La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quedó oficialmente fuera del concurso para Fiscal General del Estado. La resolución la adoptó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) con cinco votos durante la sesión de este viernes 23 de octubre de 2026.

Camacho lideraba el proceso como la aspirante mejor calificada al obtener 48 de 50 puntos posibles. Aunque la Comisión Ciudadana de Selección había rechazado la impugnación en su contra, el Pleno del organismo resolvió aceptarla y desestimar la apelación presentada.

Argumentos sobre la excusa legal

La magistrada había denunciado previamente que su salida respondía a una supuesta falta de probidad por apartarse del caso Las Torres. Camacho defendió su actuación al recordar que excusarse constituye un deber legal ante la amistad con el excontralor Pablo Celi.

En su momento, la jueza cuestionó que la transparencia procesal sea utilizada como causal de sanción. Junto a ella, la segunda mejor puntuada del concurso, la jueza provincial Inés Romero, también fue descalificada por el Pleno.

Candidatos vigentes en el proceso

Tras la resolución de 21 descalificaciones en esta etapa, el concurso continúa con cinco postulantes en carrera que ya no registran apelaciones pendientes. La lista la integran Carlos Alarcón Argudo, Andrea Cazar Villacís, Patricio Haro Aldean, Juan Guaño Costales y Mario Fonseca Vallejo.

El Cpccs evacuó los casos de manera individual durante la jornada virtual, dejando reducida la terna inicial de aspirantes que buscaban suceder a la Fiscalía General.

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La expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, ingresó al Centro de Privación de Libertad de Riobamba pasadas las 21:00 del viernes 23 de octubre de 2026. La exfuncionaria cumple la orden de prisión preventiva dispuesta dentro de un proceso penal en su contra.

González permanecía bajo custodia en el Cuartel Modelo de Guayaquil tras su detención el pasado jueves en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí. Las autoridades policiales coordinaron un operativo interprovincial para ejecutar su traslado hacia el centro carcelario de Chimborazo.

Operativo aéreo y terrestre de alta seguridad

El traslado comenzó la tarde del viernes mediante un despliegue aéreo desde Guayaquil hasta el aeropuerto de Latacunga, en Cotopaxi. Desde ese punto, un convoy blindado con unidades tácticas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas completó el trayecto por vía terrestre.

En los exteriores del penal de Riobamba se levantó un cerco de seguridad ante la presencia de simpatizantes que acudieron a manifestar su rechazo a la orden judicial. Durante la vigilia estuvo presente la asambleísta Patricia Núñez.

Cargo e investigación fiscal

La medida cautelar rige dentro de una instrucción fiscal de 90 días por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía General del Estado indaga el supuesto origen e ingreso ilícito de 500.000 dólares a la campaña electoral del año 2023.

El expediente judicial salpica también a Santiago Díaz y Wendy Onofre dentro de la misma causa. Por su parte, Luisa González rechazó la acusación y atribuyó el proceso judicial a una persecución política en su contra.

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El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, señaló este viernes que la detención de la excandidata presidencial, Luisa González, responde a una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el financiamiento de su campaña electoral de 2023. A través de un video difundido en su cuenta de X, el funcionario expuso los principales elementos que, según el Gobierno, están bajo análisis de la Fiscalía General del Estado.

Neira sostuvo que las investigaciones buscan determinar la procedencia y el destino de aproximadamente USD 500.000 que habrían sido utilizados para cubrir gastos de campaña sin una justificación económica verificable.

“¿Quién auspicia una campaña política con cientos de miles de dólares en efectivo?, ¿de dónde salieron esos recursos y por qué no fueron declarados?”, cuestionó Neira durante su pronunciamiento.

El caso Laberinto también indaga la posible utilización de recursos procedentes de la comercialización ilegal de hidrocarburos, así como movimientos financieros y relaciones empresariales que podrían estar vinculados con el financiamiento electoral.

¿De dónde habrían salido los USD 500.000 investigados?

Según Neira, una de las hipótesis de la Fiscalía apunta al presunto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del binomio integrado por Luisa González y Andrés Arauz en 2023.

El funcionario señaló que los investigadores buscan reconstruir la circulación de esos recursos, identificar a quienes participaron en las operaciones y establecer si existieron mecanismos para ocultar su procedencia.

Como parte de su exposición, mencionó supuestos mensajes intercambiados el 26 de junio de 2023 entre un cooperador de la investigación y un contacto registrado como “Aquiles Álvarez 1”.

De acuerdo con la versión difundida por Neira, en esa conversación se habría consultado por un presupuesto de USD 500.000 para gastos electorales, incluidos brigadistas, camisetas y otras actividades, con la indicación de realizar pagos en efectivo.

Estos mensajes constituyen elementos mencionados dentro de la investigación, pero su alcance y valor probatorio deberán determinarse en el proceso judicial.

Empresa vinculada a Aquiles Álvarez aparece en la investigación

Otro de los aspectos que examinan las autoridades es una posible relación entre el financiamiento de la campaña de González y la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.

Según expedientes del caso Laberinto citados por PRIMICIAS, la compañía fue constituida en 2017 para la comercialización de combustibles y entre sus fundadores figuran Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier.

Los investigadores analizan si una matriz de control financiero de esa empresa registró aproximadamente USD 725.933 destinados a la campaña presidencial de González.

El monto se habría distribuido de la siguiente manera:

• USD 447.933 para la primera vuelta electoral.
• USD 278.000 para la segunda vuelta.

Estos valores, mencionados en los expedientes citados por el medio, no deben confundirse con los aproximadamente USD 500.000 a los que se refirió Neira en su pronunciamiento.

La Fiscalía deberá establecer si los registros corresponden a operaciones reales, cuál fue el origen de los fondos y si existe alguna responsabilidad penal.

Operaciones por más de USD 400.000 despiertan sospechas

El secretario de la Administración Pública también se refirió a un análisis financiero realizado sobre operaciones correspondientes al período 2020-2026.

Según su exposición, se habrían identificado más de USD 400.000 en ingresos cuya justificación económica no pudo establecerse inicialmente.

Neira aseguró que aproximadamente el 80 % de esos recursos se habría recibido durante apenas dos meses mediante depósitos en efectivo y transferencias bancarias.

También señaló que varias operaciones habrían sido realizadas por terceros sin relaciones comerciales, contractuales o laborales que explicaran los movimientos de dinero.

Entre otros elementos mencionados por Neira constan posibles diferencias entre valores facturados y movimientos bancarios, transferencias entre familiares, retiros de efectivo y adquisiciones de inmuebles que requerirían una explicación sobre la procedencia de los recursos.

¿Quiénes están involucrados en el caso Laberinto?

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, cuatro personas enfrentan la audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos:

• Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana.
• Santiago Díaz, exasambleísta.
• Estefanía Molina, vinculada al entorno de González.
• Wendy Lorena Onofre, secretaria del movimiento RETO, quien se entregó a las autoridades en Guayas.

La investigación también menciona a otras personas, entre ellas Andrés Arauz, aunque debe distinguirse entre quienes aparecen en las indagaciones y quienes enfrentan cargos formalmente en esta etapa procesal.

Audiencia de formulación de cargos continúa este viernes

La audiencia de formulación de cargos contra González y otras tres personas continuaba la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026. La excandidata presidencial permanecía en el Cuartel Modelo de Guayaquil, después de su detención el jueves 22 de octubre.

Durante la diligencia, la autoridad judicial deberá resolver las solicitudes de medidas cautelares presentadas dentro del proceso, incluida una eventual prisión preventiva.

Neira defendió la necesidad de investigar el origen de los recursos utilizados en campañas políticas y sostuvo que las reglas de transparencia deben aplicarse sin distinciones partidistas. “El caso Laberinto debe esclarecerse con evidencia”, afirmó.

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La Fiscalía General del Estado ejecutó este miércoles seis allanamientos en el sur de Quito y en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, como parte de una investigación contra una presunta organización delictiva mediante la modalidad conocida como el “cambiazo”.

Durante el operativo, desarrollado en coordinación con la Policía Nacional, se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra cuatro personas investigadas por presunta delincuencia organizada con fines de estafa.

Según las investigaciones, los integrantes del grupo se habrían hecho pasar por médicos, funcionarios de salud y otras personas para ganarse la confianza de sus víctimas, principalmente adultos mayores, en lugares de alta concurrencia.

La Fiscalía informó que los sospechosos habrían actuado en los exteriores de hospitales públicos, centros comerciales y otros espacios frecuentados por la ciudadanía.

Así operaba la presunta red de estafadores

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los investigados utilizaban la modalidad del “cambiazo” para engañar a las personas adultas mayores.

Para acercarse a sus víctimas, los sospechosos presuntamente simulaban desempeñar funciones médicas o estar vinculados con instituciones de salud.

Esta estrategia les habría permitido generar confianza y ejecutar los engaños en espacios públicos. La Fiscalía no ha precisado cuántas personas habrían resultado perjudicadas ni el monto económico de las presuntas estafas.

Allanamientos en cinco sectores de Quito y Alausí

Las intervenciones se realizaron en distintos puntos del sur de la capital y en Chimborazo. En Quito, los procedimientos se concentraron en los sectores de Solanda, La Mena, El Calzado, Chillogallo y Santa Anita, mientras que otro de los allanamientos tuvo lugar en el cantón Alausí.

Durante las diligencias, los agentes levantaron varios indicios que serán incorporados a la investigación, entre ellos:

• Teléfonos celulares.
• Dinero en efectivo.
• Billetes de lotería.
• Joyas y otros objetos.

Estos elementos serán analizados para determinar su posible relación con las actividades atribuidas a los investigados. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) 9 de Pichincha, que inició las indagaciones previas en junio de 2026.

Según el Ministerio Público, los elementos recopilados durante los allanamientos, junto con la información que consta en el expediente, servirán de sustento para la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía anunció que formulará cargos contra los cuatro investigados por presunta delincuencia organizada con fines de estafa en las próximas horas.

Las autoridades deberán determinar la participación individual de los sospechosos y establecer el alcance de las presuntas actividades ilícitas.

El caso continúa en investigación y las personas involucradas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.

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Un juez dictó prisión preventiva contra Roberto Cristóbal A., funcionario del área de mantenimiento del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, por su presunta participación en una estructura de corrupción que habría ofrecido puestos de trabajo y otros beneficios a cambio de dinero.

La medida fue confirmada por la Fiscalía General del Estado este miércoles, 14 de octubre de 2026, un día después de los allanamientos ejecutados en la sede principal de la institución, en Quito, y en otros inmuebles vinculados con la investigación.

El funcionario es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el investigado habría registrado movimientos económicos injustificados cercanos al millón de dólares.

Las autoridades sospechan que la organización ofrecía puestos en instituciones educativas públicas mediante pagos que podían alcanzar los USD 5.000, mientras que otras gestiones, como la obtención de títulos académicos, habrían involucrado cantidades superiores.

Una denuncia ciudadana permitió iniciar la investigación

El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, informó que las investigaciones comenzaron a partir de una alerta ciudadana recibida en abril de 2026 por la Secretaría General de Integridad Pública.

Con el apoyo del Ministerio de Educación, la entidad recopiló información sobre las presuntas irregularidades y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades penales.

Neira explicó que el principal investigado habría recibido cantidades de entre USD 1.000 y USD 10.000 de diferentes ciudadanos a cambio de gestionar nombramientos, títulos académicos y otros beneficios.

La Secretaría de Integridad Pública también coordinó acciones con la unidad especializada de la Policía Nacional encargada de investigar delitos contra la eficiencia de la administración pública.

Según el funcionario, las diligencias permitieron contrastar información, reconstruir las operaciones sospechosas e identificar a otras personas que podrían estar relacionadas con el caso.

Así habría funcionado el esquema de cobros ilegales

Las investigaciones preliminares identificaron un posible mecanismo mediante el cual se solicitaban pagos a ciudadanos interesados en obtener beneficios dentro del sistema educativo.

De acuerdo con la explicación de Neira, una persona acordaba una cantidad de dinero con el principal investigado para conseguir un título académico. Después de realizar la transferencia, los fondos eran retirados y entregados a un servidor público del Ministerio de Educación.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la presunta organización contaba con una distribución de funciones.

Uno de los involucrados habría actuado como intermediario para contactar a los interesados en conseguir puestos de trabajo, mientras otro presuntamente recibía y distribuía el dinero. Las autoridades investigan si este mecanismo se mantuvo durante varios años y si existen más funcionarios implicados.

Tres trabajadores fueron aprehendidos durante los allanamientos

Los operativos se desarrollaron el martes 13 de octubre en las instalaciones del Ministerio de Educación y en domicilios relacionados con el proceso investigativo.

Durante las diligencias fueron aprehendidos tres trabajadores de la institución: Roberto Cristóbal A., del área de mantenimiento; Pablo Benjamín F., de servicios generales; y Ochoa N., vinculado al área de conducción.

La Fiscalía confirmó la prisión preventiva del primero, mientras que hasta la información difundida este miércoles no se había precisado la situación jurídica de los otros dos trabajadores, quienes fueron retenidos con fines investigativos.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, advirtió que las irregularidades podrían involucrar a más servidores públicos y extenderse a otras provincias, por lo que continuarán las investigaciones internas.

Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción

La información divulgada por las autoridades menciona distintas figuras penales relacionadas con los hechos investigados. Mientras la Fiscalía confirmó el procesamiento de Roberto Cristóbal A. por presunto tráfico de influencias, la Secretaría General de Integridad Pública señaló que parte de los hechos denunciados también se examinan bajo la hipótesis de cohecho.

El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla sanciones para servidores públicos que reciban beneficios indebidos y para particulares que los ofrezcan, prometan o entreguen.

Neira recordó que, dependiendo de las circunstancias previstas en la normativa, las penas por cohecho pueden oscilar entre uno y siete años de prisión.

La Secretaría General de Integridad Pública insistió en la importancia de denunciar posibles irregularidades en las instituciones estatales para que sean investigadas por las autoridades competentes.

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La Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante el proceso de designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, resolvió las impugnaciones el pasado 6 de octubre de 2026.

Los cinco candidatos que superaron esta etapa son:

• Carlos Leonardo Alarcón
• Mario Fonseca Vallejo
• Juan Guaño Costales
• Andrea Cazar Villacís
• Patricio Haro Aldean

Estos postulantes podrán continuar hacia la fase de oposición, que contempla evaluaciones escritas y orales. No obstante, el número de participantes podría aumentar si el Cpccs acepta alguna de las apelaciones presentadas por los aspirantes excluidos.

La Comisión Ciudadana de Selección notificó el lunes 12 de octubre a los 21 candidatos que no superaron la etapa de impugnación ciudadana. Aunque las decisiones se adoptaron el 6 de octubre, el feriado nacional por la Independencia de Guayaquil incidió en el calendario de notificaciones.

A partir de la notificación, los postulantes descalificados disponen de tres días para presentar sus apelaciones ante la Secretaría del Cpccs. Una vez recibidos los recursos, los expedientes serán remitidos a la Coordinación de Asesoría Jurídica, que tendrá tres días para elaborar los informes correspondientes.

Estos documentos no serán vinculantes, por lo que el Pleno del Cpccs podrá adoptar una decisión distinta a la recomendación jurídica.

Posteriormente, los siete integrantes del organismo dispondrán de dos días para resolver los recursos y determinar si se mantienen las descalificaciones o si algunos candidatos pueden reincorporarse al concurso.

Las resoluciones serán remitidas nuevamente a la Comisión Ciudadana de Selección, que contará con otros dos días para elaborar el informe final con los nombres de los aspirantes habilitados para continuar en el proceso.

Según el cronograma previsto, la lista definitiva de candidatos que rendirán la prueba escrita estaría lista a finales de octubre de 2026. El concurso para elegir al próximo fiscal general continúa en medio de cuestionamientos sobre el proceso de selección y tras la destitución de David Rosero como consejero del Cpccs, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de octubre.

La resolución de las apelaciones será determinante para establecer cuántos candidatos continuarán en la competencia por dirigir la Fiscalía General del Estado.

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La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el 8 de octubre de 2026 el informe sobre la supresión de las unidades anticorrupción. La decisión valida la medida administrativa dispuesta por el Consejo de la Judicatura el pasado 7 de septiembre.

El documento contó con los votos favorables de los legisladores oficialistas Rosa Torres, Kevin Gallardo, Esteban Torres, Josebeth Jaramillo, Marco Olmedo y Nuvia Vega. Por su parte, Gabriela Molina, Eliana Correa y César Palacios, de la Revolución Ciudadana (RC), votaron en contra. Fernando Nantipia (PK) estuvo ausente.

Argumentos que sustentan la reorganización judicial

El dictamen aprobado sostiene que la resolución de la Judicatura responde a una reorganización procesal permitida por el Código Orgánico de la Función Judicial. Según el texto, la medida no elimina la competencia especializada contra la corrupción y el crimen organizado.

Asimismo, el informe señala que la reestructuración redistribuye causas hacia más de 50 juzgadores capacitados en todo el país. Esta acción busca descongestionar la justicia penal común ante la baja carga procesal que registraba la dependencia extinta.

Oposición denuncia falta de debate y la Corte analiza el caso

Asambleístas de la RC y del Partido Social Cristiano cuestionaron que la mesa no convocó a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo. Además, denunciaron que la titular de la comisión, Rosa Torres, dio paso a la votación sin permitir el debate de legisladores como Viviana Veloz y Paola Cabezas.

El texto pasará al Pleno parlamentario, donde el oficialismo cuenta con la mayoría requerida para su ratificación. En paralelo, la Corte Constitucional tramita seis acciones legales presentadas por juristas y exjueces para intentar revocar la decisión del organismo judicial.

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La decisión favorece a ocho tripulantes del barco Conquista 2 y a otros 24 del María Candelaria. Ambas embarcaciones forman parte de los ocho pesqueros hundidos durante operaciones militares estadounidenses realizadas en cooperación con Ecuador entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026.

Los procesados habían sido señalados por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y con la organización criminal Los Choneros. Sin embargo, durante el juicio no se presentaron pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal.

“Una vez que la jueza revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía determinó que no se había podido probar que estas embarcaciones y esta tripulación hubieran cometido algún acto ilícito. No existía delito”, explicó a la agencia EFE Juan Alvia, abogado de los procesados.

Fiscalía no presentó informes estadounidenses sobre presunto narcotráfico

El Comando Sur de Estados Unidos había señalado que las embarcaciones presuntamente funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a lanchas utilizadas en el transporte de drogas hacia Norteamérica.

No obstante, según Alvia, la Fiscalía ecuatoriana no presentó durante el juicio informes de las autoridades estadounidenses que vincularan directamente a sus defendidos con investigaciones por narcotráfico o tráfico de combustibles.

“Son documentos que no existen”, sostuvo el abogado al referirse a los informes que, según indicó, no fueron incorporados al proceso.

La resolución judicial corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que todavía podría ser impugnada. Sin embargo, Alvia considera que la Fiscalía no apelará debido a la falta de evidencias.

Otros 56 tripulantes esperan decisiones judiciales

Este es el primero de tres procesos judiciales relacionados con 88 tripulantes de cinco embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos que llega a sentencia.

El segundo juicio está previsto para el jueves 8 de octubre e involucra a 46 tripulantes. Un tercer proceso, correspondiente a otras diez personas, fue aplazado del 1 al 20 de octubre.

El abogado espera que los jueces encargados de esos casos también dicten sentencias absolutorias, al considerar que los hechos investigados presentan características similares.

Además, señaló que otros 70 tripulantes relacionados con las embarcaciones hundidas, así como algunas personas detenidas en fechas diferentes, no recibieron cargos penales.

Tripulantes analizan acciones por destrucción de embarcaciones

Tras la sentencia, los 32 tripulantes, quienes afrontaron el proceso bajo medidas que les permitían permanecer en libertad, analizarán posibles acciones legales.

Según su abogado, entre las alternativas se encuentra solicitar a la Fiscalía una investigación sobre la destrucción de los barcos pesqueros y las circunstancias en que sus ocupantes fueron retenidos antes de ser entregados a militares ecuatorianos.

Los tripulantes han denunciado haber sufrido un presunto secuestro durante esos procedimientos, una acusación que requeriría investigación.

Human Rights Watch pide investigar los bombardeos

El caso también ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en aguas del Pacífico.

El pasado 2 de octubre, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador explicar los fundamentos legales de los ataques e investigar las denuncias de posibles abusos contra los tripulantes.

La sentencia absolutoria abre una nueva etapa judicial para los ocupantes del Conquista 2 y del María Candelaria, mientras continúan pendientes los procesos contra los otros 56 tripulantes.

Foto y fuente: EFE

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La Comisión Ciudadana de Selección aprobó este martes 6 de octubre los informes individuales derivados de la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.

La decisión deja fuera provisionalmente a dos de las candidatas que encabezaban el concurso. Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, había obtenido 48 de 50 puntos, mientras Romero, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, alcanzó 47,25 puntos.

Sin embargo, las descalificaciones todavía pueden ser apeladas ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Tres impugnaciones contra Inés Romero fueron aceptadas

Inés Maritza Romero enfrentó varias objeciones durante esta etapa del concurso. Tras analizar los informes correspondientes, la Comisión de Selección resolvió aceptar tres impugnaciones, lo que derivó en su descalificación.

Las audiencias públicas de impugnación se desarrollaron entre el 14 de septiembre y el 1 de octubre. Las resoluciones deberán ser notificadas a los involucrados entre el 7 y el 12 de octubre.

Una impugnación deja fuera a Daniella Camacho

En el caso de Daniella Camacho, la Comisión aceptó una de las seis impugnaciones presentadas contra su candidatura. La resolución no obtuvo respaldo unánime. Según la información difundida tras la sesión, el comisionado Hugo Ludeña emitió un voto disidente, mientras la presidenta de la Comisión, Cynthia Jacho, se abstuvo.

Además, dos objeciones contra Camacho fueron archivadas. Una correspondía a Hamilton Rickard Taramuel Terpe, quien no acudió a la audiencia respectiva.

Con la decisión, Camacho queda momentáneamente fuera de la fase de oposición, pese a haber alcanzado el mayor puntaje en la etapa de méritos.

Walter Macías también queda fuera del proceso

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías tampoco continuará, por ahora, hacia la fase de oposición. La Comisión aceptó dos de las tres impugnaciones presentadas en su contra. De mantenerse la resolución, Macías no podrá rendir la prueba escrita prevista para los aspirantes que superen esta etapa.

Carlos Alarcón pasa a liderar provisionalmente el concurso

La salida provisional de Camacho y Romero modifica el escenario del concurso. Carlos Alarcón, actual fiscal general encargado, pasa a ocupar el primer lugar entre los aspirantes que continúan en carrera. Alarcón había obtenido 46,5 puntos sobre 50, detrás de Camacho y Romero.

En su contra se presentó una impugnación. Sin embargo, la Comisión la archivó debido a que el impugnante no acudió a la audiencia pública. Así, Alarcón continúa hacia la siguiente etapa del proceso, mientras se define la situación de las candidatas descalificadas.

El Pleno del CPCCS podría revertir las descalificaciones

Las decisiones de la Comisión Ciudadana de Selección todavía no representan necesariamente la salida definitiva de Camacho, Romero y los demás postulantes afectados.

Tanto los candidatos como los ciudadanos que presentaron impugnaciones podrán apelar las resoluciones ante el Pleno del CPCCS.

Según el cronograma señalado durante el proceso, las apelaciones podrían presentarse entre el 13 y el 15 de octubre. En caso de que sean interpuestas, corresponderá a los vocales del Consejo resolverlas.

Por ello, la conformación definitiva del grupo que avanzará hacia la fase de oposición dependerá de las decisiones que se adopten sobre eventuales recursos.

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Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue intervenido quirúrgicamente la noche de este viernes 2 de octubre. La operación se realizó debido a una dolencia en la vesícula. Cerca de las 22:50 se confirmó que el procedimiento concluyó sin contratiempos. Actualmente, el burgomaestre se encuentra en etapa de recuperación postoperatoria antes de su traspaso a una habitación.

El traslado hacia el centro asistencial comenzó al final de la tarde del viernes. Alrededor de las 17:20, la caravana de custodia dejó la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. El contingente avanzó directo hacia la ciudad de Guayaquil. Al llegar al Hospital Alcívar, pasadas las 18:30, la autoridad municipal bajó de la unidad médica por sus propios medios. De inmediato iniciaron los exámenes previos a la cirugía.

Antecedentes médicos y orden de traslado

Esta intervención no constituye el primer episodio ligado al problema vesicular de Álvarez. En julio pasado, el funcionario acudió al mismo centro médico para chequeos especializados. En aquella ocasión, los doctores le recomendaron operarse. Sin embargo, el paciente optó por no someterse a la cirugía en ese momento.

La situación cambió tras las molestias reportadas en las últimas horas dentro del recinto penal. Los médicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) evaluaron su cuadro. Al detectar la gravedad de la dolencia, ordenaron su traslado urgente a una casa de salud especializada.

Acompañamiento legal y tiempo de recuperación

Antes del ingreso al quirófano, el abogado del alcalde, Julio César Cueva, ofreció declaraciones. El jurista señaló que no tenía acceso a reportes detallados sobre la salud de su defendido. Por esa razón, busco ingresar a la clínica junto a Fiorella Ycaza, esposa del alcalde.

Tras el éxito del procedimiento, la etapa de observación y recuperación médica tomará unas 48 horas. Transcurrido ese lapso, las autoridades del SNAI definirán el retorno del privado de libertad bajo custodia policial.

Álvarez permanece recluido en el penal de Santa Elena desde febrero de 2026. El funcionario afronta dos condenas: una por comercio irregular de combustible (caso Triple A) y otra por incumplimiento de decisiones judiciales (caso Grillete). Adicionalmente, la justicia mantiene abierta una investigación en su contra por presunto lavado de activos en el denominado caso Goleada.

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