La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante las crecientes amenazas a la independencia de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, luego de una serie de reacciones por parte de autoridades estatales a una decisión adoptada por dicho tribunal el pasado 4 de agosto. En un comunicado, la CIDH instó al Estado ecuatoriano a garantizar la autonomía de la administración de justicia constitucional y a proteger la seguridad de las y los jueces que integran la Corte, conforme a sus obligaciones internacionales.
La controversia surgió cuando la Corte Constitucional suspendió provisionalmente artículos específicos de tres leyes sobre seguridad, inteligencia y transparencia en el sector público, promovidas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Esta medida, adoptada para salvaguardar los derechos humanos y la supremacía de la Constitución, generó una reacción inmediata de rechazo por parte de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Durante una conferencia de prensa, la ministra de Gobierno, el presidente de la Asamblea Nacional, así como altos mandos militares y policiales, criticaron la decisión de la Corte. En su intervención, afirmaron que la medida eliminaba herramientas claves para enfrentar al crimen organizado y declararon: “En este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden al país o de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales”.
El presidente fue más allá al convocar a una manifestación contra la Corte Constitucional, realizada el 12 de agosto con un fuerte resguardo militar y policial. Además, el Ejecutivo anunció que impulsará una consulta popular para permitir que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicios políticos.
La CIDH considera que estos actos constituyen ataques directos a la independencia judicial y que los discursos que vinculan a la Corte con el crimen organizado no solo socavan la credibilidad institucional, sino que también podrían poner en riesgo la integridad física de sus integrantes. En ese sentido, el organismo regional alertó sobre el clima hostil, particularmente en el entorno digital, que amenaza la autonomía judicial.
“La separación de poderes y la independencia judicial son pilares esenciales en los sistemas democráticos”, recordó la CIDH, que destacó el rol fundamental de los jueces constitucionales para garantizar los derechos humanos y controlar los excesos de los otros poderes del Estado.
La Comisión reiteró su llamado al Estado ecuatoriano a proteger a las personas operadoras de justicia y a asegurar que la Corte Constitucional pueda ejercer su labor sin presiones ni interferencias. Asimismo, enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro para quienes velan por la constitucionalidad y los estándares de derechos humanos en el país.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reiteró su compromiso de monitorear la situación y brindar acompañamiento para el fortalecimiento institucional y democrático en Ecuador.
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