El Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado suspendió la audiencia de juicio del caso Triple A este sábado, 21 de marzo, y dispuso nuevas condiciones para garantizar el derecho a la defensa de los procesados. La diligencia se reinstalará este domingo, a las 08:30.
Como parte de la resolución, los jueces ordenaron que los abogados defensores se conecten a la audiencia desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde permanecen recluidos varios de los procesados.
Además, se dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) que brinde todas las facilidades logísticas para el ingreso de los abogados y sus equipos de trabajo, así como de materiales necesarios para el ejercicio de la defensa.
Entre estos insumos se incluyen expedientes físicos, documentos, equipos informáticos y otros elementos indispensables para garantizar una comunicación privada y continua entre los procesados y sus defensores.
Reclamos por falta de garantías
La decisión del Tribunal se produjo luego de que abogados defensores expusieran dificultades para mantener contacto con sus clientes, señalando limitaciones en el acceso a herramientas básicas y restricciones dentro del centro penitenciario.
Según los jueces, la medida busca asegurar una defensa técnica eficaz, en el marco de las garantías constitucionales del debido proceso, por ello, el Tribunal suspendió temporalmente la audiencia para permitir la coordinación logística con las autoridades penitenciarias y garantizar el cumplimiento de las disposiciones.
Para la jornada de este sábado la Fiscalía había citado a unos 25 testigos. El proceso se desarrolla ante un Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata.
En esta causa están procesadas 16 personas naturales y seis jurídicas por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los implicados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a otros ciudadanos y empresas vinculadas al sector.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), que alertó sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.
Según Fiscalía, estas operaciones habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano de aproximadamente 61,5 millones de dólares, relacionado con más de 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
Reclamos de la defensa
Previo a la reinstalación de la audiencia, la defensa de Aquiles Alvarez cuestionó las condiciones en las que se encuentra el procesado, señalando limitaciones para ejercer su derecho a la defensa.
El abogado Ramiro García indicó que se negó el traslado de su cliente a otro centro penitenciario y denunció restricciones para la comunicación, incluyendo la falta de acceso a medios telemáticos y herramientas básicas.
También sostuvo que las condiciones en la Cárcel del Encuentro dificultan el contacto con su defendido, lo que —según afirmó— afecta el desarrollo adecuado del proceso.
La audiencia se extenderá hasta el domingo 22 de marzo, en una fase clave para la presentación de pruebas dentro de este caso que investiga presuntas irregularidades en el manejo de combustibles a nivel nacional.
Post relacionados
