Por: José Saldaña, periodista especializado en temas internacionales
La decisión sobre la sucesión del nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, que asumirá en enero de 2027, representa un momento geopolítico crucial, comparable a los episodios más tensos de la Guerra Fría, debido al contexto global de fragmentación, conflictos armados, crisis climáticas, emergencias humanitarias y una creciente debilidad del multilateralismo. Este escenario eleva las apuestas del liderazgo que las Naciones Unidas están llamadas a ejercer a un nivel estratégico y simbólico sin precedentes.
A partir de enero de 2026, dos países de la región, Colombia y Panamá, asumirán un asiento en el Consejo de Seguridad, lo que les otorgará participación directa en esta decisión, así como en aquellas relacionadas con la seguridad internacional, las respuestas humanitarias y las posturas frente a crisis geopolíticas durante los dos años de su membresía. El Consejo deberá seleccionar al nuevo Secretario General el primer semestre de 2026. La decisión será tomada por los quince miembros con el voto favorable de nueve de ellos, incluidos los cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
La práctica diplomática de rotación geográfica sugiere que la Secretaría General debería ser asumida por una persona de América Latina y el Caribe. A pesar de la creciente fuerza de la narrativa de “una mujer latinoamericana para liderar la ONU” —considerando que ninguna mujer ha ocupado el cargo—, la región enfrenta divisiones ideológicas y rivalidades bilaterales que dificultan la posibilidad de una postura común.
Alicia Bárcena, ex canciller mexicana de amplia trayectoria internacional, ha sido anunciada como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su perfil técnico, su experiencia en las Naciones Unidas y su aceptabilidad potencial ante los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad le otorgan una posición destacada en la contienda. De concretarse su elección, México proyectaría una imagen de liderazgo, y fortalecería su discurso con la legalidad internacional y su capacidad de incidencia global. Para Ecuador, sin embargo, este escenario tendría un alto costo simbólico y diplomático. La irrupción policial en la embajada de México en Quito fue denunciada por la propia Bárcena, quien para entonces actuaba como canciller. El discurso de Bárcena como candidata a la Secretaria General tiene en este episodio mucha narrativa para utilizar. Por ello, lejos de ser un episodio aislado, el incidente de la embajada combinado con el potencial triunfo de México podría debilitar más el posicionamiento de Ecuador en la arena internacional.
En este complejo tablero, Ecuador, aunque podría parecer un actor marginal, cuenta con una carta potencial en la figura de María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien ya ganó una elección en ese organismo al ser respaldada por dos tercios de los 193 Estados miembros en 2018. Su distanciamiento político de Rafael Correa, evidenciado por su respaldo a la elección de Lenin Moreno, su papel en la consolidación de ese gobierno y su participación activa en la consulta popular que eliminó la reelección indefinida, le ha conferido un perfil independiente de la política nacional. Su paso por la presidencia de la Asamblea y sus recientes roles internacionales la han consolidado como figura reconocida en círculos internacionales. Por ello, su nombre circula como una posible candidata, aunque Ecuador no se ha pronunciado oficialmente al respecto.
La diplomacia de alto nivel está igualmente en marcha desde el sur de la región y desde Europa. Brasil impulsa la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y lidera esta apuesta dentro del grupo de los BRICS. Por su parte, España respalda activamente a Rebeca Grynspan, de Costa Rica, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, movilizando sus redes diplomáticas e incluso creando un galardón nacional en su honor. Ambas enfrentan resistencias: Bachelet, por su choque con China tras la publicación de un informe crítico sobre derechos humanos poco antes de dejar su cargo como Alta Comisionada de la ONU en 2022; Grynspan, por su cercanía con el actual Secretario General, António Guterres, y por su prolongada trayectoria en la burocracia de la Organización. De hecho, Guterres impulsa tanto a Grynspan como a Amina Mohamed, de Nigeria, su Vicesecretaria General, lo que genera objeciones entre Estados críticos de su gestión. En todo caso, las tres —exfuncionarias de alto nivel designadas por Guterres y parte de la estructura interna de la ONU— también cuentan con altas probabilidades de llegar a la posición.
Adicionalmente, dos hombres de la región buscan disputar el protagonismo de las candidaturas femeninas. Bolivia presentó de forma anticipada la candidatura de su actual vicepresidente, David Choquehuanca. Aunque su postulación ha sido defendida por sectores afines al ALBA y al Grupo de Puebla, enfrenta limitaciones objetivas debido a su escasa experiencia en funciones ejecutivas de alcance internacional. Sus probabilidades reales de avanzar en el proceso son muy reducidas. Por otra parte, Rafael Mariano Grossi, de Argentina, actual Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), se encuentra activamente en campaña con el respaldo del presidente Javier Milei.
Para Colombia y Panamá, este proceso implicará un debate entre sus afinidades con proyectos ideológicos regionales y la necesidad de mantener alineamientos pragmáticos con las potencias del Consejo de Seguridad. Su voto y posicionamiento serán observados con atención por todos los actores involucrados, no solo como expresión de su política exterior, sino también como señal de su capacidad de lectura estratégica del momento internacional.
En particular, Colombia se encuentra ante una disyuntiva regional delicada. Un eventual apoyo a la candidatura mexicana —por afinidad ideológica o cálculo diplomático— podría ser interpretado como una toma de distancia frente a Ecuador, su país vecino, en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan tensiones por el caso de Jorge Glas. Otorgarle la Secretaría General a México tendría un efecto simbólico potente en la región y podría reposicionar el eje diplomático regional sin contar con Quito.
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