La Contraloría General del Estado (CGE) amplió el plazo para que los servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) presenten su declaración patrimonial jurada hasta el 15 de septiembre de 2025.
Este trámite, que es obligatorio y gratuito, busca garantizar la transparencia en la gestión de los funcionarios públicos y responde a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
El proceso se ejecuta de forma digital en el portal www.contraloria.gob.ec.
Están obligados a presentar esta declaración los servidores públicos que ocupen altos cargos, incluyendo:
- Autoridades de elección popular.
- Directores y gerentes de empresas públicas.
- Oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Otros funcionarios definidos como PEP según la normativa vigente.
Los servidores públicos deben informar sobre ingresos recibidos dentro y fuera del país, bienes muebles e inmuebles, participación en sociedades o fideicomisos, cargos o actividades fuera de la función pública.
El reglamento indica que las áreas de talento humano, o quienes ejerzan esa función, deberán notificar a los servidores que por su cargo son considerados PEP. Estas personas tienen que cumplir con la entrega de su declaración patrimonial de inicio, periódica o de fin de gestión. La verificación se realizará mediante la Constancia Electrónica de Otorgamiento.
La Contraloría enfatiza que cumplir con este requisito es fundamental para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública ecuatoriana.
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