La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional convocó a autoridades para el martes, 21 de octubre, para evaluar las respuestas institucionales ante los hechos ocurridos el 4 de junio de 2025 en el sector de La Bahía, en el distrito 9 de Octubre de Guayaquil.
La sesión se llevará a cabo a las 08:00, en modalidad presencial y según la convocatoria, busca recabar insumos que permitan evaluar las acciones de las autoridades encargadas de la seguridad frente a lo ocurrido.
La Comisión ha citado a las siguientes autoridades nacionales y locales:
- John Reimberg, ministro del Interior.
- Zayda Rovira, ministra de Gobierno.
- Gian Carlo Lofredo, ministro de Defensa.
- Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
- Alex Anchundia Pelaez, gerente general de SEGURA EP.
- Pablo Dávila Maldonado, comandante general de la Policía Nacional.
- Pedro Javier Abril Alegría, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
- René Astudillo Orellana, fiscal provincial del Guayas.
- Margorie Escobar Limones, fiscal que intervino en el dictamen abstentivo del caso.
Además, se recibirá en comisión general a los siguientes invitados:
- Pedro Granja, abogado especialista en seguridad y lucha contra el crimen organizado.
- Luis Palma Muñoz, representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil.
- Verónica Barreda, principal de Industrial Molinera.
Alcalde de Guayaquil confirma su comparecencia
Tras conocer la convocatoria, el alcalde Aquiles Alvarez se pronunció en la red social X y confirmó que comparecerá ante la Comisión “con documentos, no con discursos”.
“Siempre daré la cara donde sea necesario. No tengo nada que ocultar y mucho menos miedo a la verdad. Si la Asamblea quiere respuestas, las tendrá con documentos, no con discursos. Ahí estaremos. Gracias.”
La sesión de la Comisión se desarrollará en el marco de la investigación parlamentaria sobre los hechos violentos registrados en La Bahía, donde se denunciaron presuntos actos de omisión institucional, que generaron preocupación entre los comerciantes y habitantes del centro de Guayaquil.
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