La Corte Constitucional inadmitió la noche de este jueves, 5 de diciembre, las acciones públicas de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 457 con el que se designó como vicepresidenta de la República a Sariha Moya Angulo, luego de la suspensión de Verónica Abad.
El organismo concluyó que «el Decreto impugnado no es un tipo de acto que se puede impugnar por esta vía».
El pasado 15 de noviembre, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Gustavo Vallejo, presentó ante la CC una acción pública de inconstitucionalidad al Decreto 457, con el cual el presidente Daniel Noboa designó a Moya como vicepresidenta, tras la suspensión por 150 días de Abad.
Para el PSE, esa designación es inconstitucional porque la Constitución establece en su artículo 150 las causales para ausencia temporal del Presidente y Vicepresidente.
Por otro lado, la Corte en referencia a una consulta que hizo la Asamblea Nacional, determinó que los artículos de la Constitución relacionados con la Vicepresidencia son claros y que no ameritan una interpretación.
Esto porque luego de la sanción impuesta a la vicepresidenta, el Legislativo presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de interpretación sobre los artículos 146, 149, 150 y 154 de la Constitución.
La mañana de este jueves, la Jueza Nubia Vera aceptó el pedido de la vicepresidenta Abad, de aplazar la audiencia por la acción de protección, porque el equipo de abogados de la vicemandataria no logró llegar a la cita, que ahora se llevará a cabo el próximo lunes 9, como estaba previsto anteriormente.
La audiencia estaba prevista para las 09h00 de este jueves, para tratar la suspensión a Abad, emitida por el Ministerio de Trabajo por no haberse desplazado desde Tel Aviv a Ankara en el plazo marcado por el Gobierno, que lo consideró como un abandono temporal de su encargo como vicepresidenta.
Con la acción de protección presentada por su defensa, Abad espera poder levantar la sanción de 150 días, que le impide ejercer su cargo en la Vicepresidencia.
El viernes 29 de noviembre, los abogados de la vicepresidenta, Damián Armijos y Dominique Dávila, cuestionaron la competencia del Ministerio del Trabajo “para imponer una sanción a una autoridad de elección popular” y plantearon dejar sin efecto la sanción impuesta por esa cartera de Estado, así como el archivo del sumario administrativo y, como medida de reparación, una disculpa pública en cadena nacional.
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