La mañana de este lunes, 15 de diciembre, se reinstaló la audiencia de juicio en el denominado caso Las Malvinas, por la desaparición forzada de cuatro menores de edad en el sur de Guayaquil. La diligencia avanzó hacia su etapa decisiva, con los alegatos de clausura y los pedidos de sentencia contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Al cierre de la jornada, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Juicio que los 17 militares procesados en el caso sean declarados culpables del presunto delito de desaparición forzada. En su intervención final, el Ministerio Público requirió que las penas se impongan conforme al grado de participación de cada procesado.
Según la acusación fiscal, 16 de los militares fueron señalados como autores directos del delito, mientras que uno fue imputado en calidad de cómplice. Para los autores directos, la Fiscalía solicitó una pena de 34 años de prisión; para el presunto cómplice, siete años de cárcel; y para los cooperadores eficaces, una pena reducida de 30 meses de privación de libertad.
Del total de procesados, cinco militares —inicialmente señalados como autores— se acogieron al mecanismo de cooperación eficaz, aportando información relevante para el esclarecimiento de los hechos, lo que les permitió acceder a la reducción de la pena.
El Tribunal Penal pasó a deliberar la sentencia. El juez titular convocó de forma oral, para el 22 de diciembre de 2025 la reinstalación de la audiencia para dictar la resolución.
Fiscalía acusa a teniente coronel como cómplice
Durante la jornada, el fiscal del caso, Christian Fárez, individualizó la acusación contra el teniente coronel Juan Francisco I. M., a quien señaló como cómplice del delito. Según el Ministerio Público, el oficial habría incurrido en actos posteriores de encubrimiento, pese a conocer los hechos desde el 10 de diciembre de 2024.
La Fiscalía sostuvo que el oficial ordenó el levantamiento de prendas encontradas en Taura sin protocolos adecuados, recopiló versiones internas de los integrantes de la patrulla Tango Charlie y habría instruido la eliminación de registros audiovisuales y la omisión de información clave en los informes, como golpes, disparos y amenazas contra los menores.
Para el fiscal, estas acciones retrasaron la activación de los mecanismos de búsqueda y afectaron la posibilidad de localizar con vida a las víctimas, cuyos restos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en una zona agreste del mismo sector.
Por estos hechos, la Fiscalía solicitó para el teniente coronel una pena de siete años y cuatro meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos unificados, y una reparación simbólica de USD 10.000 para las familias.
Fiscalía solicita pena agravada para subteniente señalado como autor directo
La Fiscalía General del Estado solicitó este lunes una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión contra el subteniente John Henry Z. E., a quien señala como autor directo y principal responsable del delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad en el denominado caso Las Malvinas.
Según la acusación fiscal, el subteniente estaba al mando de la patrulla militar que interceptó a las víctimas la noche del 8 de diciembre de 2024, tras una alerta por un presunto robo en el sur de Guayaquil. La Fiscalía sostiene que el oficial condujo a los menores a una zona apartada de Taura, en el cantón Naranjal (Guayas), donde habrían sido sometidos a agresiones físicas, amenazas y tratos degradantes.
De acuerdo con el alegato del Ministerio Público, las víctimas fueron golpeadas con correas, pisoteadas, intimidadas con disparos al aire y obligadas a desnudarse, en el marco de lo que la Fiscalía calificó como un procedimiento ilegal. Posteriormente, los menores habrían sido abandonados en una zona rural de alta peligrosidad.
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidas por 16 militares. Sus restos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en un sector agreste de la misma parroquia, a unos 11 kilómetros del centro poblado.
Cooperadores eficaces y otros pedidos de pena
Durante la audiencia, el Tribunal también escuchó las intervenciones relacionadas con cinco militares que se acogieron a un mecanismo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Para ellos, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 30 meses de prisión, al considerar que sus testimonios y aportes fueron corroborados con pruebas periciales, audios, videos y análisis de comunicaciones internas.
El fiscal del caso, Christian Fárez, sostuvo que la cooperación eficaz no exime de responsabilidad penal, pero sí permite aplicar una reducción conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además de la pena privativa de libertad, solicitó una multa de 800 salarios básicos unificados y una reparación simbólica de USD 10.000 a favor de las familias.
La Fiscalía recordó que la semana anterior también pidió 34 años y ocho meses de prisión para 10 militares acusados como autores directos, así como siete años y cuatro meses para un teniente coronel, procesado en calidad de cómplice.
Defensa rechaza acusación
La defensa del subteniente John Henry Z. E. negó la imputación por desaparición forzada y argumentó que los menores habrían sido liberados con vida. Asimismo, cuestionó la credibilidad de los cooperadores eficaces y sostuvo que cualquier daño posterior correspondería a la intervención de terceros.
El Tribunal de Juicio deberá analizar los alegatos finales de las partes y valorar el conjunto de pruebas para emitir su decisión, que podría conocerse en los próximos días.
Acusación particular y defensa
La acusación particular, representada por la Defensoría Pública y los abogados de las familias, sostuvo que el oficial incurrió en una grave omisión, al no activar protocolos urgentes como la Alerta Emilia, pese a conocer que los menores estaban en riesgo inminente. Además, solicitó una reparación integral ampliada de USD 100.000.
En contraste, la defensa del teniente coronel negó cualquier participación dolosa, aseguró que su cliente actuó dentro de sus funciones de inteligencia y afirmó que no existe nexo causal entre sus actuaciones y la desaparición de los menores. También cuestionó la credibilidad de algunos testimonios presentados por la Fiscalía.
El caso Las Malvinas se mantiene como uno de los procesos judiciales más sensibles del país por la gravedad de los hechos y sus implicaciones en materia de derechos humanos y actuación de fuerzas armadas. El veredicto se espera en los próximos días.
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