La Corte Constitucional evaluará la validez jurídica detrás de la designación de Carlos Leonardo Alarcón. El organismo analizará si el actual Fiscal General encargado ocupa su puesto bajo el marco legal vigente.
El origen de la impugnación
Andrés Quishpe, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), impulsó esta demanda de inconstitucionalidad. El recurso cuestiona directamente un pronunciamiento de la Procuraduría y la posterior resolución del Consejo de la Judicatura. Ambas instituciones facilitaron el ascenso de Alarcón a la máxima dirección de la Fiscalía.
Esta disputa legal surge tras la salida de Diana Salazar en septiembre de 2025. En aquel momento, el fiscal subrogante Wilson Toainga consultó a la Procuraduría sobre el protocolo de sucesión ante su propia ausencia.
Cuestionamientos a la Judicatura
La Procuraduría emitió su respuesta a inicios de octubre. El organismo facultó a la Judicatura para nombrar un reemplazo temporal. Esta decisión buscaba evitar el abandono institucional del Ministerio Público.
El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) aún no finaliza el concurso oficial para elegir al titular definitivo de la Fiscalía.
Bajo la gestión de Mario Godoy, la Judicatura seleccionó finalmente a Carlos Leonardo Alarcón. En esa fecha, el funcionario lideraba el caso Triple A. La elección generó críticas inmediatas. Varios sectores cuestionaron por qué el Consejo omitió a fiscales con mayor trayectoria y años de experiencia.
Conflictos de competencias
El demandante sostiene un argumento central en su acusación. Según Quishpe, la Procuraduría entregó atribuciones exclusivas a la Judicatura de forma irregular. El dirigente afirma que solo el Cpccs posee la facultad constitucional de designar a las autoridades de control en el país.
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