Así lo confirmó este 7 de mayo el superintendente de Bancos y Seguros, Roberto Romero von Buchwald, en una entrevista en el noticiero ‘A Primera Hora’.

Dentro de esas 29 empresas, detalló Romero, algunas operan con un Registro Único de Contribuyentes (RUC) de mecánica o de desarrolladores de software. Es decir, son actividades que no se relacionan con el mundo financiero.

El superintendente aseguró que están trabajando en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Fiscalía General del Estado, a fin de ejecutar las investigaciones correspondientes.

Entre las prioridades de la actual Superintendencia de Bancos están:

• La modernización institucional.
• Capacitación al personal para fortalecer el sistema de evaluación.
• Plantear rutas de trabajo con instituciones financieras: bancos públicos y privados, seguridad social, seguridad social de las FFAA, seguridad social de la Policía, cesantía, BIESS, y 60 fondos provisionales privados cerrados.
• La lucha contra el lavado de activos.

Roberto Romero von Buchwald fue elegido superintendente de Bancos y Seguros el pasado 3 de diciembre, pero fue posesionado como tal por la Asamblea Nacional el 27 de enero del 2025.

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Este 21 de abril, Sarauz aseguró que las indagaciones de este magnicidio no han avanzado desde las sentencias de 12 años y 34 años de prisión que un tribunal dictó contra cinco personas declaradas culpables del asesinato, en julio de 2024.

Sarauz se refirió al caso del crimen de su exesposo como un “falso positivo”, pues “jamás apareció la bala que mató a Fernando Villavicencio, no se hizo la reconstrucción de los hechos ni la triangulación de las armas”.

Al momento, Verónica Sarauz cuenta con seguridad gracias a las medidas cautelares que otorgó la CIDH.

En el contexto del asesinato de Villavicencio, Sarauz y sus hijos han recibido amenazas contra sus vidas. Recordó que, en septiembre de 2023, después del crimen, fue víctima de un atentado que fue “minimizado” por la Policía Nacional.

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La experta señaló que en Ecuador “lamentablemente las instituciones de inteligencia son de aparataje político que siempre están atormentándole la vida a opositores políticos”; y, añadió que siempre están tratando de “favorecer ciertas elecciones que sean de interés del Gobierno de turno”.

Añadió que la conversación sobre la supuesta filtración de dicho documento fue utilizada conforme a la coyuntura política. “Hay secretos del Estado ecuatoriano que llevan décadas sin ser filtrados y hoy, como sorpresa, una cuestión contra el partido que perdió está siendo filtrado”.

La lucha contra el crimen organizado

Maffei precisó que un posible atentado contra el mandatario es “totalmente creíble” y que los partidos políticos sí pueden tener financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, dijo, “no necesariamente tiene que ser Revolución Ciudadana”, sino que puede ser “cualquier persona a quien simplemente le pueda caer mal el presidente electo”.

También señaló que tanto las organizaciones políticas de derecha como las de izquierda pueden financiarse o tener nexos con el crimen organizado.

En la lucha contra el crimen organizado, Maffei detalló que el país tiene un “plus” porque “no cultivamos coca al mismo nivel que Colombia y Perú (…) y todo lo que se mueve dentro del Ecuador viene de afuera vía frontera, sobre todo vía frontera amazónica”.

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La defensa técnica de los cuatro menores de las Malvinas respaldan la decisión de Fiscalía de vincular a toda persona responsable, explicó Bastias.

En dicha audiencia, los abogados esperan la vinculación del teniente coronel y la revisión de medidas de los tres militares que tienen prisión preventiva.

El abogado explicó: “El teniente coronel conoció del hecho y en  lugar de avisar a la Fiscalía, a la Policía o a los padres de los menores, decidió realizar sus propios operativos, retener la ropa de los chicos sin una cadena de custodia, y omitió informar a autoridades judiciales”.

Este procedimiento, señaló Bastias, “también le hace responsable al teniente coronel de la figura de desaparición forzada”.

El procedimiento del Ministerio de Defensa

Fernando Bastias cuestionó el procedimiento que ha tomado en este caso el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del ministro Gian Carlo Loffredo.

“La forma como ha manejado el caso no solo deja ver que no hay un interés real en ofrecer verdad, justicia y reparación, sino que insiste en ocultar la responsabilidad de los 16 militares en la desaparición forzada y muerte”, agregó.

Además, denunció que el ministro Loffredo dispuso no ofrecer detalles de militares involucrados en operativos que derivaron en la detención y desaparición de determinadas personas, por confidencialidad y reserva. “No se puede declarar información confidencial y reservada en temas que tengan que ver con graves violaciones a los derechos humanos”, añadió Bastias.

El próximo 8 de abril, organizaciones sociales y familiares de Steven Medina (11), Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15) y Nehemías Arboleda (15), se concentrarán para recordar un mes más de la desaparición y ejecución de los cuatros niños.

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“¿La decisión del Tribunal Contencioso Electoral tiene fundamento jurídico o solo tiene fundamento político? Si tiene fundamento político, da para analizar si esto no está en la línea del derecho, está en la línea de los intereses político electoreros o de persecución política”, dijo Muñoz la mañana de este 1 de abril, en el informativo.

El burgomaestre no habló de persecución política en su contra, pero sí denunció que la propuesta que el accionante presentó para justificar el incumplimiento del plan de trabajo fue “la supuesta infracción electoral”, por su supuesta participación en la campaña electoral de 2023. “No tiene relación”, añadió.

Precisó que, de hacerse efectiva la revocatoria, “quien pierde es la ciudad”.

“Yo cojo mis cosas. Gracias, he hecho mi trabajo (…) Si esa fuese la posición de la ciudadanía, me voy a mi casa”, señaló Muñoz.

Frente a este panorama, Muñoz destacó su gestión con “$1.360 millones invertidos en menos de dos años, con un obra diaria”

Con este proceso en contra de Pabel Muñoz, Quito enfrenta un segundo proceso de revocatoria de su Alcalde en apenas cuatro años. En 2021, la mayoría del Concejo Metropolitano destituyó al alcalde Jorge Yunda por incumplimiento de funciones.

El pasado 14 de marzo, el Pleno del TCE dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregue los formularios para la recolección de firmas para el inicio de la revocatoria del mandato de Muñoz. El CNE tiene 15 días para cumplir la sentencia, a partir de que se ejecute, es decir, desde el 17 de marzo.

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“No es casual que las provincias a las que no se les entrega los recursos desde el año pasado son las provincias en donde las autoridades no responden al partido político del candidato-presidente Daniel Noboa, o los territorios territorios donde el candidato-presidente perdió la elección”, señaló Pabón en la entrevista, la mañana de este 13 de marzo.

“Nos disgusta que el Gobierno haga un manejo discrecional de los recursos, en medio de una lógica electoral perversa”, agregó.

Según precisó la prefecta, la deuda del Gobierno central hacia los gobiernos provinciales asciende a $597 millones. De esto, $178 millones corresponden solo al Modelo de Equidad Territorial (MET).

La titular del Congope hizo un llamado primero al Ministerio de Economía y Finanzas a cancelar los fondos pendientes; y, por otra parte, al Gobierno desconcentrado a apoyar con asistencia a las provincias, ciudades y parroquias afectadas por las fuertes lluvias.

Afectaciones por lluvias

La provincia de Pichincha ha enfrentado las consecuencias del la época invernal, desde hace dos semanas, sobre todo en el noroccidente. La prefecta precisó que las parroquias más afectadas son Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.

El pasado 7 de marzo, las precipitaciones afectaron al cantón Cayambe, que fue declarado en emergencia el 12 de marzo tras la evaluación y monitoreo del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.

Frente a esta situación, la Prefectura de Pichincha desplegó maquinaria operativa, así como asistencia de salud con su proyecto ‘Pichincha Humana’. Los especialistas han atendido casos de hipertensión y enfermedades respiratorias, sobre todo en adultos mayores.

Paola Pabón aseguró que al momento no han tenido contacto con la ministra de Emergencia, Inés Manzano, ni con las demás autoridades gubrnamentales.

Un nuevo centro ‘Warmi Pichincha’

Adicionalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria anunció que el pasado lunes 10 de marzo, en el cantón Pedro Vicente Maldonado, la Prefectura inauguró el décimo segundo ‘Warmi Pichincha’, que se suma a los otros de los ocho cantones que conforman la provincia de Pichincha.

Estos centros ofrecen servicios y atención de manera gratuita a mujeres, con especialistas como abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

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En entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, Páez ratificó el interés del consorcio conformado por Petrolia y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiaria de la empresa estatal china Sinopec, para operar el campo Sacha (bloque 60) durante 20 años y explicó la propuesta hecha en este sentido al Gobierno Nacional.

De acuerdo con Páez, esta propuesta “va a permitir repotenciar y modernizar la infraestructura de Sacha”. No obstante, aclaró que incluye una serie de parámetros que deben ser analizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Páez detalló que durante el contrato habrá una inversión de 1.716 millones de dólares, para repotenciar y modernizar la infraestructura de Sacha.

Además, especificó que eso incluirá inversiones de operación secundaria y pozos exploratorios profundos.

“Vamos a tratar de ver si es que existe un nuevo horizonte para encontrar hidrocarburos adicionales a profundidades mayores a las que se ha perforado normalmente en el Oriente ecuatoriano”, dijo.

Agregó que el consorcio también podría incluir todas las inversiones adicionales que se vayan a requerir, y gastos operativos para incrementar la producción de 75 mil barriles a 100 mil barriles al día.

De acuerdo con Páez, el plan es recuperar 372 millones de barriles adicionales.

Por otro lado, aclaró que este es un contrato de participación que se estima podría tener una duración de 20 años, con reglas claras sobre cómo se distribuye la producción, que se hace con esa distribución por parte del Estado y de la contratista.

“Los contratistas tienen que cubrir una serie de gastos incluyendo las inversiones, el transporte por el Oleoducto, el Impuesto a la Renta, la participación laboral”, enfatizó.

Además, puntualizó que el Estado tiene que hacer las cuentas por su lado de todo lo que va a recibir de la producción y se llega al final a una renta neta que se distribuye tratando de que éste (el Estado) tenga la parte mayoritaria.

Páez resaltó que, en el contrato de participación, el contratista es responsable tanto de la operación, como de los pasivos ambientales, los daños sociales y todo lo que pueda ocurrir en la operación.

“El estado no asume ningún riesgo en la inversión”, comentó.

MODELO ECONÓMICO

El gerente general de Petrolia añadió que, con todos esos parámetros de producción, el modelo económico que analizan los Ministerios de Energía y de Economía y Finanzas, respectivamente, le permite al Estado recibir una venta neta de entre el 80 y el 81 por ciento para poder recuperar las reservas de 372 millones que produzcan y que tenga el beneficio el Estado mayoritario.

“Se cubre lo que establece la ley, de que el Estado debe recibir más que la compañía contratista”, reiteró.

También insistió en que hay otros beneficios como el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, la reducción de las emisiones del gas asociado para utilizar esto como combustible y generar 90 megavatios.

“Es muy importante apoyar a Amazonía Viva para que pueda eliminar de una manera acelerada los pasivos ambientales de los operadores anteriores que estuvieron en el campo Sacha, capacitación formación, transferencia tecnológica, creación de un centro de investigación petrolera con una de las universidades del país”, recalcó.

Para Páez esta es una propuesta “muy interesante” para el país y que tiene que analizar detenidamente el Estado.

SITUACIÓN DEL CAMPO SACHA

“La situación de las instalaciones actualmente no son las más adecuadas. Tenemos un presupuesto de lo que demandan esas instalaciones, y estamos hablando más o menos de unos 500 millones de dólares que se necesitarían para actualizar, modernizar el campo”, dijo Páez al referirse a la situación del campo Sacha.

En este sentido, explicó que hay un paquete de inversiones que tiene que ver con la exploración y la perforación de pozos, por más de 700 millones de dólares.

“Se puede también hablar de la generación de energía eléctrica, que son más de 200 millones de dólares que se requieren para poder incorporar unos 80 o 90 megavatios, utilizando el gas de los mecheros, que son más de 90, para poder cambiar el modelo de generación eléctrica en este campo”, detalló.

BENEFICIOS PARA CONTRATISTAS LOCALES

Páez enfatizó en que, a pesar de ser compañías internacionales, ambas tienen un pensamiento local.

Para el gerente general de Petrolia, es necesario buscar el mayor número de contratistas locales, los cuales representan el 95 por ciento de esas empresas.

“Las comunidades, las compañías contratistas y los empleados directamente tiene que mantenerse en su mayoría porque nosotros vamos a tratar de que la transición sea lo más fluida posible”, reiteró.

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

Páez insistió en la experiencia de este consorcio en operaciones de bloques petroleros.

Al respecto explicó que Petrolia es socio minoritario y no va a ser el operador, que en este caso sería Sinopec.

“Sinopec es mucho más grande, es una compañía que tiene 1 millón 400 mil barriles de producción a nivel mundial, de esos, 700 mil barriles se producen directamente en China”, detalló.

Destacó que el 60 por ciento de la producción mundial de Sinopec proviene de la recuperación secundaria.

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Esto, después de la difusión de un comunicado oficial en el que SUMA anunció su apoyo al candidato-presidente Daniel Noboa, para la segunda vuelta electoral.

Inmediatamente, Guillermo Celi cuestionó que dicha decisión haya sido adoptada, en atención a lo que pasó con Jan Topić. Además, dijo que este tipo de decisiones se toman en otra instancia.

“Definitivamente, aquí existe una división (…) Cómo es posible que nosotros estemos con quien sacó de la papeleta a nuestro candidato a la presidencia, con quien perjudicó e hizo trampa a SUMA”, precisó Celi en la entrevista desarrollada este 12 de febrero de 2025.

Agregó que el pasado 8 de febrero, previo a los comicios, cinco o seis personas del Consejo directivo habían votado a favor de dicha resolución para apoyar a Noboa en segunda vuelta.

No obstante, sostuvo, este tipo de resoluciones solo se determinan en una Asamblea general del partido. “Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Ni siquiera tiene firma de responsabilidad”, finalizó.

¿RC o ADN?

“Ni cómplices ni partícipes” fue la respuesta de Celi a la pregunta de si el partido que representa ofrecerá su apoyo a las dos fuerzas políticas que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral.

Además, precisó que tanto RC como ADN tendrán “una guerra sucia” en la campaña electoral, programada desde el 24 de marzo al 10 de abril de 2025, conforme al calendario electoral dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En entrevista para el programa “A Primera Hora”, que se transmite por Radio Armónica y Primera Plana, Iza reiteró que “no es posible” dialogar con ADN.

“Si una derecha sigue recordando los insultos de Correa, ellos no se dan cuenta que también nos están insultando todos los días”, aseguró.

¿Posible diálogo con el correísmo?

Sobre un posible diálogo con el correísmo, el líder indígena aclaró que cualquier criterio en este sentido será tomado en colectivo. “No puedo dar un criterio individual”, acentuó.

Iza anunció que el movimiento indígena tomará una decisión sobre la segunda vuelta de las votaciones, pero insistió en que, “hasta el momento no ha tenido ningún tipo de contacto con dicha organización política” (Revolución Ciudadana).

“Vamos a analizar esta parte, no puedo exteriorizar lo que de pronto uno puede estar pensando. Porque en nuestras bases hemos sentido un ataque permanente del correísmo, nos han flagelado nuestros territorios (…) En consecuencia, vamos a hacer una valoración. Pero lo que está claro es que, aprovechando ese antoicorreísmo, la derecha ha montado lo que no se imaginan en este país. Procesos de privatización, proceso de tomas de nuestros territorios, firmas del TLC, procesos de sobre salud, educación. En ese sentido necesitamos un debate”, reiteró.

Insistió en que la candidata de la RC, Luisa González, debe cambiar los “relatos de mensajes” en los que constantemente alude al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

“Si ella sigue repitiendo -mi presidente Rafael Correa- cuál es el mensaje. Está diciendo que va a ser tutelado. Está diciendo que usted no toma decisiones. Ya, pues cambien esa narrativa, porque si no, aquí pareciera que vamos a votar por un expresidente. No, si es que hay un cambio, va a haber un cambio en esta coyuntura. Y los que van a definir en esta coyuntura, son dos candidaturas, no sobre el pasado”, dijo.

Próximas acciones

“Vamos a ser objetivos, no podemos quedar en este relato de los antis y los pros, profundizados por el odio. Nosotros no vamos a profundizar el odio, ni siquiera con los que nos están acusando”, enfatizó al referirse a las próximas acciones del movimiento indígena.

Iza insistió en que necesitan escuchar a los candidatos que están en la segunda vuelta, sobre los temas centrales del movimiento indígena, como el respeto y la defensa de sus territorios.

A propósito, anunció que van a tener cuatro momentos de discusión, el primero – dijo- será el próximo viernes 14 de febrero, donde se reunirán con los 9 virtuales asambleístas electos de Pachakutik.

“No vamos a tomar una postura individual (…) Aquí hay un programa político, aquí hay una propuesta de país y aquí nos ajustamos todos”, reiteró.

Como segunda acción, han convocado al Consejo Político de Pachakutik, para el martes 18 de febrero y en un tercer momento se llevará a cabo el Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), con todas las estructuras.

Finalmente, Iza dio a conocer que realizarán una Asamblea con las estructuras del movimiento Pachakutik, aunque no definió una fecha.

“Luego de eso vamos a convocar a todos los sectores que se autodefinen de izquierda, incluso los que participamos en este proceso de unidad de las izquierdas. Porque efectivamente tiene que haber un bloque. No es simplemente ir a dar el voto (…) este país está sufriendo las calamidades de inseguridad, del Fondo Monetaria Internacional. Eso va a permitir tener una fuerte presencia, no en la disputa de quién va a ser el presidente, sino de cuáles van a ser las demandas centrales que necesitamos aliviar para los ecuatorianos”, explicó.

Temas pendientes para la unidad con vistas a un acuerdo electoral

De igual manera, recordó las mesas de diálogo que se llevaron a cabo en 2024 por parte de movimientos y organizaciones políticas de izquierda, para alcanzar un acuerdo electoral de unidad con vista a los comicios generales de 2025.

En ese momento -manifestó- no se llegó a una resolución porque “habían voces diferentes y hay que volver a discutirlo”, explicó.

Pero destacó dos temas centrales que quedaron sobre la mesa entonces:

1. No agresión en proceso de campaña.
2. Unificación de un programa de gobierno.

“Lo que en este momento necesitamos es volver a desempolvar y decirle al país cuál es ese programa de gobierno para asumir, en bloque, colectivamente, con nuestras estructuras de base y salir del odio, de esas decisiones tóxicas que no permiten pensar a los ecuatorianos”, puntualizó.

Iza mencionó además otros puntos importantes analizados en las mesas de diálogo en 2024. En este sentido destacó la defensa de lo público.

“Las empresas públicas que son de todos los ecuatorianos hay que fortalecer y hay que repotenciar para que ingresen recursos económicos. No utilizar la narrativa de la derecha neoliberal de que las empresas son corruptas, que no sirven, por lo tanto venden a precios de gallina muerta”, reflexionó.

La no privatización de la salud y la educación fue otro de los temas debatidos, así como el respeto a los derechos ambientales.

Finalmente recordó el tema minero, y recalcó que en este aspecto el movimiento indígena, los grupos ambientalistas, ecologistas, “no van a retroceder”.

“Ahí lo que habíamos propuesto es que vamos con fuerza. Vamos a combatir la minería ilegal, que son los mismos grupos económicos que están detrás de la minería a gran escala. Son los beneficiarios”, subrayó.

Iza consideró que en este punto es importante dar cumplimiento a la voluntad de los ecuatorianos en la consulta popular sobre el Yasuní donde aseguró, “continúa la extracción petrolera”.

Panorama electoral de cara a segunda vuelta

Ecuador irá a segunda vuelta de las votaciones que se llevaron a cabo este domingo, 9 de febrero, donde 16 candidatos buscaban la jefatura del Ejecutivo.

Entre los aspirantes a la Presidencia, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con más del 80 por ciento de participación y el 66 por ciento de actas escrutadas, el presidente-candidato Daniel Noboa (ADN) se llevó el 44,77 por ciento de los votos, seguido por Luisa González con el 43,82 por ciento.

En tercer lugar quedó Iza (Pachakutik) con 5,26 por ciento de los votos, seguido por Andrea González (Sociedad Patriótica) con 2,71 por ciento.

Según la actualización de los resultados, con corte a las 07h00 de este 12 de febrero y el 98,39 por ciento de las actas escrutadas, Noboa alcanza el 44,18 por ciento de los votos, Luisa González el 43,94, con una distancia de 0,24 puntos porcentuales.

La campaña electoral para el balotaje se desarrollará entre el 24 de marzo y el 10 de abril, con el sufragio programado para el 13 de abril de 2025.

Posteriormente, los resultados oficiales se proclamarán a partir del 22 de marzo de 2025 para la primera vuelta, y el 1 de mayo de 2025 para la segunda vuelta, culminando con la entrega de credenciales a las nuevas autoridades.

El próximo presidente de Ecuador asumirá el 24 de mayo.

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En declaraciones al programa A Primera Hora, que se transmite por Radio Armónica y Primera Plana, Navarrete recordó que los militares, que están siendo investigados, deberían estar bajo custodia de la fuerza pública y no en su lugar de trabajo, en la Base Aérea de Taura.

“Actualmente ellos se encuentran en sus lugares de trabajo, se encuentran dentro del cuartel aéreo de Taura y en principio creería que deberían estar, al menos, bajo custodia de la fuerza pública y tener acceso a defensa voluntariamente. Es decir, que, si alguien se encuentra señalado como responsable de un delito tan grave como este, debería tener la libertad de decidir quién lo defienda y no la institución a la que pertenece, eso podría ser una posibilidad”, reiteró.

De igual manera, Navarrete cuestionó las declaraciones que dos de los uniformados involucrados en la desaparición forzada de los menores, ofrecieron este jueves al portal La Posta, donde aseguraron que los abandonaron vivos (a los menores), “sanos y salvos” y rechazaron haberlos golpeado antes de su liberación.

“Nos parece que siguen un guion que ya había sido trazado por el propio ministro de Defensa. Tenemos la impresión de que no son declaraciones en libertad, que no son del propio atributo de las personas que aparecen ahí diciendo lo que dicen y eso tiene que ver con las circunstancias en la que estas personas, me refiero a los 16 militares, se encuentran”, denunció.

Según relataron los uniformados a La Posta, la patrulla donde iban los menores detenidos encontró un árbol en el camino a una Unidad de Policía Comunitaria, pero allí ellos les pidieron que los dejaran libres porque no querían ir presos tras haber sido denunciados por la ciudadanía en un delito flagrante.

“Estas personas aprehendidas piden que se los deje ir, que no van a volver a hacerlo, que, por favor, que los dejen ir”, dijo la persona identificada como “Militar Uno”.

No obstante, el testimonio de un ciudadano, cuya identidad permanece en reserva, contradice esa afirmación y dijo que encontró a los adolescentes desnudos y les prestó su celular para que llamaran a sus familiares.

Uno de ellos se comunicó con su padre y le envió la ubicación exacta por WhatsApp, pero cuando llegaron ya no estaban en el sitio indicado.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, admitió que, según el informe de los 16 militares, los menores fueron detenidos bajo sospecha de robo, una versión que rechazan los familiares y de lo cual no existen indicios.

Este jueves, los familiares de los niños comparecieron ante la Asamblea Nacional y reiteraron que “los cuatro menores son estudiantes, no pertenecen a ninguna banda y no tienen tatuajes”.

“Mi hijo mayor es futbolista federado, entonces no entiendo por qué han hecho este daño a estas tres familias. Estamos sufriendo… Tengan misericordia”, señaló Luis Arroyo, padre de los hermanos desaparecidos Ismael Arroyo, Josué Arroyo, de 14 y 15 años,

Entre tanto, los miembros de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, cuestionaron la ausencia del alto mando militar a la convocatoria por parte de esa mesa de trabajo, para brindar información sobre la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas.

“La comisión tenía previsto recibir a Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y; Celiano Cevallos, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que brinden información para esclarecer los hechos ocurridos. Sin embargo, las autoridades excusaron su asistencia”, detalló la mesa parlamentaria a través del sitio web de la Asamblea Nacional.

Al inicio de la sesión, el presidente encargado de la Comisión, Samuel Célleri condenó la inasistencia de las autoridades.

“Esta no es una fiscalización más, se trata de las vidas humanas de cuatro menores de edad desaparecidos hace 18 días y merece la atención de las autoridades del Estado directamente relacionadas”, dijo.

La Comisión convocará nuevamente a las autoridades el próximo 30 de diciembre para continuar su proceso de control político.

El pasado martes fueron hallados varios cuerpos calcinados cerca de la base de Taura, aunque aún no se confirma si pertenecen a los menores desaparecidos y las pruebas de ADN podrían tardar entre 30 y 40 días.

El 31 de diciembre venidero se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.

Mientras, el país espera respuestas claras sobre un caso que ha conmocionado a la nación.

El experto en temas de seguridad Fernando Carrión también dijo al programa A Primera Hora que hubo claras contradicciones por parte del discurso gubernamental respecto al caso, aunque consideró que la Fiscalía y la justicia están actuando acorde a los procedimientos.

Hubo declaraciones desafortunadas del ministro Loffredo, que al parecer buscaban aplacar el asunto en el escenario preelectoral, apuntó Carrión.

La jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor Zambrano, declaró este martes el caso como un hecho de desaparición forzada y dictó medidas de reparación integral, como que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los niños.

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