Con un plantón realizado la tarde de este jueves, en Quito, miles de ciudadanos rechazaron el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), enviado por el presidente Daniel Noboa y calificado como urgente en materia económica.
La movilización, encabezada por trabajadores municipales y beneficiarios de programas sociales, se extendió desde el puente a la altura de la calle Yaguachi hasta los exteriores de la Asamblea Nacional. Cerca de 10.000 personas marcharon hacia el Legislativo para exigir el archivo de la iniciativa.
Los manifestantes cuestionaron que la propuesta limite el gasto corriente de los municipios y prefecturas, lo que —según advierten— podría derivar en despidos y afectaciones en servicios básicos.
Debate final en el Pleno será en Samborondón
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el 17 de febrero el informe para segundo debate con seis votos a favor. Tras este paso, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, incluyó el proyecto en el orden del día de la sesión prevista para este viernes, 20 de febrero, donde el Pleno tendrá la última palabra.
El segundo debate se desarrollará en una sola sesión y definirá si la propuesta se convierte en ley. De aprobarse, establecería reglas fiscales obligatorias para todos los gobiernos locales, fijando que al menos el 70 % del presupuesto se destine a inversión y obra pública, mientras que el gasto corriente y salarios no superen el 30 %.
En paralelo, autoridades locales prevén reunirse en Samborondón para analizar los efectos de la reforma y coordinar una postura conjunta frente al debate legislativo.
Reacciones de prefectos y alcaldes
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, defendió el informe señalando que la reforma busca ordenar las finanzas territoriales y priorizar servicios como agua potable, alcantarillado y vialidad. Indicó además que las juntas parroquiales rurales quedaron excluidas de la aplicación de los límites propuestos.
Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría que recomienda el archivo del proyecto. El legislador Diego Salas calificó la propuesta como una “camisa de fuerza” que no considera la realidad de cada territorio.
Desde los gobiernos seccionales también surgieron cuestionamientos. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, señaló en redes sociales que la iniciativa presenta falencias técnicas. En la misma línea, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, criticó que no se hayan atendido las solicitudes de comparecencia de autoridades locales.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que la aplicación de los límites podría generar hasta 5.000 despidos en la capital y afectar la prestación de servicios municipales. Por su parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, solicitó formalmente intervenir en comisión general antes de que el Pleno vote la reforma.
El proyecto contempla además sanciones para los GAD que incumplan las reglas fiscales, incluyendo reportes a la Contraloría General del Estado y eventuales restricciones en transferencias por parte del Ministerio de Finanzas.
El debate legislativo se produce en medio de tensiones entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, y podría redefinir el manejo presupuestario de alcaldías y prefecturas en todo el país.
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