Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, impulsado por el presidente Daniel Noboa Azin con el carácter de económico urgente. El documento será enviado al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque al Pleno en los plazos previstos por la ley.

Durante la sesión, Francisca Herdoiza, asesora de la comisión, explicó que el nuevo texto incorpora reformas sustanciales que buscan enfrentar la corrupción y reorganizar el sistema público bajo criterios de integridad, eficiencia y responsabilidad institucional.

La normativa reforma más de una decena de leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica del Servicio Público. Según Herdoiza, el texto establece herramientas jurídicas para eliminar prácticas corruptas, garantizar la estabilidad laboral basada en resultados, y promover la transparencia en el uso de recursos públicos.

Entre las adiciones más relevantes, la comisión incluyó la tipificación del delito de prevaricato para jueces y fiscales dentro del Código Orgánico Integral Penal. Además, ordenó que todas las instituciones públicas que posean bienes para formación policial los entreguen, en un plazo de 180 días, a la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales.

Los legisladores también propusieron plazos máximos para actualizar manuales de personal y procesos de evaluación del desempeño en el sector público. En el ámbito de transporte, introdujeron una reforma para asegurar que los fondos recaudados por medio de sistemas tecnológicos de control de tránsito se destinen exclusivamente al pago, mantenimiento y operación de estos equipos.

El asambleísta Sergio Peña defendió la constitucionalidad del texto y aseguró que toda la propuesta mantiene unidad de materia, pues responde al mismo objetivo: erradicar la corrupción y proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Diego Franco consideró que esta ley aborda con profundidad “el corazón del problema de la corrupción enquistada en la función pública” y permite que el Estado actúe con eficacia para servir a la ciudadanía.

La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, cerró la sesión al confirmar que el informe pasará al Pleno. Señaló que este paso representa un avance clave para consolidar una reforma institucional alineada con los objetivos del Gobierno Nacional.