La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes, 14 de enero, un informe en su sitio web donde reiteró su preocupación “ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles de Ecuador” y llamó al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, precisó el documento.
De acuerdo con las cifras detalladas en el texto, del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024, la CIDH registró al menos 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria, de las cuales 37 tuvieron lugar en 2024.
“Preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento”, alertó la Comisión en el comunicado.
Según la CIDH, los hechos más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, también conocido como «Penitenciaría del Litoral».
En el documento, la Comisión expuso los hechos ocurridos en ese centro de detención el 3 de diciembre de 2024, cuando tres granadas explotaron en el comedor, provocando heridas en al menos nueve personas detenidas, un guardia y un militar.
La CIDH refirió que, posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas, según información pública.
“Anteriormente, en noviembre la CIDH condenó la muerte de al menos 15 personas encarceladas, y 14 personas heridas en el mismo centro”, especificó el texto.
Para la CIDH, entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, se encuentran “la ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado, la existencia de sistemas de autogobierno, corrupción y la insuficiencia de personal de seguridad”.
De igual manera, alertó que las cárceles donde han ocurrido hechos violentos están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros.
También advirtió que “estos hechos de violencia intracarcelaria no son aislados, sino que se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes ante el fortalecimiento y la escalada de violencia provocada por el crimen organizado”.
Finalmente, la Comisión Interamericana reiteró que «continuará dando seguimiento, a través de sus distintos mecanismos, a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador».
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