La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, defendió este jueves la supresión de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado y aseguró que la medida no implica eliminar estas competencias, sino fusionarlas con otras dependencias penales ante la desigual carga procesal y las limitaciones presupuestarias de la Función Judicial.

“La resolución 187 de 2025 no elimina, sino que suprime la unidad y modifica las competencias de otra”, sostuvo Caicedo durante una entrevista para el noticiero “A Primera Hora”.

Según explicó, los magistrados que integraban esa dependencia pasarán a fortalecer las unidades especializadas penales que ya tienen competencia en delincuencia organizada.

“Lo que hacen es fusionarse. La unidad de delincuencia organizada se fusiona con las unidades penales que tienen competencia (…) y se fortalece”, afirmó.

Judicatura argumenta una desigual carga procesal

Caicedo aseguró que la decisión responde, entre otros factores, a la diferencia en el volumen de procesos que manejan las distintas dependencias judiciales.

Según las cifras expuestas por la funcionaria, la unidad anticorrupción opera con una carga del 18 % de su capacidad, mientras otras unidades, tribunales y salas penales han sobrepasado el 100 %.

Entre 2023 y 2026, la dependencia anticorrupción recibió aproximadamente 6.253 causas, pero actualmente mantiene unas 484 en trámite. En contraste, las unidades penales involucradas en la reorganización acumulan alrededor de 5.342 procesos pendientes.

“No estamos diciendo que sea una unidad fracasada. Jamás hemos dicho eso. Creemos que hay jueces valientes y valiosos en esa unidad”, enfatizó.

Déficit de USD 83 millones para 2027

La presidenta de la Judicatura reconoció que el presupuesto también influyó en la reorganización, aunque sostuvo que no constituye la única razón.

El CJ calcula que necesitará alrededor de USD 445 millones en 2027, pero el techo presupuestario previsto alcanza los USD 362 millones. Esto dejaría un déficit de aproximadamente USD 83 millones.

Según Caicedo, esa brecha impediría contratar alrededor de 700 jueces que hacen falta en el sistema judicial. “83 millones que no me permiten realizar la contratación de los 700 jueces que me faltarían. Entonces, lo que tengo que hacer es optimizar recursos”, afirmó.

La reorganización generó inquietudes entre jueces, fiscales y abogados por audiencias fallidas y eventuales nulidades. Caicedo aseguró que la resolución establece qué ocurrirá con los procesos que ya se encontraban avanzados.

Según explicó, las causas con audiencias instaladas, suspendidas o pendientes de decisión, resolución o sentencia permanecerán a cargo de los mismos jueces hasta su conclusión.

La funcionaria también señaló que, entre 2021 y 2026, los jueces anticorrupción registraron 733 audiencias fallidas y 418 diferidas.

Concurso para jueces nacionales comenzará en 2026

Caicedo anunció además que el concurso para seleccionar jueces de la Corte Nacional de Justicia comenzará este año. Aseguró que el reglamento está listo y que el CJ espera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social complete la selección de los veedores necesarios para convocar formalmente al proceso.

“Le garantizo que el proceso comienza este año”, afirmó. Mientras concluye ese trámite, la Judicatura trabaja en las metodologías y en la definición de las pruebas de confianza que serán aplicadas a los postulantes.