La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – Unops) defendió el proceso de adquisición de los trolebuses 100% eléctricos para Quito y aseguró que la compra cumplió con la normativa vigente y con todos los requisitos técnicos establecidos.
Nicholas Gardner, director de la oficina multipaís andina de Unops y representante en Ecuador, explicó que la adquisición se realizó mediante licitación pública internacional debido a que los vehículos no constituyen bienes normalizados.
En una entrevista con diario La Hora, detalló que las unidades forman parte de un sistema de electromovilidad que debe integrarse a la infraestructura existente de la capital —incluyendo red de catenarias, estaciones y condiciones topográficas—, lo que exige especificaciones técnicas particulares y criterios de compatibilidad tecnológica.
Por ello, indicó que no era aplicable el mecanismo de subasta inversa electrónica para bienes estandarizados, como había planteado el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Respuesta a observaciones de Contraloría
El representante de Unops también se refirió al informe de la Contraloría General del Estado que señala presuntos incumplimientos en 15 de 80 especificaciones técnicas.
Gardner sostuvo que, desde el punto de vista técnico, el proyecto no solo cumplió con los estándares nacionales aplicables, sino que incorporó mejoras que fortalecen la seguridad y la calidad del servicio para los usuarios.
Añadió que el proceso incluyó controles en todas sus etapas: aprobación del diseño, validación del prototipo, fabricación, homologación y recepción de los vehículos.
Las unidades fueron sometidas a verificaciones en fábrica y en Quito, con misiones técnicas, ensayos y certificaciones del Laboratorio Institucional de Análisis de Vehículos y Movilidad Sostenible, organismo evaluador de la conformidad en el país.
Marco legal y precedentes
La adquisición se ejecutó bajo el esquema de asistencia técnica de Unops, amparado en el Acuerdo País suscrito en 2005 entre el organismo internacional y el Estado ecuatoriano, el cual tiene carácter de tratado internacional.
Gardner explicó que este mismo mecanismo fue utilizado en marzo de 2025 para la compra de 311 ambulancias destinadas al Ministerio de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según el funcionario, la diferencia radica únicamente en la entidad contratante —en este caso el Municipio de Quito—, pero el marco jurídico aplicable es el mismo.
La defensa del proceso se produce en medio del debate público sobre la transparencia y legalidad de la compra de los nuevos trolebuses eléctricos, parte del plan de modernización del sistema de transporte municipal.
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