La audiencia del denominado caso Triple A, que investiga un presunto tráfico ilegal de combustible, fue declarada fallida por la inasistencia de varios abogados. La diligencia se reinstalará el 31 de enero de 2026.
El Tribunal había fijado la diligencia para las 14:30 de este miércoles, 24 de diciembre, mientras gran parte del país se prepara para las festividades. El proceso investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
La causa involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien encabeza un grupo de 16 personas llamadas a juicio. A ellos se suman seis empresas vinculadas al sector de los combustibles, que también enfrentan la indagación impulsada por la Fiscalía General del Estado.
Según la acusación fiscal, los procesados habrían formado parte de una red estructurada destinada al desvío de combustibles subsidiados, lo que habría provocado un perjuicio al Estado.
Antes de que se declarara fallida la diligencia, el tribunal —presidido por el juez Jorge Sánchez— aceptó el pedido de la defensa del alcalde para que la audiencia fuera pública y transmitida en vivo por YouTube, decisión notificada minutos antes de la hora prevista para su instalación.
Durante la constatación de la presencia de las partes, se conocieron los certificados médicos presentados por José Navarrete, defensor de las procesadas Yesenia Vélez y Lady Cedeño, y por Erick Mayorga, abogado de César Emilio Bravo, representante de la empresa Fuelcorp.
Navarrete presentó un certificado por neumonía, con reposo médico de 19 días, hasta el 10 de enero de 2026. En tanto, Mayorga justificó su inasistencia por una afección inflamatoria en los maxilares, con reposo hasta el 5 de enero. Ambos juristas solicitaron al tribunal el diferimiento de la audiencia.
El pedido fue respaldado por varios abogados de los procesados, entre ellos Ramiro García, defensor de Alvarez, quien sostuvo que el país está atento al desarrollo del juicio y recalcó que se debe garantizar plenamente el derecho a la defensa.
A las 15:45, los jueces se retiraron a deliberar y, cerca de las 17:29, el juez ponente Jorge Sánchez declaró fallida la audiencia por la inasistencia de los dos abogados. El magistrado concedió un plazo de 72 horas para que los defensores presenten los certificados médicos originales y debidamente legalizados.
La resolución se adoptó con base en la garantía del derecho a la defensa, la obligatoriedad de la presencia de los abogados y el principio de celeridad. El tribunal fijó como nuevas fechas para la instalación de la audiencia los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026, a partir de las 08:30, en el auditorio del Complejo Judicial Norte.
El procurador judicial de Petroecuador, Andrés Erazo, solicitó que se verifique la legalidad y validez de los certificados médicos presentados. Por su parte, Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), observó que, ante la inasistencia de defensores, podría considerarse la intervención de la Defensoría Pública.
El tribunal de juzgamiento está conformado por los jueces anticorrupción Jorge Sánchez (ponente), Gabriela Lara y Consuelo Tapia, esta última designada tras el apartamiento del magistrado Carlos Serrano, quien denunció amenazas en otro proceso judicial.
Con el diferimiento, el inicio del juicio del caso Triple A queda postergado para inicios de 2026, a la espera de que se garantice la comparecencia de todas las defensas y el desarrollo íntegro de la diligencia.
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