La Fiscalía General del Estado solicitó este martes, 7 de octubre, el auto de llamamiento a juicio en contra de los militares procesados en el caso Las Malvinas, durante la audiencia preparatoria instalada de forma telemática en Guayaquil.
El fiscal Christian Farez pidió además que se ratifique la prisión preventiva para los 16 uniformados actualmente detenidos y se mantengan las medidas cautelares contra un coronel procesado como cómplice.
El caso investiga la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, cuatro menores de edad que fueron aprehendidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y trasladados hasta Taura, en el cantón Naranjal, donde fueron víctimas de agresiones y torturas antes de ser calcinados.
Durante su exposición, Farez afirmó que los hechos y las pruebas recabadas —incluidos videos, testimonios y reconstrucciones— demuestran que los adolescentes fueron sometidos a golpes con correas, disparos intimidatorios y actos de violencia que no se enmarcan en el cumplimiento de un deber legal, sino en la intención de causar daño.
La Fiscalía acusa a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como autores directos del delito de desaparición forzada y a un coronel como cómplice. En su intervención, el fiscal enfatizó que los adolescentes pertenecían a grupos de atención prioritaria, lo que agrava la responsabilidad de los procesados.
El abogado Abraham Aguirre, del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), señaló que la acusación presentada por el Ministerio Público “consolida la teoría del caso” y permitirá demostrar en juicio la responsabilidad de los 17 militares. “Se demuestra que actuaron con plena conciencia y voluntad de causar daño a cuatro niños”, afirmó.
La diligencia continuaba en horas de la tarde, con la expectativa de que el juez decida si los procesados son llamados formalmente a juicio.
Fiscalía acusa a 16 militares como autores directos del delito de desaparición forzada
La Fiscalía General del Estado acusó este martes, 7 de octubre, a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como autores directos del delito de desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil. Además, un coronel fue señalado como cómplice dentro del mismo proceso.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se reinstaló de manera telemática durante la mañana. En su intervención, el fiscal Christian Farez presentó el dictamen acusatorio, detallando la ruta que siguieron los uniformados el 8 de diciembre de 2023, día en que los jóvenes Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron detenidos por una patrulla militar cerca de un centro comercial.
Posteriormente, los adolescentes fueron trasladados en camionetas hacia la parroquia Taura, cantón Naranjal, donde días después sus cuerpos fueron hallados calcinados.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, los menores fueron víctimas de diversas agresiones físicas durante el trayecto. Entre ellas, un golpe en la cabeza a Ismael Arroyo, de 15 años, que le habría provocado un trauma frontal, así como maltratos con correa, simulacros de disparos y hasta un “reto de boxeo” impuesto por uno de los militares.
La acusación se centra en los 16 militares como autores materiales del delito y en un coronel como cómplice. El juez deberá decidir si llama a juicio a los 17 uniformados tras concluir las intervenciones de las partes.
La Fiscalía mantiene abiertas dos líneas de investigación:
- Desaparición forzada, que avanza en la etapa preparatoria de juicio.
- Secuestro con resultado de muerte, en base a la declaración de un testigo que señaló la presunta participación de un grupo criminal bajo órdenes de un sujeto conocido como alias “Momo”.
Testimonio del padre de dos víctimas
Durante la diligencia se presentó el testimonio anticipado de Luis Eduardo Arroyo Valencia, padre de dos de los adolescentes. El hombre relató la angustiosa llamada telefónica que recibió aquella noche, en la que un testigo identificado como Luis Fernando T. M. le informó que había encontrado a los jóvenes desnudos y golpeados.
En la comunicación, Arroyo reconoció la voz de su hijo Ismael, quien le suplicó:
“Papi, ven a rescatarme, que los militares nos han golpeado y nos acusan de un presunto robo. Papi, no hicimos nada, nos subieron al carro y nos golpearon”.
Evidencias de tortura y agresiones
El fiscal detalló episodios de violencia contra los adolescentes:
- Golpes con fusiles y correas, que provocaron traumas craneales.
- Boxeo forzado entre un soldado y uno de los menores.
- Disparos intimidatorios cerca de los oídos de las víctimas.
- Desnudamiento forzado, seguido de burlas y humillaciones.
Videos obtenidos de los celulares de los militares muestran a los adolescentes sometidos, acompañados de insultos racistas y amenazas. En un grupo de WhatsApp de los implicados, se leían mensajes como: “Ojalá estos pelados se encuentren vivos”.
Restos calcinados y ocultamiento
Las pericias forenses revelaron que las osamentas calcinadas de los cuatro adolescentes fueron movidas de lugar antes de ser halladas el 24 de diciembre de 2024. Según la Fiscalía, el teniente coronel procesado habría dirigido un operativo de recuperación de prendas de vestir sin informar a las autoridades competentes.
El fiscal Farez subrayó que desde la aprehensión de los menores se incumplieron garantías establecidas en la Constitución, como el derecho a un abogado, a comunicar la detención a familiares y a no permanecer incomunicados. “Cuando las víctimas son adolescentes y niños, no tienen la calidad de detenidos, sino únicamente de aislados”, enfatizó.
El juez Ugalde declaró la validez de lo actuado, lo que despeja el camino para que se defina si los 17 procesados serán llamados a juicio. El proceso penal se complementa con una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte, tras la declaración de un testigo que vinculó a un grupo criminal con la orden de asesinar a los adolescentes.
Comité de Derechos Humanos cuestiona testimonio
La víspera, el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias de las víctimas, expresó su preocupación frente a una nueva declaración del mismo testigo, recibida en septiembre de 2025 en Quito.
En esa versión, el hombre relató que en diciembre de 2024 fue detenido durante un allanamiento militar, y que posteriormente habría sido torturado y obligado a declarar que bandas criminales estuvieron detrás de la desaparición y asesinato de los menores. Según afirmó, incluso se le habrían proporcionado nombres y alias de supuestos responsables para sostener aquella versión inicial rendida en Guayaquil.
El CDH señaló que desde un inicio había cuestionado las inconsistencias del testimonio, especialmente por contradicciones entre fechas y horarios. Ahora, con la nueva declaración, el Comité insistió en que la investigación debe avanzar de manera integral, contemplando tanto la eventual participación de personal militar como de estructuras criminales.
El organismo de derechos humanos también criticó la “extrema lentitud” en las diligencias de la Fiscalía, lo que prolonga la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de Josué, Ismael, Nehemías y Steven. Por ello, pidió que las indagaciones se conduzcan con celeridad y transparencia, atendiendo al derecho a la verdad y justicia de las víctimas.
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