La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este miércoles, 22 de enero, que el Estado ecuatoriano debe “investigar, juzgar, sancionar y reparar con la debida diligencia” la desaparición y posterior asesinato de Steven Medina, Saúl Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, luego de ser detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024, en Guayaquil.
La Comisión insistió en que el Estado debe asegurar que se verifique y aclare la posible responsabilidad del personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas.
A través de un comunicado, la CIDH condenó el hecho que estremeció al país y también expresó preocupación por las declaraciones de Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, quien en sus disculpas públicas anunció que buscaría una sanción contra la jueza que aceptó el habeas corpus interpuesto por las familias para que el caso de investigue por desaparición forzada.
El organismo reiteró que reconoció la decisión de la jueza y advirtió que las declaraciones de Loffredo podrían “amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país, en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos”.
La CIDH subrayó la importancia de que el Estado “redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares”.
Asimismo, enfatizó que se debe indagar la responsabilidad de agentes estatales y examinar las circunstancias de los asesinatos, incluyendo la investigación de posibles desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“En el estudio del caso, se debe tomar en cuenta la edad; el origen étnico-racial; la situación socioeconómica de las víctimas; así como los vejámenes causados a sus cuerpos, que merecen ser tratados con respeto. Asimismo, se llama a Ecuador a garantizar la seguridad de las familias; brindarles acompañamiento psicosocial y asegurar reparaciones adecuadas”, especificó la CIDH en el comunicado.
La Comisión recalcó que no escapa de su atención el hecho de que este caso se produjo en el marco de la vigencia de sucesivos estados de excepción en el país, “que han autorizado la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, por un supuesto conflicto armado de carácter no internacional, entre otras causales”.
Reconstrucción de los hechos
Fernando Bastias, abogado de los familiares de los cuatro menores desaparecidos y posteriormente asesinados en Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar, aseguró recientemente que la reconstrucción de los hechos, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero, será vital para descubrir la verdad de este caso que ha conmocionado al país.
“Este escenario será el más importante porque ahí podremos contrastar la ruta y la veracidad de los testimonios, porque existe un primer testigo que habla sobre la participación de los militares y la presencia de los menores en Taura; y una segunda persona que dice haber oído que la mafia se los había llevado, matado y quemado”, dijo Bastias a la emisora Radio Pichincha.
El jurista explicó que la reconstrucción de los hechos se llevará a cabo desde las 20h00 y el recorrido iniciará desde el Mall del Sur, en Guayaquil, hasta Taura, con la participación de los 16 militares, de sus abogados; de las víctimas (familiares) y sus abogados; también estarán los testigos y el resto del grupo de niños que estuvo el 8 de diciembre de 2024, cuando una patrulla arrestó a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), y sus amigos Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años).
El abogado insistió en que a la defensa técnica le interesa conocer la verdad, “indistintamente de quién haya sido”.
No obstante, insistió en la responsabilidad del Estado y de los militares en la desaparición forzada de los menores, independientemente de los resultados de la investigación.
El caso de los cuatro menores de Las Malvinas también ha motivado la preocupación de la Unicef y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), Jan Jarab, que han instado al gobierno a realizar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad.
