El Ministerio Público solicitó una condena de hasta seis años y ocho meses de prisión para el alcalde de Guayaquil por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles. También pidió la clausura de seis empresas y una reparación superior a USD 61 millones.
Actualización | La Fiscalía General del Estado solicitó este domingo, 2 de agosto, la pena máxima para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante los alegatos finales del juicio por el caso Triple A, en el que es procesado junto con otras personas y empresas por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.
La fiscal Ruth Amoroso pidió que Álvarez y otros seis procesados sean condenados como autores directos del delito y que se aplique el incremento por circunstancias agravantes, lo que elevaría la pena de cinco años prevista en el Código Orgánico Integral Penal a aproximadamente seis años y ocho meses de prisión.
Durante su intervención, la Fiscalía afirmó que la estructura investigada desvió más de 22 millones de galones de diésel subsidiado entre 2020 y 2024, ocasionando un perjuicio superior a USD 61,5 millones al Estado.
Según la acusación, el esquema consistía en adquirir combustible subsidiado destinado a los segmentos automotriz y naviero nacional para posteriormente comercializarlo a precio de mercado en los sectores industrial y naviero internacional, una modalidad que la Fiscalía denominó “cambiazo”.
La fiscal sostuvo que estas operaciones se realizaron incumpliendo los controles de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y las obligaciones contractuales con Petroecuador.
Clausura de empresas y reparación millonaria
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicitó al Tribunal la clausura definitiva de las seis empresas procesadas:
- Copedesa S. A.
- Corpalubri S. A.
- Ternape Petroleum S. A.
- Fuelcorp S. A.
- Indudiesel S. A.
- Harsajudi S. A.
También requirió una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados para cada persona jurídica. Como parte de la reparación integral, el Ministerio Público pidió que los procesados paguen USD 61.502.658,39 de forma solidaria a favor de Petroecuador y la ARCH, además de ofrecer disculpas públicas y publicar la sentencia en un medio de comunicación nacional durante tres días consecutivos.
Tribunal entrará en etapa de deliberación
Con la culminación de los alegatos finales, el Tribunal ingresará a la fase de deliberación y, en una fecha que será fijada posteriormente, emitirá la sentencia de primera instancia dentro del caso Triple A.
El Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado reinstaló la mañana de este domingo la audiencia de juicio del caso Triple A, en el que Álvarez, y otras 21 personas naturales y jurídicas son procesados por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.
La diligencia comenzó poco después de las 08:30 con la presencia del Tribunal, la Fiscalía General del Estado y los representantes de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador, que intervienen como acusadores particulares.
Tribunal receptó los últimos testimonios
Durante la jornada rindieron su testimonio, de manera virtual, Juan Alberto Santana Carrillo y el procesado Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, quien presentó una declaración voluntaria como parte de la prueba de la defensa.
Además, el Tribunal informó que la Policía Nacional no logró ubicar a Nicole Bermúdez Peña, convocada para esta audiencia, por lo que su testimonio no pudo ser receptado.
Proceso avanzará a los alegatos finales
Una vez concluidas estas intervenciones, el Tribunal declarará cerrado el debate probatorio y dará paso a la fase de alegatos de clausura, en la que expondrán sus argumentos la Fiscalía, los acusadores particulares y las defensas de los procesados.
La audiencia permanece sin transmisión pública debido a que la práctica de estos testimonios se desarrolla de forma reservada. Según una providencia del Tribunal, la señal en vivo a través del canal de YouTube de la Función Judicial se habilitará únicamente cuando comiencen los alegatos finales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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