La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso este lunes que el Estado ecuatoriano adopte “medidas necesarias y efectivas” para evitar nuevas muertes en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde en los últimos meses se han registrado decenas de fallecimientos presuntamente vinculados a tuberculosis.
En un comunicado, la CIDH informó que otorgó medidas cautelares a las personas privadas de libertad en este centro penitenciario, tras concluir que el elevado número de muertes, su incremento sostenido y la falta de información estatal desagregada sobre las causas evidencian una situación de gravedad y urgencia. El organismo advirtió que los derechos a la vida, integridad personal y salud de los reclusos enfrentan un riesgo de daño irreparable.
La solicitud de medidas fue presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que alertó sobre condiciones incompatibles con los estándares internacionales, como hacinamiento, deficiencias estructurales, acceso insuficiente a atención médica, propagación de enfermedades infectocontagiosas —especialmente tuberculosis—, desnutrición y limitaciones en el acceso a agua potable y alimentación adecuada. Según el organismo, estas condiciones estarían relacionadas con varios de los fallecimientos ocurridos al interior del penal.
El Estado ecuatoriano señaló que ha implementado diversas acciones para atender la situación, entre ellas programas de control y tratamiento de la tuberculosis, habilitación de áreas de atención médica, traslados de internos con enfermedades infectocontagiosas y la aplicación de políticas públicas de salud penitenciaria. También indicó que existen mecanismos judiciales internos, como acciones de habeas corpus y medidas cautelares, para que los presos reclamen por atención médica o condiciones de detención.
No obstante, tras analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH determinó que las medidas adoptadas resultan insuficientes. Por ello, solicitó al Estado garantizar de forma inmediata el acceso a atención médica adecuada y especializada, con tratamientos y medicamentos necesarios, así como la realización de tamizajes y valoraciones médicas integrales.
También exigió asegurar el acceso a alimentos de calidad y agua potable en cantidad suficiente, reducir sustancialmente el hacinamiento y garantizar el contacto periódico de los reclusos con abogados y familiares.
Asimismo, la Comisión pidió al Estado ecuatoriano concertar las acciones a implementar con los beneficiarios y sus representantes mediante una mesa interinstitucional, investigar las muertes ocurridas para evitar su repetición e informar sobre los avances. Además, solicitó autorización para realizar una visita in situ a la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, con el fin de verificar la aplicación de las medidas ordenadas.
En marzo pasado, el Municipio de Guayaquil ya había pedido al Gobierno central la adopción de medidas urgentes ante una posible crisis de tuberculosis en el complejo penitenciario, luego de la muerte de al menos cinco internos presuntamente infectados. Desde entonces, se han reportado nuevos decesos cuya causa no ha sido esclarecida oficialmente.
Las cárceles ecuatorianas también son uno de los principales focos de la crisis de violencia criminal que atraviesa el país. Desde 2021, cerca de 600 personas privadas de libertad han sido asesinadas en el interior de los centros penitenciarios, en su mayoría durante masacres provocadas por enfrentamientos entre bandas rivales.
La CIDH recordó que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre una eventual responsabilidad internacional del Estado. El organismo es una entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargada de promover y proteger los derechos humanos en la región.
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