“La resolución 187 de 2025 no elimina, sino que suprime la unidad y modifica las competencias de otra”, sostuvo Caicedo durante una entrevista para el noticiero “A Primera Hora”.

Según explicó, los magistrados que integraban esa dependencia pasarán a fortalecer las unidades especializadas penales que ya tienen competencia en delincuencia organizada.

“Lo que hacen es fusionarse. La unidad de delincuencia organizada se fusiona con las unidades penales que tienen competencia (…) y se fortalece”, afirmó.

Judicatura argumenta una desigual carga procesal

Caicedo aseguró que la decisión responde, entre otros factores, a la diferencia en el volumen de procesos que manejan las distintas dependencias judiciales.

Según las cifras expuestas por la funcionaria, la unidad anticorrupción opera con una carga del 18 % de su capacidad, mientras otras unidades, tribunales y salas penales han sobrepasado el 100 %.

Entre 2023 y 2026, la dependencia anticorrupción recibió aproximadamente 6.253 causas, pero actualmente mantiene unas 484 en trámite. En contraste, las unidades penales involucradas en la reorganización acumulan alrededor de 5.342 procesos pendientes.

“No estamos diciendo que sea una unidad fracasada. Jamás hemos dicho eso. Creemos que hay jueces valientes y valiosos en esa unidad”, enfatizó.

Déficit de USD 83 millones para 2027

La presidenta de la Judicatura reconoció que el presupuesto también influyó en la reorganización, aunque sostuvo que no constituye la única razón.

El CJ calcula que necesitará alrededor de USD 445 millones en 2027, pero el techo presupuestario previsto alcanza los USD 362 millones. Esto dejaría un déficit de aproximadamente USD 83 millones.

Según Caicedo, esa brecha impediría contratar alrededor de 700 jueces que hacen falta en el sistema judicial. “83 millones que no me permiten realizar la contratación de los 700 jueces que me faltarían. Entonces, lo que tengo que hacer es optimizar recursos”, afirmó.

La reorganización generó inquietudes entre jueces, fiscales y abogados por audiencias fallidas y eventuales nulidades. Caicedo aseguró que la resolución establece qué ocurrirá con los procesos que ya se encontraban avanzados.

Según explicó, las causas con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de decisión, resolución o sentencia permanecerán a cargo de los mismos jueces hasta su conclusión.

La funcionaria también señaló que, entre 2021 y 2026, los jueces anticorrupción registraron 733 audiencias fallidas y 418 diferidas.

Concurso para jueces nacionales comenzará en 2026

Caicedo anunció además que el concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia comenzará este año. Aseguró que el reglamento está listo y que el CJ espera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social complete la selección de los veedores necesarios para convocar formalmente al proceso.

“Le garantizo que el proceso comienza este año”, afirmó. Mientras concluye ese trámite, la Judicatura trabaja en las metodologías y en la definición de las pruebas de confianza que serán aplicadas a los postulantes.

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El funcionario también afirmó que los reportes de operaciones inusuales de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) aumentaron más de 400 % y defendió el congelamiento de fondos como una herramienta contra el lavado de activos.

Durante una entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, Neira abordó la situación del sistema de salud, la compra internacional de medicamentos, los controles contra el lavado de activos, la modernización tecnológica de los hospitales, la aplicación Data 593 y los cuestionamientos sobre libertad de expresión y pauta oficial.

Medicinas llegarían por vía aérea

Neira reiteró que el Gobierno se encuentra en la etapa final de la negociación para adquirir medicamentos directamente al Gobierno de India, una compra anunciada meses atrás por el presidente Daniel Noboa.

Según explicó, este martes tenía prevista una reunión con el canciller y la embajadora de India para coordinar la firma del contrato y determinar una fecha para la entrega. “Estamos en la etapa final de realizar la compra hacia la India”, aseguró.

Agregó que el mandatario dispuso que los medicamentos sean transportados por vía aérea para acelerar su llegada a Ecuador. El funcionario reconoció que el procedimiento ha tomado más tiempo de lo inicialmente previsto. Explicó que la modalidad de gobierno a gobierno obligó a Ecuador a cumplir los protocolos establecidos por India.

Funcionarios del Ministerio de Salud, ARCSA y Sercop realizaron una visita técnica de aproximadamente diez días a ese país para revisar laboratorios y recopilar la documentación necesaria para sustentar la compra, según Neira.

Abastecimiento de medicinas subiría durante septiembre

Sobre la disponibilidad actual de medicamentos, Neira diferenció la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la del Ministerio de Salud Pública.

Afirmó que el abastecimiento promedio en hospitales del IESS supera el 63 %, mientras algunos establecimientos del MSP se encuentran entre 51 % y 56 %.

“Dentro del mes de septiembre, a la próxima semana, estamos subiendo progresivamente en el abastecimiento de medicina”, señaló.

El funcionario sostuvo que la compra a India forma parte de la estrategia para incrementar el inventario disponible y alcanzar posteriormente un abastecimiento del 100 %, aunque durante la entrevista no proporcionó una fecha concreta para alcanzar ese nivel.

También indicó que el MSP, IESS y Sercop realizan inspecciones en establecimientos sanitarios y a proveedores. Según Neira, actualmente se ejecutan más de 62 inspecciones semanales para revisar servicios y contratos relacionados con medicamentos, alimentación y lavandería hospitalaria.

Gobierno plantea conectar 1.742 establecimientos de Salud

Neira defendió además el proceso para implementar una plataforma digital que conectaría 1.742 establecimientos del Ministerio de Salud Pública, entre unidades y hospitales de primero, segundo y tercer nivel.

La propuesta busca digitalizar información como inventarios de medicamentos, disponibilidad de médicos, radiografías, tomógrafos y otros servicios para que los pacientes puedan recibir seguimiento desde diferentes establecimientos.

El secretario negó que el proyecto ya haya sido adjudicado a una empresa determinada. “No se ha hecho esa contratación. Existe un proceso publicado en la plataforma del Sercop”, sostuvo.

Según explicó, CNT lleva adelante el procedimiento bajo régimen especial y la adjudicación estaba prevista entre el 8 y 9 de septiembre, una vez concluida la evaluación de los proveedores que cumplan las especificaciones técnicas.

Data 593 registra más de 30.000 usuarios

También informó que la aplicación estatal Data 593 registró más de 30.000 nuevos usuarios durante su primera semana de funcionamiento.

La herramienta busca concentrar documentos y servicios de diferentes instituciones públicas, como cédula, certificado de votación, partida de nacimiento, licencia y certificados del IESS y SRI.

Según el funcionario, el propósito es disminuir los trámites presenciales y concentrar progresivamente información estatal en una sola aplicación.

Reportes de operaciones inusuales aumentaron más de 400 %

Neira aseguró que una de las estrategias del Gobierno contra las organizaciones criminales es atacar sus estructuras económicas y afirmó que, durante la actual administración, los reportes de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se incrementaron en más de 400 %.

El funcionario vinculó esta estrategia con investigaciones por lavado de activos y mencionó como ejemplo la reciente sentencia dentro del caso relacionado con alias “Gerente”, en el que varias personas fueron condenadas por lavado de activos.

Según detalló, el objetivo es afectar no solamente las finanzas de organizaciones criminales, sino también investigar recursos que podrían provenir de delitos relacionados con corrupción.

“El lavado de activos no solo lo comete el crimen organizado, también lo cometen personas de cuello blanco que tienen que lavar fondos derivados de la corrupción o derivados del peculado”, manifestó.

Gobierno defiende congelamiento de fondos

Durante la entrevista, Neira fue consultado por los bloqueos de cuentas denunciados públicamente por actores políticos, dirigentes indígenas y sociales.

El secretario explicó que el congelamiento de fondos constituye una medida administrativa que puede aplicarse cuando existe una investigación y una presunción relacionada con lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo o vínculos con actividades criminales.

“La UAFE congela fondos porque existe la presunción de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y obviamente se debe a una investigación que Fiscalía tiene que ahondar”, señaló.

Neira fue consultado específicamente por los casos de Andrés Roche y Jaime Estrada Medranda, quienes han denunciado públicamente el congelamiento de sus cuentas. El funcionario evitó revelar información reservada de las investigaciones, pero sostuvo que si una persona tiene fondos congelados existe una investigación que sustenta la medida.

También rechazó que estas acciones respondan a una persecución contra adversarios del Gobierno. “No existe persecución a personajes políticos. Existen investigaciones de lavado de activos a personajes que utilizaron la política para encubrir sus fechorías”, afirmó.

Esta última afirmación corresponde a la posición expresada por Neira y no equivale a una determinación judicial de responsabilidad contra las personas mencionadas.

El secretario agregó que las medidas pueden ser revisadas judicialmente y aseguró que los afectados tienen la posibilidad de presentar sus argumentos y documentación ante un juez.

Neira niega presiones contra medios y periodistas

En la parte final de la entrevista, el secretario fue consultado por denuncias sobre supuestas presiones del Ejecutivo contra periodistas y medios de comunicación.

“Nosotros como Gobierno respetamos la libertad de expresión”, afirmó Neira, quien negó que exista persecución política o restricciones gubernamentales al trabajo periodístico.

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Así lo confirmó este 7 de mayo el superintendente de Bancos y Seguros, Roberto Romero von Buchwald, en una entrevista en el noticiero ‘A Primera Hora’.

Dentro de esas 29 empresas, detalló Romero, algunas operan con un Registro Único de Contribuyentes (RUC) de mecánica o de desarrolladores de software. Es decir, son actividades que no se relacionan con el mundo financiero.

El superintendente aseguró que están trabajando en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Fiscalía General del Estado, a fin de ejecutar las investigaciones correspondientes.

Entre las prioridades de la actual Superintendencia de Bancos están:

• La modernización institucional.
• Capacitación al personal para fortalecer el sistema de evaluación.
• Plantear rutas de trabajo con instituciones financieras: bancos públicos y privados, seguridad social, seguridad social de las FFAA, seguridad social de la Policía, cesantía, BIESS, y 60 fondos provisionales privados cerrados.
• La lucha contra el lavado de activos.

Roberto Romero von Buchwald fue elegido superintendente de Bancos y Seguros el pasado 3 de diciembre, pero fue posesionado como tal por la Asamblea Nacional el 27 de enero del 2025.

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Este 21 de abril, Sarauz aseguró que las indagaciones de este magnicidio no han avanzado desde las sentencias de 12 años y 34 años de prisión que un tribunal dictó contra cinco personas declaradas culpables del asesinato, en julio de 2024.

Sarauz se refirió al caso del crimen de su exesposo como un “falso positivo”, pues “jamás apareció la bala que mató a Fernando Villavicencio, no se hizo la reconstrucción de los hechos ni la triangulación de las armas”.

Al momento, Verónica Sarauz cuenta con seguridad gracias a las medidas cautelares que otorgó la CIDH.

En el contexto del asesinato de Villavicencio, Sarauz y sus hijos han recibido amenazas contra sus vidas. Recordó que, en septiembre de 2023, después del crimen, fue víctima de un atentado que fue “minimizado” por la Policía Nacional.

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La experta señaló que en Ecuador “lamentablemente las instituciones de inteligencia son de aparataje político que siempre están atormentándole la vida a opositores políticos”; y, añadió que siempre están tratando de “favorecer ciertas elecciones que sean de interés del Gobierno de turno”.

Añadió que la conversación sobre la supuesta filtración de dicho documento fue utilizada conforme a la coyuntura política. “Hay secretos del Estado ecuatoriano que llevan décadas sin ser filtrados y hoy, como sorpresa, una cuestión contra el partido que perdió está siendo filtrado”.

La lucha contra el crimen organizado

Maffei precisó que un posible atentado contra el mandatario es “totalmente creíble” y que los partidos políticos sí pueden tener financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, dijo, “no necesariamente tiene que ser Revolución Ciudadana”, sino que puede ser “cualquier persona a quien simplemente le pueda caer mal el presidente electo”.

También señaló que tanto las organizaciones políticas de derecha como las de izquierda pueden financiarse o tener nexos con el crimen organizado.

En la lucha contra el crimen organizado, Maffei detalló que el país tiene un “plus” porque “no cultivamos coca al mismo nivel que Colombia y Perú (…) y todo lo que se mueve dentro del Ecuador viene de afuera vía frontera, sobre todo vía frontera amazónica”.

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La defensa técnica de los cuatro menores de las Malvinas respaldan la decisión de Fiscalía de vincular a toda persona responsable, explicó Bastias.

En dicha audiencia, los abogados esperan la vinculación del teniente coronel y la revisión de medidas de los tres militares que tienen prisión preventiva.

El abogado explicó: “El teniente coronel conoció del hecho y en  lugar de avisar a la Fiscalía, a la Policía o a los padres de los menores, decidió realizar sus propios operativos, retener la ropa de los chicos sin una cadena de custodia, y omitió informar a autoridades judiciales”.

Este procedimiento, señaló Bastias, “también le hace responsable al teniente coronel de la figura de desaparición forzada”.

El procedimiento del Ministerio de Defensa

Fernando Bastias cuestionó el procedimiento que ha tomado en este caso el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del ministro Gian Carlo Loffredo.

“La forma como ha manejado el caso no solo deja ver que no hay un interés real en ofrecer verdad, justicia y reparación, sino que insiste en ocultar la responsabilidad de los 16 militares en la desaparición forzada y muerte”, agregó.

Además, denunció que el ministro Loffredo dispuso no ofrecer detalles de militares involucrados en operativos que derivaron en la detención y desaparición de determinadas personas, por confidencialidad y reserva. “No se puede declarar información confidencial y reservada en temas que tengan que ver con graves violaciones a los derechos humanos”, añadió Bastias.

El próximo 8 de abril, organizaciones sociales y familiares de Steven Medina (11), Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15) y Nehemías Arboleda (15), se concentrarán para recordar un mes más de la desaparición y ejecución de los cuatros niños.

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“¿La decisión del Tribunal Contencioso Electoral tiene fundamento jurídico o solo tiene fundamento político? Si tiene fundamento político, da para analizar si esto no está en la línea del derecho, está en la línea de los intereses político electoreros o de persecución política”, dijo Muñoz la mañana de este 1 de abril, en el informativo.

El burgomaestre no habló de persecución política en su contra, pero sí denunció que la propuesta que el accionante presentó para justificar el incumplimiento del plan de trabajo fue “la supuesta infracción electoral”, por su supuesta participación en la campaña electoral de 2023. “No tiene relación”, añadió.

Precisó que, de hacerse efectiva la revocatoria, “quien pierde es la ciudad”.

“Yo cojo mis cosas. Gracias, he hecho mi trabajo (…) Si esa fuese la posición de la ciudadanía, me voy a mi casa”, señaló Muñoz.

Frente a este panorama, Muñoz destacó su gestión con “$1.360 millones invertidos en menos de dos años, con un obra diaria”

Con este proceso en contra de Pabel Muñoz, Quito enfrenta un segundo proceso de revocatoria de su Alcalde en apenas cuatro años. En 2021, la mayoría del Concejo Metropolitano destituyó al alcalde Jorge Yunda por incumplimiento de funciones.

El pasado 14 de marzo, el Pleno del TCE dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregue los formularios para la recolección de firmas para el inicio de la revocatoria del mandato de Muñoz. El CNE tiene 15 días para cumplir la sentencia, a partir de que se ejecute, es decir, desde el 17 de marzo.

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“No es casual que las provincias a las que no se les entrega los recursos desde el año pasado son las provincias en donde las autoridades no responden al partido político del candidato-presidente Daniel Noboa, o los territorios territorios donde el candidato-presidente perdió la elección”, señaló Pabón en la entrevista, la mañana de este 13 de marzo.

“Nos disgusta que el Gobierno haga un manejo discrecional de los recursos, en medio de una lógica electoral perversa”, agregó.

Según precisó la prefecta, la deuda del Gobierno central hacia los gobiernos provinciales asciende a $597 millones. De esto, $178 millones corresponden solo al Modelo de Equidad Territorial (MET).

La titular del Congope hizo un llamado primero al Ministerio de Economía y Finanzas a cancelar los fondos pendientes; y, por otra parte, al Gobierno desconcentrado a apoyar con asistencia a las provincias, ciudades y parroquias afectadas por las fuertes lluvias.

Afectaciones por lluvias

La provincia de Pichincha ha enfrentado las consecuencias del la época invernal, desde hace dos semanas, sobre todo en el noroccidente. La prefecta precisó que las parroquias más afectadas son Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.

El pasado 7 de marzo, las precipitaciones afectaron al cantón Cayambe, que fue declarado en emergencia el 12 de marzo tras la evaluación y monitoreo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.

Frente a esta situación, la Prefectura de Pichincha desplegó maquinaria operativa, así como asistencia de salud con su proyecto ‘Pichincha Humana’. Los especialistas han atendido casos de hipertensión y enfermedades respiratorias, sobre todo en adultos mayores.

Paola Pabón aseguró que al momento no han tenido contacto con la ministra de Emergencia, Inés Manzano, ni con las demás autoridades gubrnamentales.

Un nuevo centro ‘Warmi Pichincha’

Adicionalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria anunció que el pasado lunes 10 de marzo, en el cantón Pedro Vicente Maldonado, la Prefectura inauguró el décimo segundo ‘Warmi Pichincha’, que se suma a los otros de los ocho cantones que conforman la provincia de Pichincha.

Estos centros ofrecen servicios y atención de manera gratuita a mujeres, con especialistas como abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

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En entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, Páez ratificó el interés del consorcio conformado por Petrolia y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiaria de la empresa estatal china Sinopec, para operar el campo Sacha (bloque 60) durante 20 años y explicó la propuesta hecha en este sentido al Gobierno Nacional.

De acuerdo con Páez, esta propuesta “va a permitir repotenciar y modernizar la infraestructura de Sacha”. No obstante, aclaró que incluye una serie de parámetros que deben ser analizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Páez detalló que durante el contrato habrá una inversión de 1.716 millones de dólares, para repotenciar y modernizar la infraestructura de Sacha.

Además, especificó que eso incluirá inversiones de operación secundaria y pozos exploratorios profundos.

“Vamos a tratar de ver si es que existe un nuevo horizonte para encontrar hidrocarburos adicionales a profundidades mayores a las que se ha perforado normalmente en el Oriente ecuatoriano”, dijo.

Agregó que el consorcio también podría incluir todas las inversiones adicionales que se vayan a requerir, y gastos operativos para incrementar la producción de 75 mil barriles a 100 mil barriles al día.

De acuerdo con Páez, el plan es recuperar 372 millones de barriles adicionales.

Por otro lado, aclaró que este es un contrato de participación que se estima podría tener una duración de 20 años, con reglas claras sobre cómo se distribuye la producción, que se hace con esa distribución por parte del Estado y de la contratista.

“Los contratistas tienen que cubrir una serie de gastos incluyendo las inversiones, el transporte por el Oleoducto, el Impuesto a la Renta, la participación laboral”, enfatizó.

Además, puntualizó que el Estado tiene que hacer las cuentas por su lado de todo lo que va a recibir de la producción y se llega al final a una renta neta que se distribuye tratando de que éste (el Estado) tenga la parte mayoritaria.

Páez resaltó que, en el contrato de participación, el contratista es responsable tanto de la operación, como de los pasivos ambientales, los daños sociales y todo lo que pueda ocurrir en la operación.

“El estado no asume ningún riesgo en la inversión”, comentó.

MODELO ECONÓMICO

El gerente general de Petrolia añadió que, con todos esos parámetros de producción, el modelo económico que analizan los Ministerios de Energía y de Economía y Finanzas, respectivamente, le permite al Estado recibir una venta neta de entre el 80 y el 81 por ciento para poder recuperar las reservas de 372 millones que produzcan y que tenga el beneficio el Estado mayoritario.

“Se cubre lo que establece la ley, de que el Estado debe recibir más que la compañía contratista”, reiteró.

También insistió en que hay otros beneficios como el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, la reducción de las emisiones del gas asociado para utilizar esto como combustible y generar 90 megavatios.

“Es muy importante apoyar a Amazonía Viva para que pueda eliminar de una manera acelerada los pasivos ambientales de los operadores anteriores que estuvieron en el campo Sacha, capacitación formación, transferencia tecnológica, creación de un centro de investigación petrolera con una de las universidades del país”, recalcó.

Para Páez esta es una propuesta “muy interesante” para el país y que tiene que analizar detenidamente el Estado.

SITUACIÓN DEL CAMPO SACHA

“La situación de las instalaciones actualmente no son las más adecuadas. Tenemos un presupuesto de lo que demandan esas instalaciones, y estamos hablando más o menos de unos 500 millones de dólares que se necesitarían para actualizar, modernizar el campo”, dijo Páez al referirse a la situación del campo Sacha.

En este sentido, explicó que hay un paquete de inversiones que tiene que ver con la exploración y la perforación de pozos, por más de 700 millones de dólares.

“Se puede también hablar de la generación de energía eléctrica, que son más de 200 millones de dólares que se requieren para poder incorporar unos 80 o 90 megavatios, utilizando el gas de los mecheros, que son más de 90, para poder cambiar el modelo de generación eléctrica en este campo”, detalló.

BENEFICIOS PARA CONTRATISTAS LOCALES

Páez enfatizó en que, a pesar de ser compañías internacionales, ambas tienen un pensamiento local.

Para el gerente general de Petrolia, es necesario buscar el mayor número de contratistas locales, los cuales representan el 95 por ciento de esas empresas.

“Las comunidades, las compañías contratistas y los empleados directamente tiene que mantenerse en su mayoría porque nosotros vamos a tratar de que la transición sea lo más fluida posible”, reiteró.

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

Páez insistió en la experiencia de este consorcio en operaciones de bloques petroleros.

Al respecto explicó que Petrolia es socio minoritario y no va a ser el operador, que en este caso sería Sinopec.

“Sinopec es mucho más grande, es una compañía que tiene 1 millón 400 mil barriles de producción a nivel mundial, de esos, 700 mil barriles se producen directamente en China”, detalló.

Destacó que el 60 por ciento de la producción mundial de Sinopec proviene de la recuperación secundaria.

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Esto, después de la difusión de un comunicado oficial en el que SUMA anunció su apoyo al candidato-presidente Daniel Noboa, para la segunda vuelta electoral.

Inmediatamente, Guillermo Celi cuestionó que dicha decisión haya sido adoptada, en atención a lo que pasó con Jan Topić. Además, dijo que este tipo de decisiones se toman en otra instancia.

“Definitivamente, aquí existe una división (…) Cómo es posible que nosotros estemos con quien sacó de la papeleta a nuestro candidato a la presidencia, con quien perjudicó e hizo trampa a SUMA”, precisó Celi en la entrevista desarrollada este 12 de febrero de 2025.

Agregó que el pasado 8 de febrero, previo a los comicios, cinco o seis personas del Consejo directivo habían votado a favor de dicha resolución para apoyar a Noboa en segunda vuelta.

No obstante, sostuvo, este tipo de resoluciones solo se determinan en una Asamblea general del partido. “Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Ni siquiera tiene firma de responsabilidad”, finalizó.

¿RC o ADN?

“Ni cómplices ni partícipes” fue la respuesta de Celi a la pregunta de si el partido que representa ofrecerá su apoyo a las dos fuerzas políticas que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral.

Además, precisó que tanto RC como ADN tendrán “una guerra sucia” en la campaña electoral, programada desde el 24 de marzo al 10 de abril de 2025, conforme al calendario electoral dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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