“El gobierno no debería escatimar esfuerzos en la educación”, enfatizó la activista por los derechos humanos, Sybel Martínez. Su postura responde al anuncio de ocho universidades cofinanciadas sobre disminución al presupuesto estatal que afectaría a los jóvenes becados de escasos recursos.
Para Martínez, los jóvenes asumen distintas adversidades. Por ejemplo, detalló que solo uno de cada seis tiene un trabajo que alcanza los $400. El restante cumple con jornadas cuya remuneración no llega al salario básico.
Para Martínez la solución no se encuentra en que los jóvenes asistan a la educación pública pues la capacidad de las instituciones no ayuda para que puedan albergar a todos los estudiantes.
La activista también explicó que, en el caso de la educación básica, debe tomarse en cuenta la crisis provocada por la pandemia. Así, señaló que el monto por pensión en la educación privada no debe superar a aquel que pagaban los representantes, previo a la pandemia.
Responsabilidad de las universidades cofinanciadas
De acuerdo a Martínez, los órganos de control deberán verificar que las universidades cumplan con la asignación del 10% de cupos para estudiantes becados. Así, señaló que parecería que las universidades cofinanciadas entregan más becas que ese porcentaje. Además, puntualizó que, de acuerdo a las cifras, 62.000 estudiantes reciben una beca.
Martínez alertó que el recorte de presupuesto va en contra de la Constitución y las leyes. Además, criticó que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que remitió el Ejecutivo no contenga nuevas propuestas para evitar que se vulneren los derechos de los estudiantes.
Ahora, el Ejecutivo señaló que el presupuesto para la educación superior es más alto en 2021 con respecto a 2020. Además, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) solicitó a los entes de control, como la Contraloría General del Estado que intervengan con una auditoría en dichas universidades.
