El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil alertó, en un informe publicado en su sitio web, sobre el “desplazamiento forzado de familias” en la comunidad de Socio Vivienda luego de la masacre ocurrida el pasado 6 de marzo, que dejó 22 personas asesinadas.
En el documento, que recoge información proporcionada por la Red Comunitaria de Defensores de Derechos Humanos de Guayaquil, el CDH explicó que el desplazamiento forzado ocurrido a partir de los hechos del 6 de marzo, como consecuencia de enfrentamientos entre bandas criminales, ha generado múltiples afectaciones en las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
“La violencia generalizada en el territorio hizo imposible la permanencia segura en el lugar, pues la constante exposición a amenazas y ataques impidió incluso acciones básicas como dormir en sus propias casas. Ante el riesgo inminente, muchas familias tuvieron que huir sin tiempo para planificar su salida ni garantizar un destino seguro”, detalló el texto.
Además, advirtió que la salida abrupta de docenas de personas ha significado la fragmentación de la comunidad, destruyendo redes de apoyo y convivencia construidas durante años que han servido para sobrevivir a la dinámica criminal organizada.
Por otro lado, el CDH especificó que el desplazamiento forzado ha implicado la pérdida inmediata de bienes materiales, incluyendo viviendas, herramientas de trabajo y documentos esenciales.
“La falta de mecanismos de protección adecuados ha dejado a muchas personas expuestas a nuevos riesgos en los lugares de acogida, ya sea por falta de refugio seguro, amenazas continuas o riesgo de ser nuevamente víctimas de violencia”, lamentó el CDH.
El Comité recomendó al Estado ecuatoriano reconocer oficialmente la existencia del desplazamiento forzado interno a partir de los hechos ocurridos el 6 de marzo en Socio Vivienda, lo que permitirá activar mecanismos de protección y asistencia.
También, instó al establecimiento de mesas de trabajo que integren a diversas entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para coordinar esfuerzos en la atención y protección de las familias desplazadas.
Además, articular estrategias que vinculen el acceso a la vivienda digna, la educación y el empleo, a fin de facilitar la reintegración y el retorno seguro de las familias, en concordancia con los derechos humanos.
El pasado 6 de marzo, se registró una masacre en el sector Socio Vivienda del distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, que dejó 22 personas asesinadas y varias heridas.
De acuerdo con la Policía Nacional, se trató de un enfrentamiento entre facciones que se han separado de la banda delictiva “Los Tiguerones”, que opera en ese sector.
Los atacantes habrían irrumpido en tres viviendas donde asesinaron a tiros a varias personas. Otras víctimas fueron asesinadas en un condominio del mismo plan habitacional.
Lo ocurrido movilizó a decenas de policías y militares. Hasta un helicóptero de la fuerza pública, en busca de pistas del hecho violento.
ReporteDesplazamientoSocioVivienda20.03.2025-1Post relacionados
