Por Karen Garzón-Sherdek – Universidad Internacional SEK-Ecuador
Para Diamond & Morlino (2004) definir a una democracia como «buena» o «mejor» implica considerar algunos elementos como: 1) sufragio universal; 2) elecciones periódicas, libres, competitivas y justas; 3) más de un partido político serio; y 4) fuentes alternativas de información. El Democracy Index publicado por The Economist (2021) es un informe completo y detallado donde se analizan 167 países tomando como referencia 60 indicadores, para lo cual se les asigna una calificación entre 0 a 10, estableciendo el criterio por el cual aquellos que más se aproximan a 0 son democracias plenas (Noruega en el lugar 1) y mientras más se alejan pueden comprenderse como democracia defectuosa (Ecuador en el puesto 69), regímenes híbridos (se mezclan características de democracia y autoritarismo como Bolivia que ocupa el puesto 94) y regímenes autoritarios (Corea del Norte en el lugar 167).
De acuerdo a este informe, Nicaragua se posiciona como un régimen autoritario en el lugar 120. El país centroamericano lleva a cabo hoy unos comicios altamente cuestionados. Daniel Ortega, quien había gobernado este país entre 1985-1990 y desde 2007 a la fecha, busca su tercera reelección y quinto mandato presidencial a través de diferentes artimañas que ha implementado a su favor: no solo ha captado todas las instituciones del Estado, sino que también ha organizado los comicios a su medida modificando las leyes que le impedían perpetuarse, excluyendo a la oposición con la detención de 39 opositores de los cuales 7 eran aspirantes a la presidencia, persiguiendo a la prensa y no garantizando condiciones democráticas mínimas.
En estos comicios, también se elegirán a 90 diputadas y diputados a la Asamblea Nacional y 20 diputadas y diputados al Parlamento Centroamericano. Una vez sean proclamados los resultados oficiales, la o el nuevo jefe de Estado tomará posesión el 10 de enero de 2022.
La creciente represión y persecución de Ortega a las y los líderes políticos y sociales es alarmante. Estos comicios carecen de certezas en las reglas de juego y se sabe -a priori- quién podría ganar la presidencia. Por esto se debe alzar la voz frente a estos hechos que afectan la democracia y la institucionalidad. Estas elecciones además de ser consideradas como una cortina de humo para “legitimar” a Ortega, constituyen un referente de lo que no se debe permitir en ningún país de la región.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Desconocer los resultados y presionar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación política en Nicaragua que hace referencia a violaciones a los derechos humanos, entre otros. Por su parte, la Unión Europea ya implementó sanciones en octubre de 2019 que están prolongadas hasta octubre de 2022 y Estados Unidos a través de la Cámara de Representantes aprobó la Ley Renacer (con 387 votos) que propone nuevas sanciones contra el régimen de Ortega. Se espera también acciones de Canadá.
Lo que ha hecho Ortega debe ser condenado por la comunidad internacional. Debido a la fuerte represión nacional, no puede ocurrir lo mismo que pasó con Venezuela donde mientras existían instancias de presión, se llevaban a cabo interacciones comerciales que generaron que Maduro termine imponiéndose y reafirmándose en el poder.
