 y luego sus cuerpos aparecieron calcinados en una zona agreste de Taura, en Naranjal, a 39 kilómetros de Guayaquil.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los soldados subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los militares, los niños fueron trasladados hacia la zona de Taura, donde se ubica una de las principales bases de FAE y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió el rastro de los menores.
Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus.
Con esa diligencia, la jueza Tanya Loor declaró que hubo una “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos” y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
Entre los días 16 y 17 de marzo pasados se realizó la reconstrucción de los hechos del crimen contra los cuatro niños de Guayaquil con el objetivo de tener más detalles de lo que sucedió la noche del 8 de diciembre de 2024.
“Esta diligencia es importante porque reúne también los testimonios que ya han venido registrándose antes”, explicó Billy Navarrete, director del CDH, organización que defiende legalmente a las familias de las víctimas.
“Es especialmente importante porque se busca la verosimilitud de lo narrado”, agregó.
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