El juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores en el caso Malvinas entró este martes en una etapa crucial, con la presentación de los últimos testimonios ante el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil.
Entre ellos, destaca la declaración de un soldado de la patrulla militar involucrada, quien aseguró que “nunca fue mi intención matarles”, una frase que ha centrado la atención de la jornada.
El Tribunal debe escuchar aún las declaraciones de un teniente coronel imputado como presunto cómplice y del propio subteniente señalado por otros militares. Estas versiones podrían definir el cierre del periodo de prueba y marcar el rumbo final del proceso judicial, que tiene a 17 uniformados en el banquillo.
Audiencia avanza con testimonios clave
La sesión número doce del proceso se reinstaló luego de haber sido suspendida la noche anterior, a falta de cuatro declaraciones pendientes.
El juicio, iniciado el 5 de noviembre, analiza audios, videos, peritajes y versiones divergentes de los propios uniformados sobre lo ocurrido la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro menores fueron detenidos en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Los adolescentes Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras ser interceptados por dos patrullas militares. Declaraciones previas indican que habrían sido abandonados heridos y sin ropa en un camino rural cercano a Taura. Sus restos aparecieron calcinados el 24 de diciembre en un manglar apartado de la misma zona.
El testimonio que concentra la atención
El soldado Christian Eduardo A. Q., el de menor rango dentro de la patrulla Tango Charlie, declaró acogido a un mecanismo de cooperación con la Fiscalía. Inició su intervención con un mensaje a los familiares de las víctimas y con una frase que marcó la audiencia: “Nunca fue mi intención matarles; yo no los aprehendí, no les golpeé, tampoco los maté”.
El militar describió una secuencia de agresiones en la que ubicó a un cabo primero y a un sargento como quienes golpearon a los menores, incluidos golpes con un palo y correazos. Asimismo, afirmó que el subteniente a cargo de la patrulla habría ordenado a los adolescentes desnudarse, pese a que uno de ellos se resistió y fue nuevamente agredido.
Según su versión, la patrulla dejó a los cuatro jóvenes desnudos, heridos, pero con vida en un punto conocido como “el árbol caído”, en las afueras de Taura.
Presiones internas y presunto encubrimiento
El testigo también aseguró haber enfrentado presiones para sostener una versión unificada dentro de la patrulla. Dijo que el subteniente les pidió negar cualquier agresión y borrar fotos o videos, mientras que un coronel y un teniente coronel habrían mencionado haber visto un video grabado por el propio subteniente, supuestamente eliminado después.
Añadió que, tras cambiar de abogado, recibió intimidaciones de otro miembro de la patrulla en el centro de detención de Latacunga, quien lo amenazó con represalias si “hablaba de más”.
El soldado afirmó que no contaba con formación en operaciones tácticas o derechos humanos y que fue enviado a Taura “sin capacitación alguna”.
“Nunca ordené encubrir”, dice teniente coronel procesado
El teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice por supuesta alteración de evidencia y modificación de la escena, expuso ante el tribunal sus actuaciones entre el 10 y el 17 de diciembre, tras recibir un video en el que se observaba a una patrulla militar deteniendo a los adolescentes.
Sus superiores le ordenaron verificar si se trataba de personal y vehículos de su unidad, lo que confirmó más tarde. El 11 de diciembre, revisó que los informes no hubieran sido modificados y notificó a su jefe de inteligencia. A las 12:30 salió con una patrulla de 20 militares y cuatro agentes de inteligencia para verificar el lugar señalado por la unidad.
El subteniente John Henry Z. E. y el suboficial Wilson Alfredo C. B., los de mayor rango en la patrulla, fueron ubicados por separado en camionetas distintas, pero ambos señalaron el mismo sitio donde habrían dejado a los adolescentes: la escena del árbol caído, en las afueras de Taura.
En el sitio, relató, encontró cenizas recientes, restos de una hoguera y prendas quemadas, que consideró evidencias relevantes y que, según él, debía recoger en ese momento. Trasladó estos elementos a la Base Aérea de Taura para su custodia.
La Fiscalía lo acusa de posible alteración de evidencia. El oficial insistió en que en ese momento no existía aún un proceso oficial de investigación y que recién después la Policía le informó que podría tratarse de un caso de secuestro y que las víctimas eran menores de edad.
El teniente coronel afirmó además que la Fiscalía tardó en activar diligencias clave, como la toma de versión del testigo Luis T., ubicado en un operativo militar el 13 de diciembre. A su criterio, si se hubiera actuado antes, la Policía habría tenido tiempo para desplegar equipos y evitar el crimen.
También relató sus acciones del 15 y 17 de diciembre, cuando equipos militares y policiales realizaron incursiones en viviendas tras alertas de que los menores estarían vivos en casas usadas por bandas para secuestros.
Negó haber participado en reuniones con generales, haber presionado a subordinados o haber ordenado fabricar versiones. Afirmó que su rol se limitó a “tareas técnicas de inteligencia, verificación y apoyo operativo”, y que desde el 12 de diciembre colaboró con la Unase.
Una alerta aduanera activó el operativo militar, dice imputado
El teniente coronel Juan Francisco I. M., oficial superior de la patrulla, también explicó que la intervención militar se originó en una alerta de Aduanas sobre un camión que presuntamente transportaba armas y contrabando desde Perú.
El operativo se activó de forma urgente a las 16:30, y la patrulla de Taura fue desplegada hacia Guayaquil. Finalmente, comprobaron que el camión llevaba electrodomésticos de contrabando y se autorizó su escolta hasta bodegas de Aduanas.
La detención de los menores ocurrió durante el retorno de las patrullas. Según el oficial, no se le informó inicialmente que los aprehendidos eran menores de edad.
Aclaró que no realizó interrogatorios, sino entrevistas a ocho procesados para verificar consistencia en los informes del 10 y 11 de diciembre. Dijo que tampoco entrevistó al subteniente John Henry Z. E., quien reportó a un coronel de mayor rango.
Policía menciona nombres de los supuestos asesinos de los adolescentes
El mayor de Policía Edwin Sánchez expuso su informe preliminar, elaborado el 27 de diciembre de 2024, donde detalló tareas de búsqueda y hallazgo en Taura, una zona dominada por Los Águilas, brazo armado de Los Choneros.
Sánchez explicó que la población teme colaborar por represalias. El 24 de diciembre, la Policía halló cuatro cuerpos calcinados en el estero El Chabelo, a 730 metros del recinto Casa de Zinc.
El informe también incluyó la versión del testigo Luigi V., quien señaló que el asesinato habría sido ordenado por alias Momo (Alvarado Aguirre Brayan Vicente), líder de Los Águilas en Taura. Momo recibió un indulto el 25 de diciembre por supuesta enfermedad catastrófica.
Otros identificados como presuntos autores materiales fueron:
- Ofelio C.
- Ronald A. E., alias “Ruco”
- Ronald Segundo A. C., alias “Dany”
Sánchez dijo que su informe permitió perfilar conexiones entre la desaparición, el asesinato y la estructura criminal dominante.
Mayor de operaciones testifica sobre orden táctica
El mayor Jonathan Estrella, oficial de operaciones del Gomai Durán, declaró que autenticó la orden táctica del operativo. La defensa cuestiona que el subteniente que comandó la patrulla, John Henry Z. E., no constaba en la orden original y habría sido incluido en anexos de última hora.
Estrella aclaró que no elaboró esos anexos y que la responsabilidad recae en el área de personal. Declaró en la misma línea el subteniente Marco Villacís.
Fuentes: Primicias, Ecuavisa
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