La Contraloría General del Estado ejecuta un examen especial a la designación de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), entre ellos su presidente, Mario Godoy Naranjo, proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en septiembre de 2025.
Según detalló el diario El Universo, la auditoría comprende las actuaciones desarrolladas por el CPCCS entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, periodo en el que se sustanció el proceso de selección de las autoridades judiciales, en medio de denuncias por presuntas irregularidades.
Como parte de la acción de control, la Contraloría solicitó al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, información detallada sobre sus actuaciones y las de otros funcionarios que intervinieron en la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura.
El examen involucra a los siete consejeros del CPCCS. Entre ellos constan Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto, quienes integraron el bloque de mayoría que, con cuatro votos, respaldó la designación de Mario Godoy. También son auditados Piedad Cuarán y Gonzalo Albán, que se abstuvieron en la votación, y Nicole Bonifaz, quien votó en contra.
Además, la Contraloría revisa la actuación de secretarios generales, coordinadores administrativos-financieros, responsables de asesoría jurídica y los integrantes de la comisión técnica de selección, instancia conformada por asesores de confianza de los consejeros y encargada del apoyo administrativo en los procesos de designación de autoridades, como la revisión de carpetas, requisitos e impugnaciones ciudadanas.
Entre los funcionarios que deben presentar informes constan Lizbeth Galarza Guaicha, Dixon Jaime Vera, Christian Troya Macías, Andrés Mantilla Zapata, Jennifer Celorio Suárez, Paola Olmedo Arce, Marcelo Espinel Vallejo, Mariela Mosquera Layedra, Jefferson Sanguña Mozo, Evelyn Loor Jaramillo y Wilson Gallardo Hidrobo. Algunos de ellos ya no forman parte del CPCCS, debido a que colaboraban con el exconsejero Gonzalo Albán, destituido por la Asamblea Nacional en septiembre de 2025.
A este proceso se suma una indagación previa en la Fiscalía General del Estado contra Mario Godoy y cinco consejeros del CPCCS, originada en una denuncia presentada por el exdiputado Jorge Moreno Ordóñez, quien los señala como presuntos responsables de delitos como delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
En el ámbito legislativo, Godoy también enfrenta un proceso de interpelación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
Paralelamente, este movimiento político presentó por tercera ocasión una solicitud de juicio político contra cinco vocales del CPCCS por su participación en la elección del actual titular del Consejo de la Judicatura.
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