El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) presentó sus observaciones al proyecto económico urgente que busca reformar el COOTAD. El punto de mayor controversia es una disposición transitoria enviada por el presidente Daniel Noboa. Esta norma obligaría a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a concentrar el 70% de su presupuesto exclusivamente en inversión.
Ante la Comisión de Desarrollo Económico, el presidente del CONGOPE explicó que esta exigencia pone en jaque la operatividad de las provincias. Según el funcionario, el cumplimiento de este porcentaje es inviable si no se redefine qué se entiende por “inversión” en el marco legal actual.
El dilema del gasto social y ambiental
La principal defensa de las prefecturas se centra en el personal técnico. Actualmente, los sueldos de médicos, trabajadores sociales y guardaparques se contabilizan como gasto corriente. Si se aplica la transitoria de Noboa sin cambios, las provincias tendrían que recortar masivamente este personal para cumplir con el techo del 30% de gasto operativo.
Por esta razón, el CONGOPE propuso formalmente reformar el artículo 198.1 del COOTAD. El objetivo es que los salarios destinados a proyectos sociales, de salud y ambiente sean clasificados como gastos de inversión. “No podemos construir un hospital y no tener cómo pagar a los médicos porque la ley lo considera gasto corriente”, señalaron representantes del consorcio.
Defensa de la autonomía provincial
Durante la sesión, los representantes de las 23 prefecturas enfatizaron que la inversión humana es tan crítica como la obra física. La propuesta de Noboa busca mayor eficiencia en el uso de recursos públicos. Sin embargo, los GAD alegan que la rigidez de la disposición transitoria podría paralizar servicios esenciales en territorio.
La mesa legislativa, que debe presentar informe para primer debate hasta el 12 de febrero de 2026, deberá decidir ahora si acoge la propuesta del CONGOPE para flexibilizar la definición de inversión. De aprobarse este cambio, las prefecturas podrían cumplir con el 70% de inversión exigido por el Ejecutivo, pero incluyendo en ese rubro el pago de sus equipos técnicos especializados.
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