El consentimiento no es un detalle secundario: es un derecho fundamental. Así lo enfatiza Deyanira Moreta Carvajal, especialista en litigio estratégico y formación jurídica en el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos-Surkuna. Todas las personas —mujeres, hombres y diversidades sexogenéricas— tienen derecho a vivir una vida sexual libre de violencia, lo que significa ejercer la sexualidad desde el respeto y la voluntad.
“El consentimiento es constante”, subraya Moreta. Decir “sí” en un momento no implica mantenerlo siempre. Ni el matrimonio, ni una relación previa, ni una salida nocturna justifican la imposición. Si en algún instante la respuesta es “no”, ese “no” debe ser respetado. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 66, protege este principio, aunque la práctica demuestre que falta mucho por avanzar.
Consentimiento y ley: lo que dice el COIP
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) es claro: violación, abuso y otros actos sexuales sin consentimiento son delitos. Sin embargo, la distancia entre lo que dicta la norma y lo que ocurre en los tribunales es abismal. Según Moreta, “la mayoría de denuncias por violencia sexual ni siquiera llegan a sentencia”. Apenas el 4,5% de los casos denunciados concluyen con un fallo condenatorio. El resto se queda en el limbo, atrapado en un sistema sin jueces especializados, sin peritos suficientes y sin perspectiva de género en los procesos judiciales.
Historias que estremecen
Los ejemplos abundan. El caso “Seremos las Últimas”, en Quito, mostró cómo niñas víctimas de violencia sexual en un gimnasio no fueron escuchadas por la justicia. Aunque varias declararon, sus voces fueron ignoradas y el procesado fue absuelto.
Otro ejemplo es el de Paola Guzmán Albarracín, adolescente que sufrió abusos por parte del vicerrector de su colegio. Ante la indiferencia de autoridades, docentes y el sistema judicial, Paola se suicidó a los 16 años. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado ecuatoriano por no protegerla. Veinte años tuvieron que pasar para obtener justicia.
También está el caso de Norma vs. Ecuador, donde una niña fue víctima de incesto y maternidad forzada. Nunca recibió educación sexual y ni siquiera sabía nombrar las partes de su cuerpo. Su historia demuestra cómo la falta de información y prevención agrava la violencia.
Educación sexual: herramienta de prevención
Los casos reflejan un patrón: la ausencia de educación sexual integral abre la puerta a la violencia. “Cuando las niñas no saben nombrar sus cuerpos, no pueden denunciar lo que les pasa”, explica Moreta. Llamar “florcita” o “cosita” a las partes íntimas, en lugar de nombrarlas con claridad, impide que niñas y adolescentes puedan identificar y comunicar un abuso.
A esto se suma la resistencia social. Cada año grupos conservadores organizan marchas contra la educación sexual y contra el reconocimiento de diversidades sexogenéricas. Pero la realidad contradice los miedos: Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, y la mayoría de esos embarazos en niñas son consecuencia de violaciones.
Consentimiento y diversidades
El consentimiento no solo se vincula a la violencia sexual contra mujeres y niñas. También afecta a las personas LGBTIQ+, quienes enfrentan discriminación, falta de información sobre sus cuerpos y una alarmante tasa de suicidios. Reconocer sus derechos y garantizar espacios educativos inclusivos es clave para prevenir violencias y salvar vidas.
Justicia que no llega
A pesar de las denuncias, la mayoría de víctimas se topa con un sistema que no responde. No hay suficientes fiscales especializados ni jueces con formación en violencia de género. La consecuencia es clara: la impunidad es la regla, no la excepción. Casos emblemáticos como el de Paola Guzmán Albarracín marcan precedentes, pero también revelan cuánto tarda la justicia en actuar y cuánto dolor se acumula en el camino.
Un desafío pendiente
Hablar de consentimiento es hablar de dignidad, autonomía y derechos humanos. Pero también es hablar de un país que necesita transformar su sistema de justicia y su cultura social. Mientras el 95,5% de las denuncias no logran sentencia, la violencia sexual sigue marcando vidas y truncando futuros.
Como insiste Moreta, la educación sexual y el respeto al consentimiento no son negociables: son herramientas esenciales para prevenir la violencia y garantizar un Ecuador donde “no” signifique siempre “no”.
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