El Tribunal de Apelación mantuvo la medida contra el exministro Antonio Goncalves y otros 11 procesados. En cambio, aceptó la apelación de Celso Sánchez y dispuso medidas alternativas.
El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó este jueves, 20 de agosto, la prisión preventiva para 12 procesados en el caso Progen, relacionado con presuntas irregularidades en contratos para generación eléctrica en Salitral y Quevedo.
Entre los procesados por el presunto delito de peculado consta el exministro de Energía, Antonio Goncalves. La resolución se conoció durante la reinstalación de la audiencia de apelación. La diligencia comenzó el pasado 15 de julio, luego de que varios procesados cuestionaran las medidas cautelares dictadas en su contra.
Tribunal cambia medida para un técnico de Celec
El Tribunal aceptó el recurso presentado por Celso Sánchez, uno de los técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) que viajó a Estados Unidos para revisar los generadores de Progen.
Los jueces sustituyeron su prisión preventiva por presentaciones periódicas ante la Fiscalía, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
Además, el Tribunal aceptó el desistimiento presentado por Juan Carlos Cornejo respecto de su recurso de apelación. El 22 de mayo, la Justicia había ordenado prisión preventiva para 19 de los 21 procesados inicialmente dentro de la investigación.
Entre ellos constan Carlos Iván Villacís, exsubgerente de producción de Celec, y Julio Montesdeoca, integrante de la comisión técnica vinculada al proceso para la central de Quevedo.
Fiscalía busca vincular a nueve personas más
La decisión judicial ocurre mientras la Fiscalía busca ampliar el número de procesados en el caso Progen. Esta semana, el Ministerio Público solicitó a la Corte Nacional de Justicia una audiencia para vincular a nueve personas adicionales por el presunto delito de peculado.
De concretarse las nuevas vinculaciones, la investigación pasaría de 21 a 30 procesados. La Fiscalía investiga posibles irregularidades relacionadas con la contratación de Progen para proyectos de generación eléctrica. Según un informe de la Contraloría citado dentro del caso, existiría un presunto perjuicio de USD 104 millones al Estado.
Instrucción fiscal podría extenderse
La instrucción fiscal tenía previsto concluir este 20 de agosto de 2026. Sin embargo, la vinculación de nuevos procesados permitiría ampliar esta etapa durante otros 30 días adicionales para incorporar nuevos elementos al expediente de 17.000 páginas.
La audiencia correspondiente quedó programada para el lunes 24 de agosto a las 14:00. En ese periodo, la Fiscalía podrá continuar incorporando elementos dentro de una investigación relacionada con las contrataciones realizadas durante la emergencia eléctrica.
Las pesquisas buscan determinar responsabilidades en los contratos de las centrales de Salitral y Quevedo. Progen adquirió 21 generadores usados por USD 8 millones, pero Celec pagó USD 69 millones por los equipos. El perjuicio económico para el Estado supera los USD 100 millones tras los desembolsos efectuados.
Exfuncionarios de Celec bajo sospecha
La lista de nuevos procesados incluye a personal técnico y directivo que facilitó las decisiones contractuales. Cristhian Andrés Dahik Quijano, exsubgerente jurídico de Termopichincha, elaboró y aprobó los contratos de emergencia.
La Fiscalía señala que omitió cláusulas de domiciliación legal y el cronograma de multas. Marlon Iván Casilla Hernández, administrador del contrato en Salitral, viajó a Houston para inspeccionar las unidades.
Posteriormente, tramitó la solicitud de pago del primer hito por USD 69,5 millones. Luis Javier Ugsha Guanotasig asumió la supervisión de la planta, pero renunció aduciendo problemas personales.
Irregularidades en la central de Quevedo
José Luis Sampietro Saquicela administró el contrato de Quevedo y gestionó la suspensión de plazos por el huracán Helene. Marcos Alberto Guerrero Bravo lo reemplazó en diciembre de 2024 y advirtió inconsistencias en los números de serie.
Daniela Piedad Gordillo Ramírez prestó asesoría legal y tramitó la solicitud de prórroga por fuerza mayor presentada por Progen. José Xavier Aimara Guaita, exdirector de planificación, justificó la necesidad de la contratación y aprobó el informe de emergencia.
Investigaciones abarcan al Ministerio de Energía
La causa penal también salpica a exasesores y coordinadores del Ministerio de Energía y Minas. Peter Christian Dreher Pozo integró el equipo de asesoría ministerial durante las gestiones de Roberto Luque y Antonio Goncalves.
Las autoridades rastrean su presunta influencia en la validación idónea de la contratista norteamericana. José Manuel de Oliveira Allu, excoordinador general jurídico, afronta diligencias por presunta intervención contractual.
El Ministerio Público verifica si autorizó pagos directos hacia la compañía Progen, pese a que el exfuncionario negó cualquier participación.
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