El trabajador del área de mantenimiento del Ministerio de Educación es investigado por presunto tráfico de influencias. Una denuncia ciudadana permitió descubrir una posible red que habría cobrado entre USD 1.000 y USD 10.000 por gestionar empleos, títulos académicos y otros beneficios.
Un juez dictó prisión preventiva contra Roberto Cristóbal A., funcionario del área de mantenimiento del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, por su presunta participación en una estructura de corrupción que habría ofrecido puestos de trabajo y otros beneficios a cambio de dinero.
La medida fue confirmada por la Fiscalía General del Estado este miércoles, 14 de octubre de 2026, un día después de los allanamientos ejecutados en la sede principal de la institución, en Quito, y en otros inmuebles vinculados con la investigación.
El funcionario es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el investigado habría registrado movimientos económicos injustificados cercanos al millón de dólares.
Las autoridades sospechan que la organización ofrecía puestos en instituciones educativas públicas mediante pagos que podían alcanzar los USD 5.000, mientras que otras gestiones, como la obtención de títulos académicos, habrían involucrado cantidades superiores.
Una denuncia ciudadana permitió iniciar la investigación
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, informó que las investigaciones comenzaron a partir de una alerta ciudadana recibida en abril de 2026 por la Secretaría General de Integridad Pública.
Con el apoyo del Ministerio de Educación, la entidad recopiló información sobre las presuntas irregularidades y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades penales.
Neira explicó que el principal investigado habría recibido cantidades de entre USD 1.000 y USD 10.000 de diferentes ciudadanos a cambio de gestionar nombramientos, títulos académicos y otros beneficios.
La Secretaría de Integridad Pública también coordinó acciones con la unidad especializada de la Policía Nacional encargada de investigar delitos contra la eficiencia de la administración pública.
Según el funcionario, las diligencias permitieron contrastar información, reconstruir las operaciones sospechosas e identificar a otras personas que podrían estar relacionadas con el caso.
Así habría funcionado el esquema de cobros ilegales
Las investigaciones preliminares identificaron un posible mecanismo mediante el cual se solicitaban pagos a ciudadanos interesados en obtener beneficios dentro del sistema educativo.
De acuerdo con la explicación de Neira, una persona acordaba una cantidad de dinero con el principal investigado para conseguir un título académico. Después de realizar la transferencia, los fondos eran retirados y entregados a un servidor público del Ministerio de Educación.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la presunta organización contaba con una distribución de funciones.
Uno de los involucrados habría actuado como intermediario para contactar a los interesados en conseguir puestos de trabajo, mientras otro presuntamente recibía y distribuía el dinero. Las autoridades investigan si este mecanismo se mantuvo durante varios años y si existen más funcionarios implicados.
Tres trabajadores fueron aprehendidos durante los allanamientos
Los operativos se desarrollaron el martes 13 de octubre en las instalaciones del Ministerio de Educación y en domicilios relacionados con el proceso investigativo.
Durante las diligencias fueron aprehendidos tres trabajadores de la institución: Roberto Cristóbal A., del área de mantenimiento; Pablo Benjamín F., de servicios generales; y Ochoa N., vinculado al área de conducción.
La Fiscalía confirmó la prisión preventiva del primero, mientras que hasta la información difundida este miércoles no se había precisado la situación jurídica de los otros dos trabajadores, quienes fueron retenidos con fines investigativos.
La ministra de Educación, Gilda Alcívar, advirtió que las irregularidades podrían involucrar a más servidores públicos y extenderse a otras provincias, por lo que continuarán las investigaciones internas.
Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción
La información divulgada por las autoridades menciona distintas figuras penales relacionadas con los hechos investigados. Mientras la Fiscalía confirmó el procesamiento de Roberto Cristóbal A. por presunto tráfico de influencias, la Secretaría General de Integridad Pública señaló que parte de los hechos denunciados también se examinan bajo la hipótesis de cohecho.
El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla sanciones para servidores públicos que reciban beneficios indebidos y para particulares que los ofrezcan, prometan o entreguen.
Neira recordó que, dependiendo de las circunstancias previstas en la normativa, las penas por cohecho pueden oscilar entre uno y siete años de prisión.
La Secretaría General de Integridad Pública insistió en la importancia de denunciar posibles irregularidades en las instituciones estatales para que sean investigadas por las autoridades competentes.
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