Una mesa legislativa analizó 251 expedientes de prefecturas y alcaldías. El oficialismo defendió el rigor técnico, mientras que la oposición calificó la medida como inconstitucional.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este 9 de octubre de 2026 el informe final de fiscalización sobre el presunto incremento patrimonial injustificado en autoridades seccionales. La investigación evaluó 251 expedientes correspondientes al periodo 2023-2027.

Tras cruzar datos de la Contraloría, el SRI, la Fiscalía y la UAFE, la mesa legislativa identificó que 95 autoridades locales, equivalentes al 38% del total, presentan alertas patrimoniales prioritarias.

Metodología del semáforo y remisión a control

La investigación empleó una metodología de semáforo que ubicó a 41 autoridades en alerta roja por causas penales o inconsistencias graves, y a 54 en alerta naranja por variaciones intermedias. Las anomalías se concentran en 11 prefecturas y 84 alcaldías cantonales.

Los legisladores aprobaron remitir los 95 expedientes a la Fiscalía, Contraloría, SRI y UAFE para investigar posibles testaferrismos o empresas pantalla. Adicionalmente, el reporte situó a 90 funcionarios en alerta verde y determinó que 66 expedientes no registran novedades.

Contienda política y seudonimización de identidades

El debate legislativo desató una fuerte disputa política debido a su cercanía con las elecciones seccionales. Siete asambleístas de ADN e independientes votaron a favor, mientras que los delegados de la Revolución Ciudadana (RC) se opusieron al rechazar un supuesto cálculo electoral.

Para precautelar la presunción de inocencia, la comisión aplicó seudónimos mediante claves disociadas en el texto público. Los nombres reales reposan exclusivamente en un anexo reservado que será entregado a las instituciones de control.