La Corte Nacional de Justicia concedió este lunes, 18 de mayo, la extradición de Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, quien es requerido por Estados Unidos por su presunta participación en delitos de tráfico internacional de drogas a gran escala y asociación ilícita.
De acuerdo con la sentencia emitida por la Presidencia del alto tribunal, el acusado aceptó de manera expresa su extradición, luego de que el Estado solicitante presentara las garantías jurisdiccionales correspondientes.
El requerimiento proviene de un tribunal en Nueva York, que investiga a Moreira por su presunta vinculación con redes de narcotráfico internacional. La Corte destacó que el proceso se desarrolló conforme al debido proceso y en el marco de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional.
Celso Miguel Moreira Heredia es señalado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Choneros, considerada una de las estructuras delictivas más antiguas del país.
Según antecedentes, Moreira fue detenido en mayo de 2024 durante un operativo en una finca en Guayaquil, donde también fueron capturadas cerca de 30 personas y se incautaron armas y municiones. En ese entonces, obtuvo medidas sustitutivas. En septiembre de 2025 fue recapturado, durante controles militares cuando se encontraba junto a otras personas ingiriendo alcohol en la vía pública.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lo calificó como el “líder invisible” de la organización, al atribuirle la dirección de operaciones criminales desde la clandestinidad.
La estructura de Los Choneros fue declarada grupo terrorista en enero de 2024 por el Gobierno Nacional, en el contexto del conflicto armado interno decretado tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar.
Posteriormente, José Adolfo Macías Villamar fue recapturado y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos.
Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció en 2025 que tanto Los Choneros como Los Lobos fueron designados como organizaciones terroristas dentro de la estrategia de Washington contra el crimen organizado en la región.
La Corte Nacional de Justicia reiteró que la decisión se enmarca en el cumplimiento de la normativa constitucional y legal vigente, así como en el fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar delitos transnacionales.
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