Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, fue detenido este miércoles 4 de noviembre, en Guayaquil, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que Bucaram tiene una notificación roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos, país al que podría ser enviado una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes.

En la misma intervención fueron detenidos William José Briones López y Geovanny Fernández Menéndez, según la información difundida por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han precisado los delitos por los que los tres ciudadanos son requeridos en territorio estadounidense.

Jacobo Bucaram recibió una condena de nueve años y cuatro meses en Ecuador

La nueva detención ocurre menos de dos meses después de que Jacobo Bucaram y su padre fueran sentenciados por delincuencia organizada en Ecuador.

El 9 de septiembre de 2026, un tribunal impuso a ambos una pena de nueve años y cuatro meses de prisión por su participación en un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia de 2020.

La resolución también estableció una multa de 20 salarios básicos unificados, equivalente a USD 9.640. Sin embargo, la sentencia fue dictada en primera instancia y todavía no está ejecutoriada, por lo que no constituye una condena firme.

El proceso se originó en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la venta de insumos médicos durante la emergencia sanitaria.

Abdalá Bucaram cuestiona la detención de su hijo

Tras conocerse el operativo, el expresidente Abdalá Bucaram confirmó públicamente la identidad del detenido y cuestionó las circunstancias del procedimiento. Mediante una publicación en X, sostuvo que su hijo desconocía las razones de la notificación roja de Interpol emitida en su contra.

También mencionó a la exministra de Gobierno María Paula Romo, a quien atribuyó responsabilidad en la detención, sin presentar elementos que sustenten esa acusación.

Por su parte, Reimberg afirmó que las capturas responden al trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad.

El ministro insistió en que las personas con procesos pendientes ante la justicia deberán responder ante las autoridades correspondientes.

Detención en Colombia durante 2020

En septiembre de 2020, Bucaram fue detenido en Colombia en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la comercialización de insumos médicos durante la pandemia.

Posteriormente fue expulsado de ese país y trasladado a Ecuador, donde permaneció inicialmente en la cárcel de Cotopaxi antes de ser llevado a Guayaquil.

En otro proceso relacionado con la presunta comercialización irregular de insumos médicos, en el que también figuraban Noé y Daniel Salcedo Bonilla, integrantes de la familia Bucaram Pulley recibieron un sobreseimiento en mayo de 2021. La Fiscalía apeló la decisión, pero el recurso fue rechazado por haber sido presentado fuera del plazo establecido.

Investigación por piezas arqueológicas

Jacobo Bucaram y su padre también fueron investigados por presunto tráfico ilícito de bienes patrimoniales. El caso surgió después de que, durante un allanamiento realizado en junio de 2020, las autoridades encontraran 22 piezas arqueológicas en una vivienda de la familia.

Ambos fueron sobreseídos en este proceso. La Corte Provincial del Guayas rechazó una apelación de la Fiscalía al considerar que los elementos recopilados no eran suficientes para sustentar la existencia de la infracción ni la responsabilidad penal de los investigados.

Aprehensión durante una fiesta en Guayaquil

En mayo de 2024, Jacobo Bucaram estuvo entre las aproximadamente 30 personas detenidas durante una intervención policial en una finca ubicada en la vía a la costa, en Guayaquil.

El evento fue conocido públicamente como la «narcofiesta», debido a la presencia de personas señaladas por las autoridades como integrantes o cabecillas de organizaciones criminales.

Entre los asistentes identificados figuraban alias Fede y Celso Miguel Moreira Heredia, conocido como alias Patucho Celso, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en junio de 2026.

La entrada Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, es detenido en Guayaquil se publicó primero en Primera Plana.

El presidente Daniel Noboa encargó a la Ministra de Gobierno, Nataly Morillo, la representación del Ejecutivo ante el Consejo de Gobierno de Galápagos. Morillo reemplaza a Felipe Haro, quien fue removido. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 528, suscrito este miércoles, 4 de noviembre, por el mandatario.

El cambio se produce en medio de la emergencia que atraviesa Galápagos por las intensas precipitaciones, que han dejado una persona fallecida, miles de afectados y daños en viviendas e infraestructura, especialmente en la isla Santa Cruz.

El documento presidencial establece en su primer artículo la terminación de las funciones de Felipe Haro como representante del presidente de la República ante el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

Nataly Morillo anuncia prioridades ante la emergencia

Tras conocerse su designación, Morillo se pronunció en su cuenta de X sobre las acciones que prevé impulsar durante la emergencia.

La funcionaria señaló que su gestión estará enfocada en fortalecer la asistencia a las familias damnificadas, acelerar la distribución de ayuda humanitaria y contribuir a la recuperación de los sectores afectados.

Entre sus prioridades también mencionó el restablecimiento de los servicios básicos y la reactivación del turismo, una de las principales actividades económicas del archipiélago.

Morillo afirmó que asumirá la conducción del Consejo de Gobierno por disposición del presidente Noboa y que trabajará para atender las necesidades de la población afectada por las lluvias.

Galápagos enfrenta inundaciones y evacuaciones

La nueva designación coincide con una de las emergencias más graves registradas recientemente en el archipiélago. En Santa Cruz, al menos nueve sectores permanecen bajo medidas de evacuación, mientras las autoridades mantienen restricciones para el regreso de las familias a sus viviendas.

La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, informó que entre 130 y 160 personas continúan en refugios temporales y que las clases permanecen suspendidas hasta que existan condiciones seguras para retomarlas.

Las autoridades también han contabilizado aproximadamente 600 toneladas de escombros y continúan con las evaluaciones de daños en viviendas e infraestructura.

En este contexto, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos tendrá entre sus principales desafíos la coordinación institucional de las medidas de respuesta y recuperación.

Foto: El Universo

La entrada Noboa encarga a ministra Nataly Morillo el Consejo de Gobierno de Galápagos se publicó primero en Primera Plana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolla el Primer Simulacro Nacional de las elecciones seccionales desde la mañana de este domingo 1 de noviembre de 2026.

Las autoridades electorales ejecutan la actividad de forma simultánea en las 24 provincias del país para poner a punto la logística del proceso.

Evaluación técnica y procesamiento de actas

José Cabrera Zurita, presidente del CNE, confirmó que la jornada evalúa el 100 % de los componentes técnicos del sistema electoral.

El funcionario explicó que el simulacro valida la efectividad de los planes de contingencia diseñados para las comicios.

Durante la prueba, los equipos procesarán cerca de 270.000 actas de escrutinio correspondientes a las distintas dignidades a elegir.

Asimismo, la institución habilitó 2.713 recintos electorales a escala nacional para la simulación operativa de los comicios.

Autoridades desplegadas y fuerza pública

José Cabrera Zurita encabezó el acto inaugural en Pichincha junto a la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma Peralta.

Los consejeros electorales Elena Nájera Moreira y José Merino Abad también acompañaron el inicio del simulacro en la provincia pichinchana.

Por su parte, el consejero Enrique Pita lideró las actividades operativas en la provincia del Guayas.

El simulacro moviliza a delegados de organizaciones políticas, cuerpo consular, servidores electorales, 7.520 miembros de las Fuerzas Armadas y 7.620 efectivos de la Policía Nacional.

Calendario y proyección electoral

Las elecciones seccionales definitivas tendrán lugar el 29 de noviembre de 2027 en todo el territorio ecuatoriano.

En esa jornada, la ciudadanía elegirá a las nuevas autoridades locales y a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La entrada CNE ejecuta primer simulacro de seccionales se publicó primero en Primera Plana.

La Junta Provincial Electoral de Pichincha anunció la calificación de 460 candidaturas en firme en la provincia para el presente proceso electoral.

La presidenta de la delegación, Grace Terán, explicó que los postulantes calificados adquieren inmunidad electoral con esta declaratoria. La protección se mantendrá vigente hasta la finalización del proceso electoral.

Desglose de las postulaciones aprobadas

Grace Terán detalló la distribución de las 460 postulaciones aprobadas en la jurisdicción provincial:

• Prefectura: 10 candidaturas.
• Alcaldías: 53 candidaturas, de las cuales 10 corresponden a Quito.
• Concejales urbanos: 31 candidaturas.
• Concejales rurales: 39 candidaturas.

Entre las postulaciones ratificadas sin impugnaciones en su contra consta la de Alexandro Tonello a la Prefectura. De igual manera, la lista incluye al actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca la reelección.

Competencias institucionales y control del gasto electoral

Grace Terán puntualizó el alcance de las competencias institucionales del organismo provincial. A la Junta Provincial Electoral le corresponde la calificación, inscripción y el posterior proceso de elecciones que abarca el escrutinio.

Asimismo, la titular aclaró que otras instituciones mantienen su autonomía e independencia para tramitar los recursos presentados en el ámbito de sus competencias.

Por su parte, el responsable del área de control del gasto electoral y fiscalización en la delegación provincial, Franklin Portilla, señaló que no se ha registrado publicidad electoral anticipada en Pichincha.

Sin embargo, Portilla informó que la ciudadanía puede presentar denuncias ante alertas de campaña adelantada. Además, el funcionario confirmó que hasta el momento la institución analiza tres casos.

La entrada Pichincha: 460 candidaturas en firme para elecciones seccionales se publicó primero en Primera Plana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió este 30 de octubre el calendario oficial de los 45 debates electorales obligatorios para las elecciones seccionales. El plan abarca 21 debates de prefecturas y 24 debates de alcaldías en cantones con más de 100 000 electores.

El objetivo de los debates es promover el voto informado en los comicios fijados para el domingo 29 de noviembre. En este espacio, las y los candidatos expondrán sus programas de gobierno y propuestas programáticas, sometiéndose al cuestionamiento de sus contendientes.

Primera etapa de debates: del 12 al 15 de noviembre

La primera ronda concentrará un total de 23 debates organizados de la siguiente manera:

• Jueves 12 de noviembre: Prefecturas de Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi y Chimborazo.
• Viernes 13 de noviembre: Prefecturas de Napo, Orellana y Sucumbíos. Además, se realizarán las alcaldías de Latacunga y Riobamba.
• Sábado 14 de noviembre: Prefecturas de Azuay, El Oro, Loja, Morona Santiago, Tungurahua, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
• Domingo 15 de noviembre: Alcaldías de Santa Elena, Santo Domingo, Ambato, Cuenca, Machala y Loja.

Segunda etapa y jornadas decisivas: del 19 al 22 de noviembre

El segundo bloque sumará 22 debates centrados en las jurisdicciones de mayor carga electoral:

• Jueves 19 de noviembre: Prefecturas de Esmeraldas y Manabí, junto con las alcaldías de Milagro y Manta.
• Viernes 20 de noviembre: Debates de las prefecturas de Guayas, Pichincha, Imbabura y Los Ríos. En esta misma jornada se cruzarán las intervenciones de las alcaldías de Daule, Chone y Esmeraldas.
• Sábado 21 de noviembre: Alcaldías de Quinindé, Durán, Otavalo, Quevedo, El Carmen y Rumiñahui.
• Domingo 22 de noviembre: Cierre con las alcaldías de Guayaquil, Ibarra, Babahoyo, Portoviejo y Quito.

Moderadores seleccionados por provincia

El CNE designó a 21 profesionales de la comunicación para moderar los debates electorales obligatorios entre los aspirantes a las alcaldías y prefecturas:

• Azuay: Andrea Jimbo
• Bolívar: Mariana Velasco
• Cañar: Rosa Salazar
• Carchi: Paola Andrade
• Chimborazo: Diego Moncayo
• Cotopaxi: Dayana Ortiz
• El Oro: Andrés Carvajal
• Esmeraldas: Enrique Emiliano Lascano
• Guayas: Jorge Escobar
• Imbabura: Karen Haro
• Loja: José Morocho
• Los Ríos: Rolando Mauricio Jiménez
• Manabí: Jhinson Moreira
• Morona Santiago: Wilmer Prado
• Napo: Narda Pacheco
• Orellana: Nelson Muñoz
• Pichincha: Johana Cañizares
• Santa Elena: Gonzalo Vera
• Santo Domingo de los Tsáchilas: Lesly Moreira
• Sucumbíos: Adaliz Maldonado Villota
• Tungurahua: Byron Orlando Naranjo

El organismo confirmó que los detalles completos del calendario se pueden consultar en su portal web oficial.

La entrada CNE fija el cronograma para 45 debates electorales obligatorios se publicó primero en Primera Plana.

“En ADN no encubrimos a nadie. Nuestro compromiso con el Ecuador está por encima de cualquier nombre o cargo”, señaló la organización política en un comunicado, en el que aseguró que el procedimiento de desafiliación se realizará conforme a su Manual de Ética.

El movimiento sostuvo que su posición frente al narcotráfico y las organizaciones criminales no admite excepciones, incluso cuando las denuncias involucran a funcionarios vinculados a sus filas.

“Por más amenazas que existan, la forma de cambiar este país es no ceder ante ellas. Nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es frontal y sin excepciones”, indicó.

ADN también pidió que los organismos de control continúen las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades. “Si se comprueba la comisión de delitos, los involucrados deberán responder ante la justicia, sin privilegios ni interferencias”, agregó.

La decisión política se produce en medio de los cuestionamientos surgidos por la difusión del audio, cuyo contenido y autenticidad deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

La entrada ADN retira respaldo a alcalde de Naranjal e inicia proceso de separación se publicó primero en Primera Plana.

La base aérea de Taura, en la provincia de Guayas, registra una creciente presencia de aeronaves y recursos militares de Estados Unidos, según una investigación de la agencia AFP, basada en imágenes satelitales, registros de vuelos, documentos militares y testimonios.

La instalación, ubicada aproximadamente a una hora de Guayaquil, se ha convertido en un punto estratégico para la cooperación militar entre los gobiernos de Daniel Noboa y Donald Trump, en medio de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en el Pacífico.

La AFP identificó alrededor de 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre, además de obras de ampliación, estructuras temporales y movimientos de equipos en el complejo.

El despliegue ocurre después de que los ecuatorianos rechazaran en referendo una reforma que habría permitido establecer bases militares extranjeras en el país, lo que abre interrogantes sobre el marco jurídico de las operaciones.

Aviones militares estadounidenses y nuevas instalaciones en Taura

Los registros examinados por AFP muestran movimientos de aeronaves estadounidenses de transporte y apoyo, entre ellas aviones C-130 Hércules, C-17 Globemaster, convertiplanos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.

Algunos vuelos conectaron Taura con instalaciones militares de Estados Unidos, como Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá. Las imágenes satelitales también permitieron identificar modificaciones en la infraestructura de la base.

Entre los cambios observados figuran la eliminación de vegetación en los alrededores de la pista, la instalación progresiva de tiendas de campaña y una estructura de aproximadamente 40 metros de largo por 20 de ancho, que podría utilizarse como hangar desmontable.

La base de Taura tiene más de siete décadas de funcionamiento y es la única instalación aérea ecuatoriana destinada exclusivamente al uso militar. Su pista supera los 3.000 metros de longitud.

El coronel retirado de la Fuerza Aérea Roberto Marchán explicó a AFP que las aeronaves y las instalaciones identificadas sugieren una capacidad operativa que podría mantenerse a largo plazo.

Según su análisis, los aviones de transporte facilitarían el desplazamiento de personal y equipamiento militar por la región andina, mientras que las nuevas estructuras podrían servir para labores de mantenimiento y apoyo logístico.

Un documento militar plantea dudas sobre la legalidad del despliegue

Uno de los hallazgos de la investigación corresponde a una comunicación enviada a comienzos de septiembre por Mauricio Salazar, entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

En el documento, al que tuvo acceso AFP, el oficial solicitó aclaraciones sobre el marco legal que permitiría recibir a militares extranjeros sin contravenir la Constitución. Posteriormente, Salazar fue removido de su cargo y destinado a otra función de menor rango.

La investigación no establece que ese cambio haya sido consecuencia de sus cuestionamientos. La presencia militar estadounidense adquiere especial relevancia por el resultado del referendo en el que la ciudadanía rechazó eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras.

Noboa plantea concentrar la cooperación internacional en Taura

El presidente Daniel Noboa había anunciado en septiembre su intención de utilizar la base de Taura como centro de operaciones conjuntas con países aliados.

El mandatario mencionó la cooperación con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, así como la necesidad de mejorar las pistas para facilitar las actividades militares. «Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura», señaló durante una entrevista televisada en inglés.

Noboa argumentó que la instalación tiene la ventaja de no compartir operaciones con un aeropuerto civil y se encuentra en una región especialmente afectada por la violencia criminal. La cooperación bilateral también contempla equipos de vigilancia y apoyo aéreo.

En agosto, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de tres helicópteros Black Hawk estadounidenses. Un mes después, Noboa informó sobre planes para poner en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, aeronaves utilizadas para misiones de vigilancia y, en otros escenarios internacionales, operaciones de ataque.

Ecuador y Estados Unidos mantienen antecedentes de cooperación militar en Manta

La expansión de las actividades en Taura recuerda la presencia estadounidense en la base de Manta, utilizada durante una década como plataforma de operaciones antidrogas. El convenio que permitió esas actividades terminó en 2009, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

En aquella instalación operaron centenares de militares estadounidenses y organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntos abusos relacionados con su presencia.

La nueva etapa de cooperación se desarrolla en un contexto distinto, marcado por el fortalecimiento de las operaciones militares impulsadas por la administración de Donald Trump contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina y el Caribe.

Sin embargo, las autoridades todavía no han detallado públicamente el número de efectivos estadounidenses que participan en las actividades de Taura, su permanencia ni las funciones específicas que desempeñan.

Consultado por AFP, el Pentágono remitió las preguntas al Comando Sur de Estados Unidos, que no había respondido al momento de la publicación. La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco ofreció una respuesta.

Habitantes de Taura observan la expansión militar entre expectativas y preocupación

A pocos kilómetros de la instalación militar se encuentra la población de Taura, una comunidad de más de 9.400 habitantes, donde numerosas familias dependen de actividades agrícolas y camaroneras. La localidad enfrenta problemas de acceso a servicios básicos y ha sido escenario de episodios de violencia.

Fidela Martínez, dirigente comunitaria, describió la inseguridad que afecta a la zona. «Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados», relató a AFP.

La población también recuerda el caso de cuatro niños que fueron asesinados y cuyos cuerpos aparecieron calcinados en la zona, en un crimen atribuido a militares que conmocionó al país.

Otros habitantes consideran favorable una mayor presencia de fuerzas de seguridad. Tito Henríquez, de 68 años, aseguró haber observado movimientos de aeronaves de gran tamaño en la base. «Vi un avión grande que iba aterrizando», comentó.

La investigación de AFP deja abiertas preguntas sobre la duración del despliegue estadounidense, las actividades que se ejecutan desde Taura y los mecanismos de supervisión de esta cooperación.

Por ahora, el Gobierno Nacional ha presentado el fortalecimiento de la instalación como parte de su estrategia de seguridad, mientras persisten interrogantes sobre los límites constitucionales de la presencia militar extranjera.

La entrada EEUU amplía presencia militar en base de Taura, según investigación de AFP se publicó primero en Primera Plana.

Un juez dictó este jueves prisión preventiva contra el alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, y otros nueve procesados por presunto lavado de activos, durante una audiencia de formulación de cargos desarrollada en Pichincha.

La Fiscalía General del Estado informó que el magistrado acogió los elementos de convicción presentados y dispuso la medida cautelar para diez de los doce procesados en esta causa. Para las otras dos personas, el magistrado ordenó presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.

Entre quienes recibieron medidas alternativas se encuentra Juana C., madre del alcalde, para quien la Fiscalía había solicitado una medida distinta a la prisión preventiva debido a su condición de adulta mayor.

La resolución se produjo después de un operativo ejecutado el miércoles 28 de octubre en Los Ríos, Azuay y Guayas, que permitió la aprehensión de 16 personas.

Fiscalía investiga movimientos por USD 3,22 millones

Según la investigación de la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el alcalde de Vinces presuntamente encabezaba una estructura dedicada a introducir recursos de origen ilícito en el sistema financiero ecuatoriano.

Las autoridades identificaron movimientos económicos por aproximadamente USD 3,22 millones entre 2019 y 2026, que estarían relacionados con operaciones efectuadas por el funcionario, familiares y personas de su entorno comercial. La investigación también examina un presunto incremento patrimonial mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, parte de esos activos habría sido registrada a nombre de integrantes del círculo familiar y socios comerciales del alcalde.

Constructora Aldrensa, bajo investigación por presunto lavado de activos

Uno de los principales elementos de la investigación es la empresa Constructora Aldrensa S. A., que, según el Ministerio del Interior, habría sido utilizada para canalizar recursos presuntamente ilícitos.

Las autoridades analizan las operaciones financieras y comerciales de la compañía para determinar su posible participación en el esquema investigado.

El ministro del Interior, John Reimberg, había señalado que el alcalde sería el presunto cabecilla de una red de lavado de activos integrada por personas de su entorno familiar y empresarial.

Operativo dejó 16 aprehendidos en tres provincias

La investigación derivó en una intervención policial desarrollada el miércoles 28 de octubre en Los Ríos, Azuay y Guayas. El operativo dejó inicialmente 16 personas aprehendidas, entre ellas el alcalde de Vinces y varios integrantes de su familia.

Posteriormente, la Fiscalía informó que se formularon cargos contra doce personas. Las otras cuatro habían sido detenidas con fines investigativos.

Durante la audiencia, la institución incorporó al proceso a Luis Alejandro M., quien había sido detenido la noche anterior, con lo que el número de procesados ascendió a doce.

En los allanamientos, las autoridades reportaron el levantamiento de varios indicios, entre ellos:

• Documentación física y digital relacionada con las operaciones investigadas.
• Equipos electrónicos y computadoras.
• Dos armas de fuego.
• Seis vehículos.
• Dinero en efectivo, cuyo monto todavía debe determinarse.

La investigación también contempla posibles conexiones financieras entre la estructura investigada y personas vinculadas con delitos de narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Según los reportes difundidos por las autoridades, se analizan eventuales relaciones con integrantes de las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos. También se examinan posibles conexiones con personas investigadas en los casos Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria.

La entrada Dictan prisión preventiva para alcalde de Vinces se publicó primero en Primera Plana.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y otras organizaciones sociales y sindicales convocaron a una serie de movilizaciones contra el Gobierno Nacional, que comenzarán este jueves, 29 de octubre, en Quito y se extenderán durante noviembre y diciembre.

El anuncio se realizó este miércoles durante una rueda de prensa encabezada por Andrés Quishpe, presidente de la UNE, y Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, junto con representantes de otros sectores sociales.

La primera concentración está prevista para las 16:00 del jueves 29 de octubre, en los exteriores de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la capital.

Los organizadores señalaron que las protestas buscan defender las libertades, la democracia, la seguridad y los derechos humanos, además de expresar su rechazo a las decisiones del Ejecutivo.

Las convocatorias se producen a un mes de las elecciones seccionales y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre.

Organizaciones sociales anuncian cuatro fechas de movilización

Durante la comparecencia, Quishpe presentó el cronograma de protestas que impulsarán las organizaciones sociales.

Por el momento, los dirigentes no han detallado los puntos de concentración ni los recorridos de todas las jornadas anunciadas. La convocatoria del 25 de noviembre coincidirá con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras que la del 10 de diciembre se desarrollará en el Día de los Derechos Humanos.

UNE cuestiona apagones, desempleo y situación de hospitales

Andrés Quishpe sostuvo que las movilizaciones responden al descontento de varios sectores sociales frente a la situación económica y los servicios públicos.

Entre sus principales cuestionamientos mencionó los apagones, la falta de oportunidades laborales, los problemas en el sistema educativo y el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales.

El dirigente también criticó lo que considera una criminalización de la protesta social y defendió el derecho de las organizaciones a manifestarse.

Por su parte, Nelson Erazo señaló que las demandas incluyen mayores recursos para salud y educación, políticas de generación de empleo e incentivos para la inversión agrícola. Los representantes insistieron en que las jornadas buscan visibilizar esas exigencias y presionar por respuestas de las autoridades.

Dirigentes llaman a votar contra ADN en las elecciones de noviembre

Además de anunciar las movilizaciones, los representantes sociales se pronunciaron sobre las elecciones seccionales y del CPCCS previstas para el 29 de noviembre. Quishpe llamó a la ciudadanía a no respaldar a los candidatos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

La dirigente indígena Pacha Terán también se refirió al triunfo del «No» en la reciente consulta popular y planteó que las organizaciones sociales promuevan el rechazo electoral al oficialismo y a sus aliados.

De esta manera, las convocatorias de protesta se desarrollarán en un contexto de actividad política previo a los comicios. Los dirigentes señalaron que buscan expresar tanto sus demandas sociales como su desacuerdo con la gestión gubernamental.

FUT denuncia presunta persecución contra dirigentes sociales

Durante la rueda de prensa, Edwin Bedoya, representante del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), denunció supuestas acciones de persecución contra líderes sociales por su participación en protestas anteriores.

En sus declaraciones también mencionó la detención de Luisa González y las investigaciones relacionadas con la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del dirigente y no constituyen, por sí mismas, una constatación de persecución política.

Por su parte, Pacha Terán convocó a las organizaciones de mujeres a participar en la movilización del 25 de noviembre, enfocada en el rechazo a las distintas formas de violencia de género.

La entrada Oposición anuncia movilizaciones contra el Gobierno se publicó primero en Primera Plana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este miércoles 28 de octubre de 2026, en Panamá, la novena audiencia pública para tratar la situación de la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. Representantes sociales, relatores internacionales y la delegación del Estado expusieron sus posiciones sobre las garantías constitucionales.

Durante la sesión, la abogada Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador), denunció ante la CIDH que en Ecuador existe un “patrón sistemático de hostigamiento, acoso, sanción y judicialización” contra jueces que resultan incómodos al poder. Además, acusó al Ministerio del Interior de promover una campaña de desprestigio contra los magistrados, calificándolos públicamente de corruptos o aliados del crimen organizado y emitiendo advertencias sobre sus decisiones judiciales.

Alertas sobre independencia judicial y la Corte Constitucional

La exposición del ODJ Ecuador —respaldada por colectivos como CEJIL y DPLF— detalló que la provisionalidad prolongada y los diseños institucionales facilitan investigaciones penales y juicios políticos contra jueces como represalia por sus decisiones. Asimismo, se denunció que el crimen organizado mantiene bajo riesgo a magistrados ante la ausencia de mecanismos especializados de protección.

En la misma línea, se alertó sobre cinco patrones de ataque contra la Corte Constitucional para mermar su rol como contrapeso democrático. Entre los hostigamientos figuran la intimidación institucional mediante la militarización de su sede, la limitación de competencias, restricciones presupuestarias y campañas de deslegitimación.

Por su parte, Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de la ONU, expresó preocupación por el uso indebido del derecho penal contra defensores de derechos humanos y anunció una visita oficial a Ecuador para mayo de 2027. José Luis Caballero Ochoa, segundo vicepresidente de la CIDH, recalcó la necesidad de examinar de manera integral las denuncias de protestas, perfilamiento racial y represalias contra periodistas.

Organizaciones denuncian restricciones al espacio cívico

Las agrupaciones sociales cuestionaron las políticas de seguridad y la militarización. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), sostuvo que los estados de excepción prolongados no justifican vulneraciones de derechos.

Vivian Idrovo, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, afirmó que las reformas legales contra el crimen organizado han servido para perseguir a sectores críticos. Patricia Carrión, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, detalló que entre enero de 2024 y octubre de 2026 un total de 336 personas defensoras enfrentaron 509 procesos de criminalización, sumado a bloqueos financieros y hostigamiento administrativo.

El Estado defiende sus medidas

En respuesta, la delegación ecuatoriana defendió sus actuaciones. Carla Guzmán, de la Asamblea Nacional, respaldó el control político del Legislativo. Daniel Acosta, de la UAFE, explicó que la inmovilización de fondos es una medida cautelar preventiva contra recursos de presunto origen ilícito. Gabriela Samaniego, del Ministerio del Interior, aseguró que la Policía prioriza el diálogo y capacita a sus agentes en derechos humanos.

Finalmente, Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH, destacó la importancia de escuchar a todas las partes para evaluar la institucionalidad democrática del país.

La entrada CIDH analiza la crisis judicial en Ecuador se publicó primero en Primera Plana.