Por: David Tapia, abogado, analista político y estratega electoral
El Ecuador atraviesa actualmente una crisis multidimensional. Esto significa que no enfrentamos un solo problema, sino varios a la vez: inseguridad, desempleo, pérdida de confianza institucional y una creciente polarización social. A esta compleja situación se suma un nuevo ingrediente: la consulta popular y el referéndum, mecanismos de democracia directa que, en teoría, buscan reflejar la voluntad del pueblo en decisiones cruciales.
Sin embargo, la gran pregunta es si esta consulta responde realmente al interés ciudadano o si es una herramienta política más en medio de la incertidumbre.
Las preguntas que se plantean en esta consulta abordan temas sensibles como la justicia, la seguridad, la gestión institucional y el cambio constitucional. Aunque algunos puntos parecen lógicos —por ejemplo, fortalecer la lucha contra el crimen o evitar el financiamiento a las organizaciones políticas—, el problema radica en la falta de profundidad técnica y en la escasa claridad en la formulación de las preguntas.
Una redacción ambigua o con lenguaje confuso puede distorsionar la decisión del votante, especialmente en un país donde la educación cívica y constitucional no siempre es sólida. El riesgo está en que, bajo el pretexto de “modernizar el Estado”, se impulsen reformas o un cambio de Constitución que aumenten el poder político del Ejecutivo y limiten el control ciudadano, sin contar con contrapesos institucionales.
Es innegable que una consulta puede representar una oportunidad para oxigenar el sistema político, devolverle voz al pueblo y generar un debate sobre temas estructurales. Pero también puede convertirse en un instrumento de legitimación política de corto plazo. Una consulta puede significar un cambio positivo si permite que la ciudadanía participe directamente en decisiones trascendentales, abriendo el camino a reformas institucionales necesarias. Sin embargo, también puede tener un efecto negativo: en un contexto de crisis y desconfianza, podría servir más para medir respaldo político que para construir soluciones reales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios gobiernos de Latinoamérica han utilizado los cambios constitucionales como una estrategia para perpetuarse en el poder, con fines políticos o partidarios antes que ciudadanos. Esto demuestra que modificar la Constitución no garantiza resolver los problemas estructurales del país.
Además, las preguntas de una consulta pueden esconder efectos secundarios que la población no siempre dimensiona al votar “sí” o “no”. Cambiar una Constitución no es sinónimo de progreso. Los países más desarrollados no sustituyen su Carta Magna cada cierto tiempo; la reforman con responsabilidad, técnica y consenso. Cambiar todo el marco legal es como reiniciar un sistema sin reparar los errores que lo hicieron fallar.
Un ejemplo sencillo lo encontramos en el fútbol: las reglas de la FIFA no se cambian cada año. Se reforman, se ajustan o se complementan para mejorar el juego y hacerlo más justo. Del mismo modo, el país no necesita desechar su Constitución, sino reformarla con diálogo, visión de futuro y un propósito nacional, no con fines coyunturales.
En una encuesta que compartí en redes sociales, la mayoría de los participantes manifestó dudas sobre la pertinencia y el momento de esta consulta. Muchos ecuatorianos perciben que no se trata de una verdadera búsqueda de soluciones, sino de un intento por distraer la atención de los problemas reales: el desempleo, la inseguridad y la falta de liderazgo coherente.
El Ecuador necesita reformas, sí, pero no a través de consultas improvisadas ni de mecanismos usados como termómetro político. La verdadera consulta debería ser escuchar al pueblo de manera constante, no solo cuando se requiere su voto. La democracia no se construye cambiando papeles, sino cambiando las prácticas que han debilitado la confianza en el sistema.
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