La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció este 3 de octubre su decisión de apelar la sentencia absolutoria dictada el pasado 22 de septiembre por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha en el denominado Caso Pruebas PCR, en el que fueron procesados el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y la científica Linda Guamán, y 12 personas más.
Mediante su cuenta de X, el organismo confirmó que impugnará la decisión judicial, ejerciendo su derecho de apelación.
El pasado 22 de septiembre, el tribunal determinó que no existió perjuicio al Estado en la adquisición de pruebas PCR durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, y concluyó que los funcionarios actuaron dentro del marco legal vigente, priorizando la protección de la salud pública.
La sentencia fue notificada por escrito el 30 de septiembre y cuestionó la solidez del caso fiscal. En el documento, los jueces resaltaron que las pruebas presentadas carecieron de pertinencia y sustento técnico, y criticaron el uso de testimonios sin rigor pericial. El fallo también advirtió sobre la necesidad de erradicar prácticas investigativas sin fundamento técnico en procesos penales.
Reacciones de la defensa
María del Mar Gallegos, abogada defensora de Linda Guamán, manifestó: “La Fiscalía está en su derecho de impugnar, pero lo que se espera en esta etapa es que reflexione sobre lo que el propio Tribunal dejó establecido: esta investigación no fue seria, fue un desgaste para el sistema judicial y se sustentó en testigos sin rigor técnico”.
Por su parte, la científica Linda Guamán expresó en su cuenta de X: “Seguiré de pie enfrentando esta injusticia. Lo que está en juego no es solo mi libertad, sino la protección de la ciencia frente a acusaciones sin sustento. La verdad ya fue reconocida en la sentencia, y defenderla es defender también el valor de la ciencia en nuestro país.”
El caso
El caso Pruebas PCR investigó supuestas irregularidades en la adquisición de test para la detección del COVID-19 por parte del Municipio de Quito en 2020. La Fiscalía argumentó que existieron anomalías contractuales y perjuicio económico, mientras que la defensa sostuvo que las decisiones se enmarcaron en la urgencia sanitaria y se orientaron a salvar vidas.
Con la apelación presentada, el proceso judicial continuará en una nueva instancia, donde se evaluará si se ratifica o revierte el fallo absolutorio.
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