El Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a 16 militares por el delito de desaparición forzada en el denominado caso Malvinas y absolvió a un oficial de alto rango, tras reinstalar la audiencia de juzgamiento la mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 en Guayaquil.
El tribunal impuso penas diferenciadas a los uniformados procesados. A los denominados operadores eficaces les dictó una condena de 30 meses de privación de libertad, mientras que al resto de sentenciados les impuso una pena de 34 años y 8 meses, al concurrir agravantes previstas en el artículo 47, numerales 5, 7 y 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, que asciende a $ 376.000, y una reparación integral que incluye el pago de $ 10.000 por cada procesado a favor de cada una de las víctimas o sus familiares.
El caso investiga la desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, adolescentes de entre 11 y 15 años de edad.
Audiencia y resolución del tribunal
La diligencia se desarrolló de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y de forma presencial en el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. El juez ponente Jovanny Suárez dirigió la audiencia junto a las juezas Smirnova Calderón y Kelttya López.
Según el tribunal, la Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de 16 militares como autores directos del delito de desaparición forzada. Sin embargo, los magistrados determinaron que no se probó la participación del teniente coronel Juan Francisco I. M., acusado como presunto cómplice.
En consecuencia, el tribunal ratificó el estado de inocencia del oficial y ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares reales y personales que pesaban en su contra. La sentencia escrita será notificada en los próximos días para que las partes puedan interponer los recursos legales correspondientes.
El juez cuestiona la negación de los hechos
Durante la lectura de la resolución, el juez Jovanny Suárez sostuvo que el proceso evidenció “coartadas fabricadas” por parte de los militares sentenciados. El magistrado cuestionó la negación total de los hechos por parte del subteniente que comandaba la patrulla, una versión que calificó como insostenible.
Suárez señaló que las pericias de geolocalización ubicaron a la patrulla en el sector de Taura durante más de una hora y que múltiples testimonios situaron al oficial dando órdenes directas, entre ellas la desnudez forzada de las víctimas. También mencionó un disparo intimidatorio realizado por el uniformado, antes de que los adolescentes quedaran abandonados en estado de indefensión.
El juez rechazó los argumentos de otros militares que afirmaron no haber visto lo ocurrido o haber actuado bajo órdenes superiores, al enfatizar que en casos de detención ilegal no aplica la obediencia debida. Añadió que las versiones de los cooperadores eficaces permitieron reconstruir “la secuencia del horror” vivida por las víctimas, que incluyó insultos racistas, agresiones físicas, correazos, desnudez forzada y la quema de parte de su ropa.
Finalmente, el magistrado cuestionó la veracidad de los partes oficiales elaborados tras los hechos y afirmó que estos intentaron sostener una “verdad falsa” para encubrir lo ocurrido.
Ministerio de Defensa expresa respeto a sentencia y a las familias de las víctimas
El Ministerio de Defensa Nacional se pronunció este lunes tras la sentencia emitida en el denominado caso Malvinas, y expresó su “profundo respeto” ante el dolor de las familias de las víctimas.
En un comunicado oficial, la institución señaló que las Fuerzas Armadas “han actuado con apego a la ley y a sus valores institucionales”. En ese marco, la cartera de Estado afirmó que desde el inicio del proceso se colaboró con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos.
El Ministerio de Defensa indicó que, una vez conocida la decisión judicial, ratifica su respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida por las autoridades competentes, en concordancia con el marco legal vigente.
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