Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, iniciativa calificada como urgente en materia económica.
El proyecto busca fortalecer el desempeño operativo de los sectores minero y eléctrico mediante una regulación eficiente que impulse la generación de ingresos fiscales y divisas, y que contribuya a la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del Estado.
El informe será remitido a la Presidencia del Parlamento para su inclusión en el orden del día del Pleno, donde se desarrollará el segundo debate y la votación final, conforme al trámite previsto para proyectos económicos urgentes.
Reformas en minería: rectoría estatal, regalías y control ambiental
El documento aprobado establece como objeto de la ley la optimización de la gestión pública y privada en minería y energía eléctrica, con disposiciones especiales y de orden público aplicables en todo el territorio nacional.
En el ámbito minero, se reforman varios artículos de la Ley de Minería para:
- Reforzar la rectoría del Estado y precisar competencias institucionales.
- Regular actos administrativos previos a la actividad minera.
- Actualizar el régimen de patentes de conservación y las etapas de exploración y explotación.
- Incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de inversión, clústeres mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
Asimismo, se introducen cambios orientados a fortalecer los controles ambientales, el régimen de regalías y la distribución de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). También se plantean nuevas disposiciones para la pequeña minería y la minería artesanal, con énfasis en sostenibilidad, seguridad jurídica y desarrollo territorial.
Cambios en el sector eléctrico: generación distribuida y Mercado de Capacidad
En el sector eléctrico, el documento advierte sobre los riesgos fiscales y de liquidez del Estado, así como la necesidad de inversiones en infraestructura energética. Se menciona que el perfil de vencimientos de deuda externa para 2026 supera los USD 6.400 millones, lo que limita la capacidad de inversión pública.
Ante este escenario, la iniciativa plantea fortalecer la rectoría estatal y, al mismo tiempo, permitir una participación privada regulada para acelerar inversiones, especialmente en generación eléctrica y transición energética. El informe cita experiencias comparadas en la región, como el caso colombiano, para sustentar que la inversión privada puede coexistir con una fuerte regulación pública.
Asimismo, se destaca la necesidad de mejorar la eficiencia institucional, garantizar sostenibilidad económica y operativa del sistema eléctrico nacional, y promover mecanismos que reduzcan la dependencia de generación emergente y los riesgos de racionamientos.
Socialización y postura del Ejecutivo
La aprobación del informe se produjo tras el análisis de observaciones realizadas durante el primer debate en el Pleno y los aportes recogidos en el proceso de socialización con representantes de instituciones públicas, gremios productivos, expertos y ciudadanía.
En el marco de la Comisión General, María Emilia Limongi, viceministra (e) de Minas, sostuvo que el proyecto no reduce ni flexibiliza controles ambientales. Señaló que la reforma armoniza la Ley de Minería con el Código Orgánico del Ambiente (COA), norma especializada que protege los derechos de la naturaleza y establece la categorización ambiental mediante evaluaciones técnicas multidisciplinarias aplicables a todas las actividades productivas, incluido el sector minero.
Contexto y justificación económica
El informe señala que los sectores estratégicos —particularmente minería y energía— son pilares para la generación de ingresos fiscales, sostenibilidad de las finanzas públicas y provisión de servicios esenciales. Se enfatiza que los recursos naturales no renovables son de propiedad inalienable del Estado y que la reforma no modifica esa titularidad, sino que busca optimizar su gestión.
En el ámbito minero, el análisis destaca que, aunque las exportaciones mineras alcanzaron USD 1.037 millones en 2025, con un crecimiento interanual del 16,9 %, persisten problemas estructurales como la minería ilegal, evasión de regalías y debilidades en los mecanismos de control.
El proyecto propone modernizar el régimen jurídico para fortalecer la rectoría estatal, mejorar la trazabilidad y cerrar brechas normativas aprovechadas por economías ilícitas.
El informe también subraya que la propuesta respeta la consulta previa, libre e informada reconocida en el artículo 57 de la Constitución, y que no introduce cambios en ese procedimiento, por tratarse de materia reservada a legislación específica
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