La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) anunció que demandará la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, normativa que entró en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial. La organización sindical cuestiona el contenido y la forma del proyecto, al considerar que viola el principio de unidad de materia, ya que incluye reformas a distintas áreas sin un hilo temático único.

Marcela Arellano, presidenta de Ceosl, expresó su preocupación tras una reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. A su juicio, el nuevo modelo de evaluación a los servidores públicos podría generar despidos masivos. La norma establece evaluaciones semestrales, mientras que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) fijaba un periodo anual.

“Evaluar con el objetivo de mejorar el desempeño está bien, pero si el resultado conlleva despidos automáticos, entonces hablamos de una evaluación punitiva. Esto puede replicar el escenario que vivimos durante el gobierno de Rafael Correa”, advirtió Arellano.

El artículo 80 de la nueva ley confirma que los funcionarios que obtengan una calificación de “insuficiente” perderán su cargo. Aunque la Losep ya preveía esta consecuencia, Ceosl critica que la reducción en el tiempo entre evaluaciones facilita una “depuración” acelerada en el sector público.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, respondió que la norma no introduce elementos nuevos, sino que activa mecanismos ya contemplados y que no se aplicaban. También aseguró que cualquier funcionario podrá impugnar una evaluación con la que no esté de acuerdo.

El Ministerio del Trabajo se encargará de establecer, mediante acuerdo ministerial, los criterios técnicos para las evaluaciones y sus respectivos puntajes. Según Núñez, las instituciones públicas deberán aplicar estas directrices para valorar el desempeño de su personal.