Los miembros de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, cuestionaron la ausencia del alto mando militar este jueves, 26 de diciembre, a la convocatoria por parte de esa mesa de trabajo, para brindar información sobre la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, desde el pasado 8 de diciembre en Guayaquil.
“La comisión tenía previsto recibir a Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y; Celiano Cevallos, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que brinden información para esclarecer los hechos ocurridos. Sin embargo, las autoridades excusaron su asistencia”, detalló la mesa parlamentaria a través del sitio web de la Asamblea Nacional.
Al inicio de la sesión, el presidente encargado de la Comisión, Samuel Célleri condenó la inasistencia de las autoridades.
“Esta no es una fiscalización más, se trata de las vidas humanas de cuatro menores de edad desaparecidos hace 18 días y merece la atención de las autoridades del Estado directamente relacionadas”, dijo.
Por su parte, el legislador Jorge Peñafiel aclaró que, aunque la desaparición forzada ya ha sido declarada judicialmente, la respuesta del Ejecutivo es el silencio absoluto”.
“Las autoridades convocadas no dan, a este hecho atroz, la seriedad del caso”, puntualizó.
Mientras, la parlamentaria Margarita Arotingo mostró su indignación frente a las versiones contradictorias que las autoridades han manejado frente al suceso que involucra a 16 miembros de la Fuerza Armada Ecuatoriana.
“Exigimos justicia, respuestas claras y el respeto del Estado al dolor de las familias”, señaló Arotingo durante la reunión que fue transmitida en vivo por las redes sociales del Legislativo.
Los miembros de la Comisión recordaron que el Parlamento es el primer poder del Estado y no puede permitir que las autoridades lo atropellen excusando su asistencia frente a una fiscalización de interés nacional.
“Esto es solo comparable con las más crueles dictaduras. La desaparición forzosa, la más cruel forma de tortura, pues los familiares no conocen si sus desaparecidos viven o no. El Estado debe garantizar el derecho a la seguridad de los menores”, manifestaron los legisladores.
La Comisión convocará nuevamente a las autoridades el próximo 30 de diciembre para continuar su proceso de control político.
Los familiares de los menores desparecidos también comparecieron ante la Asamblea Nacional este jueves.
Luis Arroyo, padre de los hermanos desaparecidos Ismael Arroyo, Josué Arroyo, de 14 y 15 años, aseguró que “los cuatro menores son estudiantes, no pertenecen a ninguna banda y no tienen tatuajes”.
“Mi hijo mayor es futbolista federado, entonces no entiendo por qué han hecho este daño a estas tres familias. Estamos sufriendo… Tengan misericordia”, señaló.
El pasado 24 de diciembre fueron encontrados varios cuerpos en las cercanías de la Base Aérea de Taura, a 39 kilómetros de Guayaquil, los cuales aún no han podido ser identificados todavía. En la víspera, los padres de los menores desaparecidos se presentaron en la morgue para procedimientos periciales.
Billy Navarrete, integrante de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que apoya legalmente a las familias, explicó al canal local Ecuavisa que fue imposible realizar una identificación inmediata debido al estado de los cadáveres.
Tras el fracaso de la identificación dactilar, se procederá a un intento de identificación antropológica, pero estos resultados se conocerán el lunes 30 de diciembre.
‘Si esos resultados no son determinantes, el último paso será la identificación con pruebas de ADN, un proceso que podría durar hasta 30 días’, reiteró Navarrete. No obstante, los familiares anticiparon que solicitarán la participación de instancias legales para agilizar el proceso.
